Ayer, en el contexto de la visita a nuestro país del primer ministro de Irlanda, Berthie Ahern, el presidente Vicente Fox reiteró la rotunda negativa de su gobierno a analizar siquiera la demanda de renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuya entrada en vigor, el pasado primero de enero, ha generado vastas movilizaciones campesinas de protesta.

El tema ha polarizado al país: entre los aliados del gobierno en el rechazo a cualquier modificación al instrumento comercial destacan, como es natural, los representantes de sectores para los cuales éste ha resultado conveniente: comerciantes, propietarios y socios de maquiladoras, así como líderes e ideólogos del sector privado, tales el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la rectoría del ITAM. El discurso de quienes defienden el TLCAN en sus términos actuales se centra en los beneficios de ese acuerdo para los consumidores y para los exportadores, beneficios que, en su lógica, se derraman al conjunto de la población nacional.

En la demanda de adecuaciones al tratado comercial confluyen, en cambio, ligas y organizaciones agrarias, organismos sindicales, agrupaciones civiles, partidos de izquierda, activistas sociales, investigadores, académicos y trabajadores intelectuales. Esta coalición, aún embrionaria, ha hecho hincapié en la grave amenaza que representa el ingreso a nuestro mercado de productos agropecuarios procedentes de Estados Unidos y Canadá, en la medida en que millones de depauperados campesinos mexicanos se verán sin posibilidad alguna de competir con sus tecnificados y capitalizados rivales del norte, se verán expulsados de sus lugares de residencia y se producirá en el país un desajuste demográfico, social, cultural, económico y, a la postre, político, de enormes dimensiones.

Ayer, el presidente Fox, al defender la negativa a modificar el TLCAN, puso en evidencia la percepción del problema por parte de su gobierno. Habló de los "100 millones de consumidores mexicanos" presuntamente beneficiados por el acuerdo comercial, como si la totalidad de la población nacional tuviera posibilidad de adquirir productos de importación en los anaqueles de los supermercados; fundamentó su confianza en la competitividad de los agricultores nacionales afirmando que éstos gozan de precios favorables en diversos insumos ?electricidad para bombeo de agua, diesel, fertilizantes e insecticidas?, y pareció dar por hecho que todos, o casi todos los labriegos del país, fueran propietarios u operadores de cultivos de alto rendimiento; manifestó, en suma, una percepción paradisiaca ?y equivocada? del país y de su población, semejante a la que exponía, en su tiempo, Carlos Salinas, promotor y responsable de la firma del TLCAN.

La actual administración debiera darse cuenta de que agricultores capitalizados y competitivos, como los Fox y los Usabiaga, cuyas empresas sin duda tienen mucho que ganar con el libre comercio, distan de representar al conjunto de la población agraria de México. Esta, en su gran mayoría, se encuentra en vísperas de un desastre mayúsculo, y su tragedia terminará por impactar negativamente la estabilidad democrática, la seguridad, el estado de derecho y acaso también la viabilidad de la nación.