Sigue impune la violación de militares a tres tzeltales en 94

ROSA ROJAS

A propósito del Día Internacional de la Mujer, es un "escándalo" que los discursos oficiales de respeto a los derechos humanos naufraguen. El gobierno de Vicente Fox no ha cumplido ninguna de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de las tres tzeltales violadas por militares en un retén cerca de Altamirano, Chiapas, en 1994, "ni siquiera la de reparación del daño", afirmó la abogada de las víctimas, Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal.

La CIDH y Amnistía Internacional recomendaron que los casos de las violadas por militares y otros agravios a civiles, que ahora se ventilan en el fuero militar, sean juzgados en el ámbito civil.

El "gobierno del cambio" ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones, lo mismo que antes hicieron los gobiernos priístas.

Figueroa explicó que la última diligencia, realizada el 13 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, se tuvo que suspender por "la falta de respeto de los militares a las declarantes". Se va a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se instale una nueva mesa "o a ver dónde seguimos, porque no se ha pasado el caso al fuero civil y los militares están tratando de arrastrar el caso a que no hubo violación, cuando eso no está en discusión, sino quiénes fueron los responsables".

Afirmó que hay un patrón de comportamiento de los militares en el caso de violaciones a mujeres indígenas en las zonas donde hay conflictos internos, y "el Ejército está como represor y controlador: van persiguiendo a alguien, violan a alguna mujer y ante la denuncia la respuesta es negar, hostilizar, criminalizar a la víctima diciendo que trata de desprestigiar a la institución". Lo otro es que ellos son los que investigan y "sacan a las organizaciones civiles y el Ministerio Público (MP) militar hostiliza a las víctimas; luego viene el desistimiento. Las únicas que no se han retirado son las tres hermanas tzeltales".

Hay otras seis indígenas violadas por militares en Guerrero. Cuatro casos están impunes y los otros dos, denunciados el año pasado, para allá se encaminan. En el primer grupo están el de Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, ultrajadas en Zopilotepec, municipio de Atlixtac, en 1997; el de Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, violadas en 1999 en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, cuando además dos civiles fueron ultimados por los militares.

En el segundo grupo están los casos de Valentina Rosendo Cantú, violada el 16 de febrero en la comunidad tlapaneca de Barranca Bejuco, e Inés Hernández Ortega, también tlapaneca, ultrajada en Barranca Tecuani. En ambas violaciones tumultuarias intervinieron, según denunciaron las víctimas, militares del 41 batallón del Ejército mexicano.

Para colmo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que "no encontró elementos" de que Valentina Rosendo hubiera sido violada por militares. El visitador de la CNDH, Rodolfo H. Lara, declaró en Chilpancingo, Guerrero (La Jornada, 8 de febrero de 2003): "este organismo (la CNDH) ha determinado dar por concluido el expediente en cuestión, ya que no se cuenta con las pruebas determinantes de que efectivamente la agraviada hubiese sido objeto de agresión sexual por parte de servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional".

Sin embargo la CNDH no había notificado aún formalmente de esa determinación ni al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Tlapa, Guerrero, ni al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que llevan conjuntamente la defensa del caso de Valentina. Vidulfo Rosales, del área jurídica del Tlachinollan, y Carmen Herrera, del Miguel Agustín Pro, comentaron -por separado- que ellos se enteraron por los diarios.

Rosales afirmó que esa conclusión de la CNDH "afecta un poco" el caso, el cual se está ventilando ante el MP militar. "Desde nuestro punto de vista es muy subjetiva, no sé en qué se basan para decir que no hay violación, pues ya se había acreditado ante el MP de Tlapa especializado en delitos sexuales que sí hubo violación, con un certificado médico que, de acuerdo con la ley, es la prueba idónea para acreditar la violación. La CNDH pudo haber requerido al MP especializado en delitos sexuales que le enviara constancias de la averiguación previa para allegarse más elementos".

Mencionó que el asunto de Valentina estaba más avanzado porque "efectivamente se hizo el MP allegar muchos elementos de prueba, con los cuales se puede hablar ya de una responsabilidad; el cuerpo del delito quedó acreditado ante el MP de Tlapa, en lo que se estaba era en la acreditación de la probable responsabilidad de los indiciados. Se sabe que fueron elementos del Ejército mexicano y del 41 batallón; faltaba saber quiénes habían estado en el lugar de los hechos. Entonces fue cuando remitieron el caso a la agencia del MP militar, el 15 mayo de 2002". Ahora se está impugnando en los tribunales la competencia del fuero militar.

En el caso de Inés, "ni siquiera se acreditaba el cuerpo del delito cuando lo enviaron al MP militar, sin notificar a la agraviada ni a sus representantes, dejándola en estado de indefensión. Igual impugnamos; fue a fines de mayo de 2002.

