Alberto Gómez*

Diálogo sobre el campo

El Diálogo para una reforma de Estado en el campo realizado en el Archivo General de la Nación terminó en el punto en el que debía haber comenzado: analizando el papel del campo en el desarrollo nacional.

Y mientras centenares de campesinos hacían diagnósticos y propuestas para sacar al agro de la crisis, el gobierno federal echó a andar una avasalladora, desinformada y manipuladora campaña publicitaria en los medios masivos de comunicación para hacerle creer a la opinión pública que las demandas campesinas ya se están atendiendo y que el conflicto en el campo mexicano se encuentra en vías de solución.

Obviamente, el mensaje oficial es una trampa, una simulación, una falta de respeto al diálogo. Es falso que los graves y añejos problemas del agro se estén atendiendo. Hasta el día de hoy no hay avance en la resolución de los reclamos rurales, no existe ningún arreglo entre el gobierno y las organizaciones campesinas. Las mesas efectuadas en el Archivo General de la Nación fueron apenas el comienzo del camino, el punto de partida para identificar y sistematizar la problemática. La verdadera negociación apenas comenzará.

La devastación del campo provocada por las políticas de ajuste estructural y de libre comercio han provocado malestar, enojo, desesperación e inconformidad. El agro es un polvorín que no puede apagarse disparando chorros de demagogia televisada, ni apaciguarse "completando" o "mejorando" los programas gubernamentales en turno.

Lo que el campo mexicano requiere hoy es una nueva política que no puede ser más de lo mismo. Ni el Plan Nacional de Desarrollo, ni el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, ni el Plan Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), ni el blindaje agroalimentario de papel son soluciones para el campo y los campesinos. Si lo fueran no se habría realizado la movilización de 100 mil personas en la ciudad de México el pasado 31 de enero ni las protestas en prácticamente todas las regiones del país.

El campo mexicano requiere de un programa emergente para 2003, un programa de mediano plazo para el campo 2004-2006 y un programa a largo plazo en los que se refleje que el agro y los campesinos son una prioridad en el desarrollo nacional.

El agro necesita de un nuevo pacto social entre el Estado, la sociedad rural y la sociedad urbana. Lo demanda porque la crisis del sector rural se ha profundizado a niveles sin precedente; porque la mayoría de los cultivos y de los productos pecuarios y forestales han dejado de ser rentables. Porque la actividad agropecuaria y forestal se descapitaliza continuamente, porque se reduce la producción, aumenta la dependencia alimentaria, se destruye la planta productiva, se desarticulan las cadenas de producción. Porque crece la expulsión de la población, los empleos se reducen, los recursos naturales se degradan, las divisas necesarias para el desarrollo se utilizan en pagar importaciones, los ingresos de las familias campesinas caen y la pobreza y la marginación aumentan en las zonas rurales.

Esta refundación de la relación entre el Estado y los campesinos debe partir del reconocimiento de que el campo, la sociedad rural y sus empresas, las agriculturas campesinas e indígenas y sus patrimonios constituyen una prioridad nacional, pues representan un sector imprescindible para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria, del país.

Asimismo, debe considerar que es necesaria la reconstrucción de la institucionalidad rural reconstruyendo y reforzando el tejido social rural y emprendiendo una reforma estructural de las instituciones rurales en el ámbito federal.

La nueva política hacia el campo deberá regirse por principios entre los que se encuentran:

a. Soberanía alimentaria como nuevo centro rector de la política agroalimentaria.

b. Paridad: para revertir los desfavorables términos de intercambio entre la agricultura y el resto de los sectores económicos, el Estado debe regular la equivalencia del poder de compra.

c. Redistribución del ingreso y los recursos: para cerrar la brecha entre los distintos tipos de productores, las políticas hacia el sector buscarán explícitamente elevar y redistribuir el ingreso, la riqueza, los recursos y el poder entre la población rural, evitando su concentración.

d. Multifuncionalidad de la agricultura: valorar que los campesinos no son únicamente productores de alimentos y materias primas; sino que participan activamente en la conservación y uso de los recursos naturales, en la creación de la biodiversidad, en la producción de agua, en la recreación del paisaje, en la conservación y recreación de valores comunitarios, culturales y sociales.

e. Sustentabilidad: promover la adopción de modelos y prácticas de producción que permitan el uso y la conservación de nuestros patrimonios naturales y garanticen su permanencia para las generaciones futuras.

f. Derecho productivo: promoción y garantía al derecho de los campesinos a seguir siendo campesinos sin que eso signifique pobreza y exclusión del acceso a los servicios básicos.

Todo ello requiere, forzosamente, sacar el maíz y el frijol del Tratado de Libre Comercio y modificar el artículo 27 constitucional.

La verdadera negociación, con o sin promocionales televisivos, apenas comienza.

* Coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA