Dice que envió a la Corte Interamericana de DH el asunto de Alfonso Martín del Campo

Rechaza el gobierno estar bajo escrutinio por caso de tortura

La resolución, en año y medio o más

ROSA ELVIRA VARGAS

El gobierno mexicano "no está en el banquillo de los acusados" por el caso de Alfonso Martín del Campo, que se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue enviado a la instancia por una diferencia "de opinión y apreciación" entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró Juan José Gómez Camacho, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Agregó que en el litigio -primero que llega a la Corte Interamericana- fue el propio gobierno el que promovió el uso de ese instrumento en el seno de la Organización de Estados Americanos, con la intención de "judicializar" los procesos, pues es una forma "congruente y muy sólida" de garantizar la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, consideró que antes de un año y medio no habrá una resolución en la corte sobre el caso de Martín del Campo. Esto, explicó, porque se trata de procedimientos muy largos y complejos y el tribunal no es un órgano permanente, ya que sólo tiene dos periodos de sesiones al año, durante los cuales se celebran audiencias y se toman resoluciones.

Gómez Camacho, director de Derechos Humanos de la cancillería, se refirió también a las recomendaciones que han elaborado los relatores enviados tanto por la Organización de Naciones Unidas como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Se ha recurrido a ellos, afirmó, "para que nos ayuden a avanzar de mejor manera en este terrible caso".

Son informes, dijo enseguida, que el gobierno mexicano ha recibido "de manera muy constructiva, muy positiva", y que agradece porque se trabajará con ellos "para buscar su mejor implementación donde corresponda".

Al respecto informó que se espera que la Comisión Interamericana publique en abril el informe que elaboró luego de su visita a México la relatora especial Martha Altolaguirre, un borrador del cual ya fue enviado al gobierno mexicano para la formulación de las observaciones que considerara pertinentes, lo cual ya se hizo y será la propia comisión la que determinará si las toma en cuenta.

Audiencias la próxima semana

No obstante que se le solicitó con insistencia que adelantara algo del contenido de dicha recomendación, así como las del resto de relatores y enviados para analizar el caso de las asesinadas en Ciudad Juárez, Gómez Camacho insistió: "no lo tengo conmigo". Pero, eso sí, aseguró que la reacción del gobierno mexicano a tales indicaciones será "muy favorable, muy positiva".

Tampoco supo responder si el hallazgo de nuevas muertas en aquella ciudad fronteriza modificará las recomendaciones de la comisión, pues si bien se trata de algo que atenta contra "personas individualizadas", la instancia "obviamente" ve el problema en su conjunto.

Confirmó además que el próximo 26 de este mes el gobierno mexicano tendrá un par de audiencias ante la comisión y cuatro o cinco reuniones de trabajo.

Entre los casos más relevantes están precisamente el de las asesinadas en Ciudad Juárez, el homicidio de la abogada Digna Ochoa y el de José Alberto Guadarrama, de Morelos, del que se espera "un acuerdo definitivo de conclusión".

Abogados y ONG expresan versión que discrepa con la oficial

Acusan a Fox de ser incongruente con su discurso sobre el tema

VICTOR BALLINAS

La Corte Interamericana recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia contra el Estado mexicano por incumplimiento de recomendaciones y turnó el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, "como delito continuado, porque el gobierno no investigó la tortura que sufrió Alfonso, y lo mantiene en prisión de manera ilegal".

Arturo Requesens, abogado de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) y uno de los defensores de Martín del Campo, resaltó en conferencia de prensa: "ya tenemos los peritos nacionales e internacionales que analizarán las pruebas que presentó el gobierno mexicano; incluso, estamos buscando que el relator contra la Tortura de Naciones Unidas también participe como perito. Este caso puede tardar un año o año y medio para resolverse".

En tanto, Juan Carlos Gutiérrez, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en Mesoamérica, destacó que la Corte Interamericana tiene competencia en el asunto.

No obstante, añadió, la cancillería mexicana "está muy segura que va a litigar el caso, ya que la corte no tiene competencia; si eso quiere el gobierno, litigaremos el caso, pero lo mejor es que allane el camino, si es que tiene voluntad, como lo dijo el presidente Vicente Fox el año pasado en el seno de dicha corte".

Precisó que quien determina la competencia del caso "es la corte, no el Estado mexicano, y es competente porque en el país no se ha investigado la tortura que sufrió Alfonso por parte de policías para que se declara culpable. Eso fue lo que la CIDH pidió que se investigara, demandó que se anulara la confesión obtenida bajo tortura, que se revisara todo el proceso y se le liberara de inmediato".

Eso es lo que el gobierno no acató, además de que se le solicitó que investigara de manera imparcial, completa y efectiva y que se reparara a Alfonso por las violaciones sufridas.

Abundó: "si el gobierno quiere resolver el asunto debería allanar el camino. Hay una contradicción: si este gobierno se dice democrático, no puede solicitar la no competencia. Perú, con varios casos en la corte, allanó el camino y se logró hacer justicia".

Lo que queremos, insistió, es que el gobierno sea consecuente con su discurso. Por ejemplo, el presidente Vicente Fox aseveró en la Corte Interamericana el 12 de abril de 2002: "México reconoce en este tribunal un foro legítimo y con plena competencia legal para conocer y resolver sobre posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en territorio nacional."

Patrón "sistemático"

Requesens y Gutiérrez apuntaron que el caso se remonta a la noche del 29 de mayo de 1992, cuando fueron asesinados la hermana de Alfonso y el esposo de ésta. Al día siguiente más de 10 policías adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal torturaron a Martín del Campo para que confesara que mató a ambos.

"Después de dos días de torturas accedió a las presiones de los agentes. No obstante que denunció ante un juez haber sido torturado, fue condenado a 50 años de prisión por la confesión rendida. Este caso demuestra un patrón sistemático de confesiones rendidas bajo tortura en México, las cuales son usadas para aprehender a personas que no tienen responsabilidad en hechos delictivos", señalaron.

En la conferencia en que estuvo presente la madre de Alfonso y su esposa, los abogados manifestaron que Fox tiene la capacidad legal de liberar a Alfonso Martín del Campo mediante el indulto y buscar una salida al asunto.

"De no ejecutar esa acción se pondrá en evidencia la incongruencia del discurso en derechos humanos que el Ejecutivo federal ha manejado tanto a nivel nacional como internacional."