Acusados de falsificar documentos que permitieron enmendar error en materia penal

Solicita la PGJE al Congreso yucateco desaforar a tres funcionarios priístas

La Procuraduría podría exigir sanciones contra otros 10 ex legisladores del tricolor

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 29 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al Congreso local el desafuero de los alcaldes de los municipios rurales de Izamal y Tixkokob, los priístas William Sosa Altamira y Miguel Lara Sosa, así como del coordinador de la bancada de ese partido en la Legislatura, Cleominio Zoreda Novelo.

Hace dos años, cuando los dos primeros eran diputados locales y Zoredo Novelo fungía como secretario general de Gobierno, participaron en la falsificación de documentos que permitieron enmendar un error inscrito en el Código de Procedimientos en Materia Penal, en el cual se permitía la fianza a los autores materiales de delitos graves.

El procurador Miguel Angel Díaz Herrera solicitó a la 56 Legislatura aplicar el requisito de procedibilidad que permitiría el desafuero de los tres funcionarios para, posteriormente, proceder a las investigaciones judiciales y determinar la responsabilidad de cada uno en lo que también se conoce como "el caso de la fe de erratas".

Sosa Altamira y Lara Sosa eran diputados de la 55 Legislatura cuando se insertó un párrafo en el Código de Procedimientos en Materia Penal donde se derogaba un ordenamiento que permitiría la excarcelación de delincuentes -asesinos y violadores, principalmente- mediante el pago de una fianza.

Ambos eran integrantes de la mesa directiva del Congreso y por ley les correspondía evitar que se insertara la fe de erratas una vez publicado el documento penal.

Por su parte, Cleominio Zoreda era secretario general de Gobierno en la administración de Víctor Cervera Pacheco y avaló el ordenamiento de los diputados del PRI, no obstante la oposición que demostraron panistas y perredistas.

El procurador Díaz Herrera manifestó que aunque sabe que será difícil conseguir el desafuero de los alcaldes y del diputado priístas, el procedimiento para sancionar la violación a la Constitución estatal continuará hasta deslindar responsabilidades.

La PGJE podría pedir sanciones para el resto de los ex legisladores del tricolor que, en total, eran trece.