Un empresario y un ganadero conocían las amenazas de muerte contra Guillén Torres
Denuncian abusos en indagación del asesinato del diputado veracruzano
Detienen sin ninguna orden correspondiente a un regidor; acudirá a la CDHV
ANDRES T. MORALES Y JESUS SAAVEDRA CORRESPONSALES
Al rechazar un posible involucramiento en el asesinato del diputado federal José María Guillén Torres, el regidor segundo del ayuntamiento de San Juan Evangelista, Veracruz, Fernando Villa Ortigoza, señaló que interpondrá una denuncia penal por abuso de autoridad contra directivos de la Secretaría de Seguridad Publica del Estado y de la Policía Ministerial que lo detuvieron con lujo de violencia y sin mostrar ninguna orden judicial para trasladarlo a comparecer ante la agencia del Ministerio Público en Cosoleacaque.
En tanto, ante la agencia encargada de las pesquisas del homicidio del legislador y de uno de sus hermanos comparecieron el empresario Juan Carlos Barragán y el ganadero Miguel Viveros, ambos originarios del municipio de Acayucan y amigos de la familia Guillén Torres, quienes habrían conocido las amenazas de muerte recibidas con anterioridad por el legislador asesinado.
La familia Guillén Torres dijo que brindará un "voto de confianza" a las autoridades veracruzanas, pero externó su temor por la vida del joven Marco Tulio Guillén Hernández, hijo del diputado asesinado y único testigo del crimen, por lo que pidieron al gobernador Miguel Alemán asegurar la protección del testigo.
A dos días de haber sido "presentado" ante el Ministerio Público de Cosoleacaque para rendir su declaración en torno a la posesión de una camioneta similar a la utilizada por los sicarios que emboscaron y asesinaron al diputado priísta, Villa Ortigoza rechazó las imputaciones hacia su persona.
Aseguró que en las próximas horas interpondrá una denuncia penal contra directivos de la SSPE y de la PME, en especial contra el comandante Alfonso Lara Montero, por abuso de autoridad.
Explicó que la mañana del pasado viernes un comando policiaco lo detuvo sobre el camino vecinal que conduce de la cabecera municipal de San Juan Evangelista a las congregaciones de La Caudalosa y Aguilera, y sin mediar una orden de aprehensión o presentación oficial lo trasladaron con lujo de violencia a la ciudad de Cosoleacaque.
También señaló que presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz (CDHV), y acusó a las autoridades estatales de buscar chivos expiatorios para calmar a la opinión pública que exige el esclarecimiento del crimen.
Por otro lado, el fin de semana se conoció que ante el Ministerio Público de Cosoleacaque también comparecieron varias personas allegadas a la familia Guillén Torres, quienes habrían estado enteradas de las amenazas de muerte que recibió el diputado.
Entre ellos declaró el empresario Juan Carlos Barragán Sevilla y el ganadero Miguel Viveros, originarios del municipio de Acayucan y amigos de la familia Guillén Torres, aunque la fiscalía no dio a conocer lo que declararon.
Fuentes de la Policía Ministerial señalaron que se mantiene un operativo policiaco en los municipios del sur de la entidad para localizar a los sicarios y se proporciona vigilancia al domicilio de los familiares de Guillén Torres, en el poblado de Chinameca.
Salvador Guillén Torres -hermano del diputado asesinado-, actual secretario del ayuntamiento de Chinameca, expuso que existe temor ante el riesgo de que los homicidas atenten contra su sobrino Marco Tulio, único testigo del crimen.
Finalmente, el Ejecutivo local, Miguel Alemán Velasco, no descartó la posibilidad de que la Procuraduría General de la República pueda atraer las investigaciones del caso, debido a que se el asesinato se cometió contra un diputado federal.
En una entrevista difundida por el departamento estatal de comunicación social, el mandatario indicó que "mientras eso sucede estamos haciendo lo debido para garantizar la paz social (en Veracruz) y la seguridad física y jurídica (de los familiares)".
Nombran fiscal especial
Por otra parte, en Guerrero el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Victorio Díaz Ramírez, fue designado fiscal especial para las investigaciones del homicidio del líder priísta de Atoyac, Salvador Pino Morales, informaron fuentes de la dependencia, que aseveraron que este lunes se definirá la estrategia para esclarecer ese ilícito, cometido el pasado miércoles.
El subprocurador de Justicia Antonio Nogueda Carvajal dio a conocer la designación de Victorio Díaz Ramírez para esclarecer este homicidio.
El funcionario estatal agregó: "El sábado ya se presentó en Atoyac para dirigir toda la investigación, con la premisa de esclarecer ese crimen".
