El jueves intercambiarán proyectos de acuerdo nacional para el campo

Reclaman campesinos que el gobierno no incluyó sus demandas en relatorías

ANGELICA ENCISO Y ENRIQUE MENDEZ

El recuento de demandas de las organizaciones campesinas y la ausencia de respuestas por parte del gobierno federal sólo tuvo un cambio de sede. El diálogo se trasladó del antiguo palacio de Lecumberri al de Cobián y sigue sin avanzar el acuerdo nacional para el campo.

Ningún planteamiento fue suficiente para que los secretarios de Estado dieran respuesta a los representantes de El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y El Barzón. Ni los señalamientos acerca de que el Ejecutivo cree gobernar "el país de las maravillas", ni la reiterada demanda de que se modifique el artículo 27 constitucional.

Así, luego de cuatro semanas de que empezaron las mesas del Diálogo por una política de Estado para el campo en el Archivo General de la Nación (AGN), aún no hay visos de que se logre el acuerdo nacional. Esta semana se revisarán las relatorías, el jueves se realizará un intercambio de propuestas entre organizaciones y gobierno y hasta el lunes próximo comenzarán las "negociaciones políticas".

La Secretaría de Gobernación decidió que las reuniones fuesen privadas, y "de manera torpe y tonta las organizaciones aceptamos", manifestó Alvaro López Ríos, secretario técnico del CAP.

Ayer se realizaron encuentros entre los representantes campesinos y los titulares de Medio Ambiente, Reforma Agraria, Desarrollo Social y Agricultura. Cada secretario presentó a los 30 representantes campesinos la relatoría gubernamental de cada mesa, en las cuales estos encontraron omisiones y por esa razón hicieron cuestionamientos a los funcionarios, porque hubo demandas que se presentaron en el diálogo del AGN que quedaron fuera de los documentos.

López Ríos explicó que en la reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, ésta se manifestó por una política social alejada del "asistencialismo y la filantropía" y aseveró que está de acuerdo con impulsar un nuevo pacto social. La funcionaria reconoció los problemas sociales que existen; como ejemplo, puntualizó que hace 10 años la migración del campo era de 30 mil personas al año y que ahora es de casi 360 mil, y prometió que las tiendas rurales de Diconsa dejarán de comprar granos y leche importada para apoyar a los productores nacionales.

En la reunión con el secretario de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, agregó López Ríos, los agricultores le dijeron que "vive en el país de las maravillas, (porque) presentó una visión diametralmente opuesta a la que tienen las organizaciones y los productores que vivimos en el campo".

López Ríos comentó que en la relatoría encontraron omisiones y la respuesta de Lichtinger fue lamentarse porque las agrupaciones tuvieran una visión distinta; les dijo que el gobierno vive en el mismo país y que las autoridades hacían su mayor esfuerzo por aportar elementos para la conformación del acuerdo nacional para el campo.

"Nosotros le dijimos que seguimos esperando. El gobierno se ha negado a poner en la mesa su propuesta y este ejercicio es sólo una fase más, pero confiamos en que el material definitivo lo aportarán a la Comisión de Organización y Acuerdos, porque de lo contrario se estaría obstaculizando la conformación del acuerdo nacional", dijo.

Sin embargo, estimó que en términos generales hay buena disposición del gobierno, a pesar de la lentitud y de que se guarda cartas, "no han querido sacar a la luz pública lo que ellos han ido desarrollando".

Dijo que cada secretaría hizo su propuesta y se la entregaron a Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República. A partir de esos documentos el gobierno presentará su proyecto de acuerdo nacional y para el jueves se hará un intercambio de documentos.

En la reunión, que duró dos horas, plantearon a Lichtinger que la Semarnat deje de dar sólo consejos, porque hasta ahora ha tenido poco impacto en el cuidado y la protección de los recursos naturales. Le demandaron establecer un diálogo permanente, porque los campesinos son los propietarios de la mitad del territorio nacional.

Más tarde, en la reunión con María Teresa Herrera Tello, reiteraron la demanda de revisar el artículo 27 constitucional para que se proteja la propiedad social, ejidal y comunal, además de que se debe prohibir de manera tajante el latifundio.

Al tiempo que se dialoga en la Secretaría de Gobernación, se realizan negociaciones entre las organizaciones. Hasta el momento hay cuatro anteproyectos de acuerdo nacional: de El campo no aguanta más, CNC, CAP y otro del priísta Hugo Andrés Araujo.