Advierten ejidatarios que impedirán el ingreso de tepehuanos a Huejuquilla

Dialogan autoridades y comuneros de Ocotán sobre el conflicto de Bernalejo

El gobierno federal y el de Zacatecas deben indemnizar a desalojados: indígenas

ROSA ROJAS Y ALFREDO VALADEZ ENVIADA Y CORRESPONSAL

Bernalejo, Zac., 11 de marzo. En las calles de este poblado, con casas de piedra ocre, sólo resuenan los ladridos de los perros. Desde ayer se convirtió casi en un pueblo fantasma, porque la mayoría de los pobladores salió huyendo luego del ultimátum que les dieron los comuneros tepehuanos de Santa María Ocotán, Durango, y un día después de que a los policías de Durango y Zacatecas los indígenas les pusieron sus "palitos" en la plaza principal y los conminaron a retirarse, al decirles: "ustedes ya no son nuestra autoridad, ya mejor váyanse antes de que la tomemos contra ustedes".

De las 41 familias -mestizas- de ejidatarios que vivían aquí, sólo quedan cuatro. Dos de ellas están a la espera de que lleguen los camiones de mudanza para partir. Las otras dos familias son mixtas: uno de los cónyuges es tepehuano y el otro mestizo. Ambas son las únicas que permanecerán en Bernalejo.

En el anexo del ejido, Pajaritos -que se ubica en el estado de Durango-, el éxodo de las 25 familias de ejidatarios -mestizas- que ahí vivían es casi total. La gente huyó de ambos poblados luego de que comuneros tepehuanos les exigieron que se fueran, "por las buenas, en cinco minutos". De ambos poblados la gente salió dejando casi todas sus pertenencias, incluidos animales -vacas, caballos, mulas, gallinas-, en sus casas. Ahora corresponderá a las autoridades de Zacatecas enviar camiones para sacar los enseres domésticos y el ganado.

Estos sucesos, con los que culminó una serie de decisiones erróneas en materia agraria tomadas por gobiernos estatales y federales, han hecho que germinen en la región las semillas del odio racial: "Si acaso con sus vidas van a pagar esos desgraciados (los tepehuanos) lo que nos hicieron. Vamos a poner un retén para que no entren a Huejuquilla los desgraciados, al cabo ahora ya sabemos que no hay ley. Que se vayan a Durango, ya no los vamos a dejar entrar a Zacatecas", afirmó Petra Guardado, mientras junto con su esposo y uno de sus hijos subían sus pertenencias a un camión de mudanzas.

Su esposo, Enrique Rodarte, señaló a su vez: "éste es un favor que se le debe a (Ernesto) Zedillo y a Arturo Romo (ex gobernador de Zacatecas). Ahora Monreal (Ricardo, mandatario de Zacatecas) dejó que se metieran (los tepehuanos) y él tiene que pagar nuestras tierras, nuestros animales y nuestras casas. Monreal no lastima a los indios porque son muchos y quiere llegar a presidente, y nosotros somos poquitos".

A un lado de su casa, en el atrio de la capilla, se realizaba una asamblea de tepehuanos. Ahí, Carmelo Mendoza, comisariado de bienes comunales de Ocotán, afirmó que el gobierno federal y el de Zacatecas deben indemnizar a los ejidatarios de Bernalejo por sus tierras y sus casas. Exigió que las autoridades agrarias formalicen la entrega definitiva de las 5 mil 465 hectáreas recuperadas por la comunidad. Negó que los tepehuanos hayan amenazado a las mujeres que ayer se refugiaron en la capilla con incendiarla (no obstante, otras dos entrevistadas coincidieron en que ese hecho sí ocurrió).

Faustino Reyes, del consejo de vigilancia del comisariado de bienes comunales de Ocotán, advirtió a unos 300 tepehuanos y huicholes que ningún partido o institución se puede llevar el mérito de lo ganado; se dio un paso, "pero todavía no estamos en la victoria, habremos terminado cuando el gobierno nos diga aquí está, es de ustedes".

Acerca de la existencia de unas 30 órdenes de aprehensión contra tepehuanos por delitos como robo de ganado, Mendoza comentó que, en su momento, se tratará ese punto con el gobierno. Y sobre el patrullaje militar -hoy aumentó de tres a nueve el número de camiones que circulan por los 70 kilómetros de terracería que hay de Huejuquilla a Canoas-, exigió que no intervegan ni el Ejército ni la fuerza pública.

Continuará la negociación: Florencio Salazar

Por su parte, Florencio Salazar, representante de la Secretaría de Gobernación federal, informó que esta noche continuarán los trabajos de la mesa de negociación entre los gobiernos federal, de Zacatecas y Durango con los tepehuanos para llegar a una "solución concertada" al problema.

Al decirle que los ejidatarios desplazados exigen un millón de pesos para cada uno como indemnización por sus tierras y aparte el pago de sus casas, enseres y animales, señaló que aún no se reúnen con ellos y que "las ofertas las hacemos nosotros, (pero) consideraríamos su demanda".

Al cuestionarlo respecto de la exigencia de la comunidad de que se les entregue en forma definitiva la tierra que recuperaron, respondió: "Esa es hoy prácticamente la única opción, son un grupo mayor que los ejidatarios, tienen control de la región y pueden convocar en solidaridad con ellos a otros grupos étnicos".

Acerca del incremento de militares, aseveró que "los soldados no van a llegar a ninguna de las comunidades" y su presencia es para evitar conflictos. "Nosotros pensamos que el Ejército tiene una presencia disuasiva, la situación es delicada y era pertinente que se agotara primero la instancia de la negociación", afirmó Salazar.

Por su parte, Isaís Rivera, titular de la Procuraduría Agraria, aseguró en entrevista que "detener" la intervención del Ejército para evitar el desalojo fue una medida tomada por Florencio Salazar. El funcionario "les manifestó a los tepehuanos que si ellos aceptaban permitir el paso, el acceso libre para que preservemos la integridad de los ejidatarios, no habría necesidad de que esté el Ejército", expresó Rivera.

Versiones oficiales

El subsecretario de Acción Política del gobierno de Zacatecas, Manuel Ortega, señaló que "la omisión, la falta de acción del gobierno federal está originando el desalojo forzado de nuestra gente, donde la ley del más fuerte se está imponiendo y se está haciendo añicos el respeto a las garantías individuales y el estado de derecho".

A su vez, el secretario de Gobierno de Durango, José Miguel Castro Carrillo, calificó de "alarmistas" las versiones sobre el supuesto clima de violencia que viven las comunidades Bernalejo y Pajaritos, y confió en que mediante el diálogo y la negociación se llegue a un acuerdo satisfactorio para las partes.

Los funcionarios federales anunciaron que la "mesa de alto nivel" continuaba sus trabajos por sexto día consecutivo en la localidad de Huejuquilla el Alto, Jalisco, a las once de la mañana.