Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Jueves 27 de febrero de 2003
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Los últimos ocho, acribillados en 2001; está preso el presunto autor intelectual

En 20 años, 50 chiapanecos muertos por conflicto de tierras en Venustiano Carranza

Se violaron derechos humanos en desalojo del bloqueo de la carretera Tuxtla-Comitán: CEDH

ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 26 de febrero. La disputa por tierras en el municipio de Venustiano Carranza ha dejado en casi dos décadas un saldo de por lo menos 50 muertos. Las últimas víctimas fueron ocho campesinos acribillados en abril de 2001, motivo por el cual fue detenido la semana pasada el líder de la organización Casa del Pueblo, Angel Hidalgo Espinosa.

El homicidio de los ocho campesinos de Venustiano Carranza y la detención de Espinosa tienen su origen en la disputa del predio Canalucum y el conflicto por la separación de más de 50 mil hectáreas de bienes comunales.

La disputa entre comuneros de la Casa del Pueblo y campesinos organizados en la llamada Alianza San Bartolomé de los Llanos -a la que pertenecían los occisos- data de la década de los 80, cuando la asamblea de Bienes Comunales expulsó a varios de sus miembros por diferencias políticas.

Desde entonces los comuneros han sostenido diversos choques armados con los campesinos que han sido expulsados en diferentes momentos. Asimismo, terratenientes de la zona -como los miembros de la familia Orantes- e incluso pequeños propietarios han sostenido enfrentamientos con los integrantes de la Casa del Pueblo, afiliada a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZZZZ).

Entre estos hechos y los enfrentamientos sostenidos también entre policías e incluso elementos del Ejército mexicano que han intentado "poner orden" en la zona, han muerto en el lugar media centena de personas.

Los ocho campesinos asesinados en un lugar llamado Multajiltic, el 19 de abril de 2001, tenían con la Casa del Pueblo la disputa por el predio Canalucúm, compuesto por 80 hectáreas de terrenos comunales.

Días antes del hecho, a través de un comunicado público, la Casa del Pueblo había advertido a los integrantes de la Alianza que no introdujeran al lugar su ganado ni sembraran sus parcelas, debido a que no estaban dispuestos a ceder este terreno.

Los aliancistas reclamaban estos terrenos al considerar que en su momento ellos tenían parte en los bienes comunales y, si bien fueron expulsados de la asamblea, deberían ser indemnizados.

El 19 de abril un grupo de nueve campesinos fue emboscado cuando regresaba de trabajar el predio en disputa. De ellos, un menor de edad fue perdonado por los agresores y salió huyendo del lugar. Pudo identificar a las personas que, portando armas de grueso calibre, usando ropa oscura y cubierto el rostro parcialmente, efectuaron la matanza.

Gracias a este hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pudo detener semanas después de los hechos a los hermanos Mario, Enrique y Alberto Coutiño Morales, quienes estaban a cargo del predio en disputa. Y casi dos años después, el pasado 18 de febrero, la PGJE detuvo al presunto autor intelectual y copartícipe de la matanza, al líder de la Casa del Pueblo, Angel Hidalgo Espinosa.

Ante la detención de su dirigente, integrantes de la Casa del Pueblo realizaron un bloqueo de la carretera Tuxtla-Comitán y fueron desalojados por elementos de seguridad.

Por ello, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, indicó que de acuerdo con las investigaciones del organismo sobre el operativo que implementó el gobierno para desalojar a los indígenas y campesinos que bloqueaban la carretera, "los policías persiguieron a los campesinos hasta sus casas, saquearon sus pertenencias, les robaron maíz y aparatos electrodomésticos; eso parecía como si fuera botín de guerra".

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