El pasado 17 de enero de este año, elementos del Ejército mexicano llegaron otra vez a intimidar a Inés a su domicilio, en Barranca Tecuani, para exigirle que retire la demanda. Además, el 18, 19 y 20 del mismo mes los militares estuvieron haciendo actos de intimidacion contra la gente del pueblo: a Fortunato Prisciliano Sierra, esposo de Inés Fernández, intentaron golpearlo cuando se organizaba junto con los miembros de la comunidad para solicitar la salida del Ejército. Por esos hechos se interpuso una queja ante la CNDH el 26 de febrero de 2003, por conducto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Arturo Campos, de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, comentó que los militares han declarado que en Barranca Tecuani "había enervantes, que subieron a destruirlos y que no es cierto lo que declaramos de la violación a Inés. Nosotros decimos que si hay sembradíos los destruyan y entre a investigar la Procuraduría General de la República, pero que se debe investigar y castigar a los culpables de la violación de la compañera".

De los casos de las mujeres de Zopilotepec, Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, Rosales informó que la CNDH hizo una propuesta de "amigable composición", que las agraviadas, a las que no se pudo dar un acompañamiento formal, aceptaron. Esta consistió en girarle instrucciones a la Procuraduría de Justicia Militar para que investigue los hechos probablemente delictivos cometidos contra las indígenas. Se inició la investigación pero "el problema es que el Ejército vino a querer levantar las declaraciones de las víctimas, el MP militar no encontró a nadie en la comunidad y dijo que por falta de interés jurídico no se había podido llevar a cabo la diligencia, y luego prescribió la acción". De los casos de Barrio Nuevo ninguno de los centros consultados pudo dar razón.

Presencia del Ejército, para el "combate a las drogas"

Sigue el plantón en Huaxcaleca, Puebla, por falta de servicios

LA JORNADA DE ORIENTE

Puebla, Pue., 7 de marzo. Desde el 27 de febrero miembros del Ejército y de las policías estatal y municipal vigilan la junta auxiliar de Huaxcaleca, perteneciente al municipio de Chichiquila, sitio en el que habitantes del lugar pertenecientes a la Unidad Nacional Anáhuac (UNA) mantienen un plantón en protesta por la carencia de servicios elementales que, argumentan, les han sido negados por el ayuntamiento. Ahora también demandan la libertad de uno de sus líderes. Desde que iniciaron sus demandas dos de sus dirigentes fueron detenidos, aunque uno fue liberado ayer y hay probabilidad de que haya negociaciones el lunes.

En esta comunidad, enclavada en las inmediaciones de la sierra de Zongolica, en la falda norte del volcán Citlaltépetl, se vive una gran tensión. Los habitantes se cubren los rostros con rebozos, paliacates o pasamontañas -porque aseguran que están siendo fotografiados por las autoridades- y tienen palos que exhiben cuando se sienten amenazados. Los cuerpos armados se encuentran en número considerable para una localidad como ésta, que tiene unos 2 mil 500 habitantes y ocupa el lugar 22 de muy alta marginación en el estado.

El gobierno estatal informó que las demandas de los habitantes son inadmisibles, porque pretenden no sólo que se hagan obras públicas por 100 millones de pesos, sino porque quieren manejar los recursos ellos mismos, lo que es improcedente en la normatividad municipal.

Según el secretario de Gobernación del estado, Carlos Arredondo, otra de las demandas que no está en manos del gobierno resolver es la creación de un municipio, petición que corresponde resolver al Congreso del estado.

Sobre las detenciones de los dos líderes, se asegura que obedecieron a que ambas personas encabezaron un grupo que secuestró a uno de los caciques de la cabecera municipal, de nombre Arsenio Sedas. Arredondo confirmó que hay órdenes de aprehensión pendientes contra otros miembros de la UNA, a los que acusó de instigar a los pobladores de Huaxcaleca para que desconozcan a las autoridades de la cabecera municipal y se constituyan en municipio autónomo.

La presencia del Ejército en la zona, señaló el funcionario, no tiene que ver con el movimiento de pobladores de Huaxcaleca, sino con el combate a las drogas, porque se encontró en la zona un sembradío de mariguana mayor a una hectárea. En diferentes ocasiones se ha informado de la presencia de grupos guerrilleros en la sierra de Zongolica, lo que hace establecer un posible vínculo de las fuerzas armadas con su actividad en la zona.

Por su parte, el gobernador del estado, Melquiades Morales, insistió ayer en que el movimiento está manipulado por personas del Distrito Federal, y aseguró que no usará la fuerza pública para retirar el plantón y las tres barricadas que están a la entrada de Huaxcaleca para obstaculizar la llegada de los fuereños.

Desde un cerro los miembros de la UNA continúan las 24 horas en alerta ante la posibilidad de nuevas incursiones de los uniformados. En la última de las zanjas colocaron una cuerda con la que impiden el paso a la gente, y le exigen a los fuereños el pago de un peaje para recabar fondos y mantener su plantón, además indicaron que esa medida los hace sentirse un poco más protegidos. Unos 50 miembros de la UNA también han realizado movilizaciones frente a la sede del gobierno estatal y los juzgados de defensa social.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en Huaxcaleca se carece por completo de drenaje, hay siete habitantes por casa, sólo existe un teléfono y 40 por ciento de la población recibe menos de dos salarios mínimos.