Instan al gobierno federal a no dejar de lado su responsabilidad en la instrucción básica
La descentralización educativa ha agudizado los rezagos en escuelas
Estudio editado por la UNESCO exhorta a crear mejores políticas oficiales de supervisión
Las entidades recibieron más funciones, pero no más recursos para enfrentar los compromisos
JOSE GALAN
La descentralización educativa en México ha resultado un proceso complejo e incluso conflictivo, cuyo avance se ha frenado por la desigualdad entre escuelas de una o diferentes áreas: las más pobres se mantienen en serias condiciones de aislamiento, por lo que reciben escasa o nula atención de las autoridades, mientras que la transferencia de los servicios educativos federales a los estados ha agudizado las desigualdades entre éstos por falta de recursos adicionales para hacer frente al nuevo compromiso.
El estudio La supervisión escolar de la educación primaria en México: prácticas, desafíos y reformas, editado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma que la descentralización impone un reto a la educación y más concretamente a la supervisión escolar: su transformación, empezando por el compromiso de las autoridades y quienes toman decisiones para diseñar una política oficial de supervisión que resuelva de manera definitiva problemas de estructura, financiamiento, organización y operación del servicio.
La influencia en el terreno político-sindical
El estudio revela que, hasta ahora, la supervisión escolar ha funcionado en condiciones poco favorables; así como el trabajo de los supervisores ha servido para impulsar tareas e innovaciones educativas, también han sido utilizados para lograr objetivos en el terreno político-sindical, y sostiene que una razón importante del deterioro de la calidad de la educación básica en México está principalmente ligada al debilitamiento de dicha supervisión escolar.
En México la supervisión ha funcionado así, sostienen las autoras del estudio, Beatriz Calvo Pontón, del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social; Silvia L. Conde Flores, investigadora de la Secretaría de Educación de Nuevo León, y Margarita Zorrilla Fierro y Guillermo Tapia García, del Instituto de Educación de Aguascalientes. La falta de equipos de supervisores profesionalmente sólidos, así como de condiciones materiales de trabajo, además de que la supervisión ha sido parte de un sistema reproductor de prácticas burocráticas que se distingue más por sus funciones administrativas y de vigilancia que por su papel como promotora del trabajo pedagógico en las escuelas, son tan sólo algunas de estas condiciones.
El estudio, de 393 páginas, presenta un análisis de las condiciones de supervisión en tres estados de la República: Nuevo León, Chihuahua y Aguascalientes, que han puesto en marcha proyectos específicos de reforma de los servicios de supervisión. La comparación entre estas tres experiencias demuestra que, a pesar de importantes similitudes que existen en las tres entidades, no puede haber una única estrategia de reforma sino varias que difieren en función del contexto y que requieren ser adaptadas a la realidad de cada región.
Queda claro que la supervisión escolar ha sido tradicionalmente parte de un sistema reproductor de prácticas burocráticas y anquilosadas que día a día deterioran más los resultados de la educación. En la práctica, la supervisión escolar en México es más una inspección de funciones administrativas, de vigilancia y de control, porque es entendida como una medida instrumental basada en criterios técnicos y burocráticos de eficiencia, eficacia y competitividad, y menos por sus funciones de asesoría y guía académicas a los directores y docentes de las escuelas.
De igual forma se distingue también por el papel que los supervisores han jugado en los escenarios políticos, sindicales y partidistas. Son parte del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, salvo algunas excepciones, su sentido de fidelidad a la organización es mayor que hacia la institución educativa.
Por su parte, la descentralización educativa ha sido conflictiva y compleja, con ritmos y avances no sólo diferentes sino desiguales. Y entre las dificultades que frenan el avance están las comunidades y escuelas, las más pobres, que se mantienen en serias condiciones de aislamiento. De allí que sean las que reciben escasa o nula atención por parte de las instituciones y autoridades educativas. Funcionan con carencias de infraestructura, planteles, apoyos y asesoría pedagógicas, material didáctico, personal docente insuficientemente preparado.
Además, en el ámbito económico, la transferencia de servicios educativos federales a los estados ha repercutido negativamente en éstos, y ha agudizado las desigualdades entre los estados, ya que no fue acompañada de recursos federales adicionales para hacer frente al nuevo compromiso. Cada estado ha debido atender, con el mismo presupuesto con que contaba antes, no sólo sus propios servicios educativos sino que ahora también los federalizados, que además incluyen el nivel secundaria.
Esta desigualdad se refleja en estados que acusan un menor desarrollo socioeconómico, que son los más pobres y por lo tanto tienen menos posibilidades de sostener el gasto educativo, y los estados con mayores capacidades económicas y para negociar apoyos adicionales con el gobierno federal. Pero aun éstos se ven en la necesidad de recurrir, cada vez más, a otras fuentes de financiamiento como los distintos grupos de la comunidad educativa: padres y madres de familia, empresarios, iglesias y organizaciones no gubernamentales. De allí que esta nueva situación ponga en riesgo el carácter gratuito de la educación pública.
Por otra parte, la tradicional autonomía de las instituciones ha servido como recurso para promover la competencia entre escuelas para que cada una logre mayor reconocimiento y prestigio. La descentralización, entendida dentro de la lógica individualista propia de la filosofía neoliberal del libre comercio, se ajusta a esta forma de entender la competencia escolar.
Ante el panorama, el estudio plantea la urgente necesidad de construir políticas oficiales de supervisión escolar orientadas al mejoramiento de la estructura del sistema educativo y del sistema de supervisión, de su normatividad.
Es evidente que la elaboración de nuevos discursos, leyes, normas y reglamentos no es suficiente para lograr transformaciones de fondo y de esencia en la supervisión escolar. Ni tampoco pueden depender de las condiciones coyunturales políticas y económicas, ni de iniciativas para llevar a cabo innovaciones provenientes de la voluntad de ciertas autoridades educativas, de algunos supervisores que así lo decidan de manera personal, o de equipos técnicos que surjan de los estados.
Por ello, concluye el estudio, es necesaria la elaboración de una política oficial continua y de largo plazo que, dentro del contexto de la descentralización, atienda ese servicio educativo, y que defina acciones en dos direcciones: el mejoramiento de la estructura del sistema educativo, y del sistema de supervisión en especial, de su normatividad, organización y operación, sin que ello signifique poner en riesgo el carácter público de la educación básica mediante la desaparición abierta o velada de responsabilidades del gobierno.
En segundo lugar, la generación de una cultura de servicio que le permita apropiarse y capitalizar la autonomía adicional adquirida por la descentralización, en un sentido democrático: impulsando la generación de política educativa desde y para las escuelas, a partir de un esfuerzo institucional, involucrando a directores de planteles, personal docente y demás grupos de la comunidad.
