Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 23 de marzo de 2003
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Sociedad y Justicia
El proyecto oficial sólo ratifica los programas anteriores para el agro: Ramírez Cuéllar

El gobierno de Fox, sin compromiso en negociación con campesinos: El Barzón

El acuerdo nacional en la materia deberá contemplar recursos de excedentes petroleros, dice

ANGELES CRUZ

Entre los asuntos "irreductibles" que deberá incluir el Acuerdo Nacional para el Campo está la canalización de 25 mil millones de pesos a infraestructura rural, provenientes de los excedentes petroleros; garantizar la soberanía alimentaria y excluir al maíz y al frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, quien lamentó que la propuesta del gobierno esté "tan lejana" de las pretensiones de los productores, quienes "realmente queremos una nueva política agropecuaria".

Reiteró que se exigirá al gobierno de Vicente Fox que presente la solicitud de revisión del capítulo agropecuario del TLCAN a Estados Unidos y Canadá, pues resaltó que hasta ahora el planteamiento de la administración foxista en esta materia es insustancial y no conlleva ningún compromiso. De hecho, dijo, el proyecto oficial simplemente ratifica el programa sectorial y lo que establece ya el Plan Nacional de Desarrollo en el área agropecuaria. Es decir, ofrece continuidad de la política que ha dañado de manera severa a los agricultores.

Otro de los asuntos que serán defendidos por los productores en la mesa de negociación que se realizará el miércoles próximo en un hotel del Distrito Federal tiene que ver con el restablecimiento de los derechos laborales y sociales de los campesinos mayores de 50 años de edad. Significa el reconocimiento de su antigüedad como trabajadores del campo, con una pensión y jubilación dignas, así como acceso a los servicios de salud. El dirigente barzonista informó que la canalización de excedentes petroleros también formará parte de las peticiones.

Las organizaciones sociales no están de acuerdo con que las autoridades hacendarias "hagan cuentas chuecas" y les carguen a los gobiernos de los estados la pérdida por el robo de combustible y los ingresos no captados. Con esos pretextos, dijo, se pretende reducir las asignaciones a los estados, que deberían ser de 25 mil millones de pesos, para entregarles únicamente 7 mil millones. Mientras tanto, el rubro de pago de deuda interna no sufre ninguna afectación, subrayó. Ramírez Cuéllar destacó la necesidad de que el gobierno respete el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, el cual establece claramente que los recursos obtenidos por ventas excedentes del hidrocarburo se invertirán en infraestructura de desarrollo rural.

En materia de soberanía alimentaria se exigirá la creación de una ley cuyo objetivo sea lograr la autosuficiencia en la producción de granos básicos y estratégicos. Para ello se tendrá que excluir al maíz y frijol del TLCAN y asegurar el cumplimiento de las leyes. Además, se requiere disponer de recursos económicos que permitan cumplir con los objetivos de producción, de tal suerte que en 2030, cuando en México habrá 150 millones de personas, el país haya logrado la meta.

Por otro lado, explicó, están los programas de diesel y electricidad. Hasta ahora las acciones oficiales son "totalmente intrascendentes. Están gastando más dinero en los anuncios de radio y televisión que lo que efectivamente pagarán a los productores por hectárea de cultivo". Ramírez Cuéllar opinó que en esta área se tiene que realizar una revisión completa de insumos.

Con estos y otros puntos fundamentales, las organizaciones campesinas continuarán en su lucha por que se establezca en el país una nueva política para el campo que saque de la pobreza y marginación a los productores y, al mismo tiempo, les permita competir en condiciones de igualdad con sus similares de Estados Unidos y Canadá.

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