Encabezó el operativo el procurador de Justicia, Mariano Herrán; 10 heridos y 50 detenidos

Desaloja la policía a comuneros que cerraron carretera a Comitán

Demandan la libertad de su líder, presunto partícipe en la matanza de 8 personas en 2001

ANGELES MARISCAL Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 19 de febrero. Unos 300 policías desalojaron hoy a los comuneros de la Casa del Pueblo, del municipio de Venustiano Carranza, quienes desde ayer cerraron la carretera que comunica a la capital del estado con Comitán, en demanda de la liberación de su dirigente, Angel Hidalgo Espinosa, detenido la madrugada del martes acusado de la matanza de ocho campesinos, ocurrida en abril de 2001.

Al menos 10 heridos, cinco de cada bando, y 50 campesinos detenidos fue el saldo que dejó la acción policiaca.

Encabezados por el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, los policías fueron repelidos en un primer momento por los campesinos, quienes, armados con palos y piedras los hicieron huir.

Horas después, los uniformados fueron reforzados por más policías y helicópteros que, con disparos al aire y el uso de gases lacrimógenos, rompieron el cerco de los comuneros. Durante la riña los agricultores destruyeron vehículos y las instalaciones de la Policía Sectorial, ubicadas a pocos metros de donde se mantenían parapetados. Los agentes se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los comuneros y lograron detener a 48 personas, a quienes trasladaron a los separos de la procuraduría en la capital del estado.

"Respondimos ante la injusticia"

Entrevistado telefónicamente, Alfredo López Núñez, vocero de la Casa del Pueblo, explicó que "la gente respondió ante la injusticia contra nuestro compañero Angel Hidalgo Espinosa, porque su detención no fue porque haya matado a nadie, sino porque el gobierno quiere dividir los bienes comunales y a nuestra organización".

Según el indígena, quien funge como comisariado jurídico del grupo, la muerte de los ocho campesinos, que se atribuye a su líder como autor intelectual y copartícipe material, fue producto de las rencillas que existen en la Alianza San Bartolomé de los Llanos, a la que pertenecían los occisos.

El procurador Herrán Salvatti explicó que "la policía tuvo que intervenir para restablecer el libre tránsito, sin empleo de ningún otro tipo de armas y sin mayor fuerza que la legalmente permitida".

Añadió que "el operativo se llevó a cabo con toda normalidad, y a las 11:20 horas se restableció el libre transito; en el curso de las próximas horas nosotros daremos a conocer la determinación de la situación jurídica en la que quedan las personas que van a ser procesadas".

Herrán Salvatti desestimó la demanda de los campesinos de liberar a su dirigente, al señalar que existen evidencias de la responsabilidad de Hidalgo Espinosa en la muerte a tiros de ocho campesinos de filiación priísta, perpetrada en la comunidad de Multajiltic.

Por su parte, el gobernador del estado, Pablo Salazar, dijo ante miembros de su gabinete y empresarios que frente al bloqueo carretero en Venustiano Carranza no tuvo otra opción que actuar en consecuencia, "pese a los riesgos que las decisiones impliquen".

Señaló que es menester "velar por los intereses de particulares y empresarios que usan esta vía para el traslado de productos que comercian o utilizan para lograr el desarrollo de Chiapas".

Añadió que su gobierno "no está persiguiendo a organizaciones sociales, sino delitos y a personas que los cometen. Es más, yo me atrevo a deslindar públicamente a la Casa del Pueblo de este multihomicidio (por el cual fue detenido el líder campesino); hay una acción individualizada", concluyó.

Por la tarde, voceros de la Casa del Pueblo integraron una comisión para dialogar con la administración estatal, con el propósito de tratar el asunto de los indígenas detenidos durante el desalojo, así como de otros seis encarcelados en relación con el asesinato de ocho personas.

Dijeron que asistirían a una reunión programada con el procurador Herrán Salvatti y el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa.

"La petición que lleva la comisión negociadora es que sean liberados los 49 compañeros detenidos hoy y los otros seis que ya estaban en la cárcel, y si el gobierno no muestra disposición de atender nuestra demanda, serán las bases de la Casa del Pueblo las que decidirán qué se hará", comentó José de la Torre, uno de los dirigentes.

Afirmó que durante el desalojo carretero realizado por "más de mil policías de Seguridad Pública, fueron cateadas y saqueadas varias casas en el barrio de San Francisco, y los compañeros fueron brutalmente golpeados".

Agregó que esta tarde, "hombres armados, vestidos de civil y ubicados estratégicamente", custodiaban la alcaldía de Venustiano Carranza para evitar que sea ocupada por los inconformes.

Por otra parte, indígenas de la comunidad de San Isidro El Ocotal, municipio de San Cristóbal de las Casas, pidieron al gobernador que intervenga para que el Ejército retire un puesto que tiene en ese lugar, ya que impide el acceso a la localidad.