Al amparo de la impunidad, las detenciones irregulares son comunes en México

ONU: a instancias civiles, pesquisas por desapariciones durante la guerra sucia

Operativos, redadas y vigilancia de rutina son las principales acciones policiacas en que se arresta de forma arbitraria a ciudadanos, concluye grupo de trabajo de Naciones Unidas

VICTOR BALLINAS

La impunidad permite que en México las detenciones arbitrarias sean una de las principales violaciones de los derechos humanos, pues a los arrestados no se les respeta la presunción de inocencia.

Las policías Judicial y Preventiva arrestan sin orden de aprehensión, secuestran y amenazan a los familiares de las personas detenidas de manera ilegal, sostiene el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe que en breve presentará ante la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano multinacional.

En dicho informe se resalta que el grupo de expertos de la ONU que visitó México entre octubre y noviembre del año pasado constató que la mayoría de las detenciones arbitrarias son productos de operativos denominados de "revisión y vigilancia rutinaria" y de "redadas".

Estas maniobras tienen la apariencia de acciones preventivas contra la delincuencia y de arrestos basados en "denuncias anónimas", o en "actitudes sospechosas" o en "un marcado nerviosismo", sin que se explique al detenido la causa de la remisión.

En el caso de las desapariciones forzadas producto de la guerra sucia, se le recomienda al gobierno del presidente Vicente Fox que "las desapariciones cometidas por militares en el pasado constituyen violaciones graves de derechos humanos, y deben ser competencia de la jurisdicción civil ordinaria".

En el extenso informe se señala que el gobierno debe solucionar la degradación material de las prisiones, pues "se constató que en Tlaxiaco, Oaxaca; Iguala y Acapulco, Guerrero, hay sobrepoblación y las condiciones que padecen los presos son infrahumanas".

Persisten, añaden los expertos de la ONU, graves deficiencias en las defensorías de oficio, pues mientras la defensoría pública federal cuenta con mayores recursos, las estatales padecen graves carencias económicas, y aunque se puede decir que dichas deficiencias tienen que ver con una falta de competencia o de conciencia profesional, provienen también de un desequilibrio entre el Ministerio Público y la defensoría de oficio, dominando uno al otro en la práctica.

Especial preocupación muestran los funcionarios de la ONU en que la presunción de la inocencia no está expresamente establecida en la legislación, y que la figura de "flagrancia equiparada" otorga una suerte de "cheque en blanco" para detener a personas.

Aseveran que observaron en su visita a México que los abusos tanto por corrupción como por falta de capacitación en una cultura de derechos humanos, ocurridos principalmente en el pasado pero que persisten, han contribuido para que muchas personas se encuentren en grave situación de vulnerabilidad ante agentes públicos.

Los expertos de la ONU advierten que la situación de impunidad en México es algo no superado. El sistema valida este escenario y además existen -sobre todo en ciertas zonas del interior del país- algunos individuos poderosos, particulares que aliados con ciertas autoridades locales consiguen actuar al margen de la ley y siembran miedo entre las comunidades indígenas. Informan que la mayoría de las denuncias recogidas en su visita a comunidades de Guerrero se refieren a detenciones arbitrarias.

Indican que en las prisiones de alta seguridad -Centros Federales de Prevención y Readaptación Social- tanto el director del grupo de trabajo de la ONU como los expertos debieron pasar por numerosos controles. "Constatamos que no existe privacidad en el contacto de los abogados con los internos, los papeles son fotocopiados y entre internos y sus familias los contactos son limitados".

Los expertos de la ONU aseveran que al interno Fernando Gatica Chino y a su esposa Felícitas Padilla, cuyos casos han sido declarados como detenciones arbitrarias por este grupo de trabajo, "sólo se les permite una llamada telefónica mensual de ocho minutos".

Respecto de las detenciones arbitrarias, en el informe se asegura que se constató que el aprehendido no siempre tiene tiempo de reunirse con el defensor con anterioridad a su primera declaración ante el Ministerio Público, y que en la etapa en que comparece ante un juez, el detenido debe permanecer en los centros de detención separado mediante un alambrado, lo que dificulta una defensa adecuada y que el juicio sea abierto y público para todos.

Acusan los expertos del grupo de trabajo de la ONU que en México las detenciones de niños y adolescentes continúan en el marco de la doctrina de la "situación irregular del menor", a pesar de estar ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño y añade que constató la presencia de niños menores de 13 años detenidos adultos en centros para delincuentes.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al comentar el informe de detenciones arbitrarias de la ONU, destaca que es particularmente importante la recomendación en el sentido de que las desapariciones forzadas de personas sean tratadas por la jurisdicción civil.