Leonel Rivero y su esposa fueron atropellados
el viernes y el culpable salió libre sin fianza
La agresión a abogado de labriegos de Atenco
tensa el clima electoral
Provocación de la Procuraduría, dice
Desde 2001 recibe protección federal por orden de la CIDH
MARIA RIVERA Y JAVIER SALINAS ENVIADA Y CORRESPONSAL
Leonel Rivero, quien encabeza la defensa jurídica
de los labriegos de San Salvador Atenco, sujetos a proceso penal tras las
protestas contra la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad
de México, y su esposa María de los Angeles Espinoza, fueron
atropellados la noche del viernes en el estacionamiento del condominio
que habitan, por un taxi conducido a alta velocidad. El ataque, que se
suma a la llamada amenazante que recibió el abogado el 18 de febrero
anterior, ha tensado más el ambiente en el municipio mexiquense,
previo a los comicios de hoy.
El litigante -quien desde octubre de 2001 recibe protección
del gobierno federal como parte de las medidas decretadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo del asesinato de
la abogada Digna Ochoa- sólo sufrió heridas leves, mientras
que su esposa fue lanzada a varios metros de distancia y requirió
hospitalización. El agresor, Ernesto Macías, fue detenido
inmediatamente por la escolta. Los guardaespaldas, al presentarlo ante
el Ministerio Público (MP) de Ecatepec, informaron que tenía
aliento alcohólico y que circulaba con las luces apagadas a alta
velocidad, en un sitio donde sólo está permitido transitar
a 15 kilómetros por hora. Sin embargo, pocas horas después
Macías fue liberado sin fianza, sin presentar identificación
y sin asegurarse de que el domicilio presentado fuera verídico.
"Estoy
indignado, es escandaloso lo que hizo el MP -subrayó Rivero, en
la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Atenco la tarde
del sábado- es obvio que tenían prisa por liberar al agresor.
Además, sustrajeron evidencias, ahora dicen que no hay marcas de
llantas ni huellas de sangre. Esto se presta a tres hipótesis: es
una provocación montada por la Procuraduría del estado, ya
que nunca hubo intención de integrar adecuadamente la averiguación
previa; es parte de los actos de hostigamiento de que he sido objeto desde
2000, o fue un acto de delincuencia común. En cualquiera de los
casos, exijo a las autoridades estatales y federales tomar cartas en el
asunto. Ya destruyeron a mi familia porque ahora vivimos en la zozobra;
sin embargo, quiero aclarar que no voy a dar un paso atrás, si mi
trabajo me lleva a la muerte, la voy a asumir".
También señaló que mientras no se
esclarezcan los hechos los considera como parte del enrarecido clima en
que se han desarrollado los comicios del estado de México.
Agregó que ante la falta de respuestas a su caso
está pensando en presentarlo ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Hace días, cuando denunció la llamada
intimidatoria que quedó grabada en la contestadora de su despacho,
aseguró que en México no existen condiciones adecuadas para
que los abogados ejerzan debidamente su trabajo, en particular cuando asumen
la defensa jurídica de personas procesadas por motivos políticos.
Tras su intervención, Ignacio del Valle, dirigente
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) sostuvo que la agresión
"deja en claro que la venganza del gobierno no sólo se dirige a
los miembros del FPDT, sino también hacia aquellos que se solidarizan
con el movimiento. Responsabilizamos al gobierno estatal de toda represión
que sufra el compañero Leonel Rivero y su familia".
El viernes, horas antes de la agresión, el defensor
había declarado a La Jornada que pese a las reiteradas afirmaciones
del gobierno del estado de México de que el conflicto de San Salvador
Atenco se encuentra resuelto, no es verdad. Explicó que hubo múltiples
oportunidades de avanzar en el proceso de distensión, pero el gobierno
mexiquense eligió dejar pasar el tiempo, "administrar el conflicto
de tal manera que la gente terminara creyendo que las elecciones eran impostergables
y se agudizaran aún más las contradicciones que existen.
No se contempló la posibilidad de aplazar los comicios y las consecuencias
las vamos a ver el domingo, es probable que haya enfrentamientos, nuevas
órdenes de captura y procesos legales, y que al final se rompan
las negociaciones".
Recordó que pese a que el gobierno estatal ha dicho
que estaban dispuestos a desistirse de las 32 averiguaciones previas, no
hablaron de que hay 16 pendientes, que se deben sujetar a un procedimiento
de carácter legal; no se ha visto lo de las seis órdenes
de aprehensión pendientes y la cuestión de los procesos penales
que se están desahogando, ni se ha abordado el caso José
Enrique Espinoza (campesino que murió en julio de 2002 tras los
golpes recibidos durante el enfrentamiento con las fuerzas policiales).
Para Damián Camacho, quien también forma
parte del equipo de defensores de los campesinos, la ingobernabilidad del
municipio empezó el 22 de octubre (fecha en que se expide el decreto
expropiatorio), cuando el pueblo solicitó información al
presidente municipal Margarito Yánez sobre el proyecto del aeropuerto
y el ayuntamiento decidió abandonar San Salvador Atenco sin responder.
"Desde entonces, el ayuntamiento quedó en el limbo, hasta que en
febrero de 2002 publicaron el bando de policía y buen gobierno en
donde ubicaron a Santa Isabel Ixtapa como su nueva sede. En ese periodo
el movimiento de defensa de la tierra envió una solicitud al Congreso
para que desconociera a las autoridades municipales. A partir de ahí
se desató la lucha contra el decreto y el pueblo desconoció
a las autoridades.
"En agosto cayó el decreto y en septiembre el pueblo
presentó una nueva solicitud al Congreso para que desaparecieran
los poderes municipales y se nombrara un concejo municipal, como está
establecido en la Constitución tanto federal como estatal, pero
los legisladores se mantuvieron callados también en esta ocasión.
"Como se ve, los intentos del pueblo por comunicarse con
las autoridades ha sido constante sin que se le haya prestado atención.
Nunca ofrecieron respuesta a los planteamientos de la gente de Atenco,
los procesos siguen vigentes y las órdenes de aprehensión
pueden ejecutarse en cualquier momento. Esperemos que esta cerrazón
no detone de nuevo el conflicto", afirmó.
