La captura y los previsibles arraigo y orden de aprehensión contra Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por los cargos de violación al secreto bancario y lavado de dinero, son hechos que manifiestan, en primer lugar, que en el gobierno de Vicente Fox la procuración de justicia está tan facciosa y amafiada que ni siquiera se preocupa de cuidar las apariencias.

Tal aseveración no vendría al caso si la Procuraduría General de la República hubiese actuado con rigor y celeridad tras el allanamiento y la confiscación, a la vista de todo el mundo, de las instalaciones de transmisión de CNI Canal 40 por pistoleros de Tv Azteca; si algunos "amigos de Fox" hubiesen sido colocados en una situación remotamente similar a la que enfrenta ahora Fernández, o si se hubiese indagado las posibles responsabilidades de alguno de los funcionarios de primer nivel responsables de las más sonadas torpezas del presente sexenio.

Tampoco habría lugar para el reclamo si la PGR hubiese emprendido, más allá de corteses y obsecuentes tomas de declaración, alguna acción concreta para castigar a los culpables de la represión política de tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo, o si en la actual administración se hubiera dado un paso, un solo paso, en el esclarecimiento de los criminales y multimillonarios fraudes perpetrados, en detrimento de la nación, al amparo del rescate bancario zedillista. Es pertinente recordar que el ahora indiciado Fernández, quien aparentemente no tuvo empacho en violar el secreto bancario, fue en su momento, junto con muchos otros encubridores, un férreo defensor de ese dudoso precepto jurídico.

Pero ocurre que el ex presidente de la CNBV, dos días antes de su detención, había revelado públicamente información que deja mal parada a la organización Amigos de Fox, y que la demanda contra Fernández fue interpuesta por quien fuera el jefe de esos amigos, Lino Korrodi, el cual, por su parte, disfruta de un amparo y de la amable ineficacia que exhibe la PGR cuando se trata de llevar ante la justicia a individuos próximos al titular del Ejecutivo federal.

El manejo de la averiguación en torno del presunto financiamiento ilícito de Amigos de Fox, así como los constantes regateos entre el poder público y las cúpulas priístas para dar carpetazo al asunto del Pemexgate, dejan entrever que, en materia de procuración facciosa de justicia y de manejo patrimonialista del poder público, el autoproclamado gobierno del cambio no ha cambiado nada.