Magistrado declara inconstitucional las leyes que salvaron de la cárcel a represores

Ordena juez argentino la captura de cuatro funcionarios iraníes por atentado antisraelí

Entre ellos figura Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada en Buenos Aires

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 8 de marzo. El juez federal Juan José Galeano ordenó la captura internacional de cuatro funcionarios iraníes, entre ellos Mo-shen Rabbani, quien fuera agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, por su presunta autoría en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994.

En 1992 la sede de la embajada de Israel en Argentina también fue destruida en otro atentado. Ambos ataques dejaron más de cien muertos y 500 heridos. Nunca se resolvió el caso de la embajada y tampoco hay pruebas suficientemente firmes sobre AMIA.

En su resolución, el juez no habla del gobierno iraní, sino de "elementos radicalizados de la República Islámica de Irán", y sostiene que entre todas las hipótesis no encontró grupo mejor organizado como el de los iraníes que giraban en torno a Rabbani.

Una de las suposiciones indica que Rabbani fue nombrado agregado cultural de la embajada de su país poco antes del atentado contra la mutual judía, presuntamente para asegurarle inmunidad, en momentos en que ya estaba siendo vigilado.

Los analistas se preguntan por qué los servicios argentinos y sin duda de otros países que estaban detrás de este hombre no actuaron antes de los hechos que, según dice el juez, estaban tramando.

Este es otro de los casos paradigmáticos heredados del gobierno del ex presidente Carlos Menem y en los que los subterfugios, obstáculos, robos de pruebas y la directa intervención y presión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la inteligencia israelí para responsabilizar a Irán como otro "eje del mal", abren enormes dudas sobre lo actuado por la justicia local.

Galeano, además, es uno de los jueces señalados por su dependencia del Ejecutivo en tiempos de Menem, quien gobernó este país de 1989 a 1999.

Los funcionarios requeridos por el juez son Barat Ali Balesh Abadi, correo diplomático iraní en 1964; Ali Akbar Paravesh, también diplomático mencionado en años recientes en este mismo juicio, y Ali Fa-llahijan, ex ministro de Inteligencia y Seguridad en Irán en 1994.

Ya en 1994 el juez giró una solicitud de indagatoria de algunos funcionarios y co-merciantes iraníes, pero en el contexto de una investigación altamente sospechosa que no prosperó.

El "invento", en ese año, de un testigo "protegido" por la CIA, Manoucher Moatammer, que fue indagado por Galeano en Venezuela, donde estuvo de manera transitoria y cuya "novela" nunca convenció a na-die, dejó la primera sospecha en este juicio.

Los titubeos, cambios de declaraciones del llamado testigo C -supuestamente un ex funcionario de alto nivel de la inteligencia iraní, quien dijo también en su momento ser Moatammer, protegido en Europa- deja muchas dudas como prueba convincente.

El testigo C acusó a Menem de recibir en una cuenta unos 10 millones de dólares de Irán para silenciar la participación en el atentado, pero luego de otro viaje de Galeano para interrogarlo, el testigo C se desdijo y muchos se preguntan si el propio juez cumplió una misión en ese sentido.

El magistrado fue denunciado por el ex informante de la policía Carlos Telledín, detenido y acusado de "arreglar" la camioneta que se habría usado para volar la sede de la AMIA, por haberle pagado supuestamente una alta suma de dinero para involucrar a ciertos grupos policiales.

Altos oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires están aún detenidos por este extraño caso.

Si algo falta en este enredo, abogados defensores de los policías, estrechamente ligados también al menemismo, están acusados de haber robado importantes pruebas del juzgado de Galeano.

La sensación de que las declaraciones en el caso de la AMIA son armadas de acuerdo con la trama trazada por el gobierno estadunidense y su par israelí han convertido el juicio en una trampa, situación que vuelve a ensañarse con las víctimas.

Los familiares de los más de 80 muertos en el atentado a la AMIA, que además dejó más de 300 heridos, reclaman una investigación seria que revea todas las irregularidades cometidas en el juicio, toda vez que no existen pruebas contundentes.

El jefe de los Servicios de Inteligencia (Side), el menemista Miguel Angel Toma, con estrecha relación con el espionaje estadunidense e israelí, presentó recientemente un informe al gobierno en el que incluso sugería la detención del líder religioso iraní Alí Jamenei, y también quería extenderlo al grupo pro iraní Hezbollah, de Líbano.

En 1994 los diplomáticos libaneses advirtieron que no existía ningún indicio de que ese grupo pro iraní estuviera implicado en este u otro tipo de acciones.

Ahora el juez busca que Líbano y Siria envíen datos sobre el supuesto suicida Ibrahim Hussein Buro, o de similar apellido, que se habría inmolado en la camioneta para destrozar el local de la AMIA.

El informe, que algunos llaman "la novela del Side" sostiene que el "suicida" llegó de Líbano a la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) con otro compañero.

Pero la pregunta es por qué hacer esa increíble vuelta entrando por Brasil o Paraguay para luego venir desde la Triple Frontera a Buenos Aires, cuando aquí se les proveyó de la camioneta y también podían conseguir los explosivos necesarios que todos saben se comercian en el oscuro mercado ilegal de armas local.

Todas estas dudas y la acusación contra Irán viene como anillo al dedo para la estrategia del gobierno estadunidense de involucrar a la Triple Frontera y a la comunidad árabe de esa zona.

Así, al acusar a Teherán, Washington acelera su argumento sobre la existencia de "células fundamentalistas" en la Triple Frontera, donde trata de instalar una base móvil y por donde ha logrado introducir tropas en territorios argentino y paraguayo.

El tema no es menor en el marco de los preparativos de guerra contra Irak y cuando varios voceros periodísticos del menemismo y ligados a Washington tratan de crear el clima necesario para una ocupación militar extranjera en la Triple Frontera.

"¿Cómo es que, de todas formas un coche bomba demolió la AMIA? No hay respuesta a esa pregunta en la resolución del juez", señala el diario Clarín en su informe, y sostiene que Galeano está convencido de que el "cambio de política exterior de Menem en favor de Israel influyó en la decisión de atacar a Argentina".

Medida contra la impunidad

El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, lo que permitirá la detención de militares y policías que participaron en la represión, en particular en la llamada "masacre de Margarita Belén", ocurrida en 1976.

El magistrado dijo que confía en que ahora la Cámara Federal de Rosario "se declare incompetente y ceda a su jurisdicción la competencia, para poder avanzar en la investigación del fusilamiento de 22 militantes políticos ocurrido el 13 de diciembre de 1976 a manos de efectivos del ejército y de la policía del Chaco".

De su lado, el fiscal federal del Chaco, Jorge Auat, pidió la detención de 13 militares por graves violaciones a los derechos humanos. Además, solicitó la aprehensión de más de 20 policías para ser indagados.

El 6 de marzo de 2000 el entonces juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes que protegían a los represores y dictó prisión para dos ex policías federales acusados de secuestrar y desaparecer a un matrimonio chileno-ar-gentino durante la dictadura.