Los productores insisten en que se revise el TLCAN y se declare en emergencia al agro

Aún hay desacuerdo entre campesinos y gobierno federal, señalan dirigentes

Hoy o mañana ambas partes negociarán y deberán quedar saldadas las diferencias

ANGELICA ENCISO L.

El establecimiento de un programa de apoyo a deudores con cartera vencida, políticas de energéticos a precios competitivos para los agricultores y el seguro popular de salud para el sector rural, además de los temas relativos a emergencia en el campo y la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), continúan siendo puntos discordantes en el diálogo entre gobierno federal y organizaciones campesinas.

Aunque hay rubros importantes en los que sí hay coincidencia, estos no podrán tener éxito si no están sostenidos por las bases estratégicas, que son las demandas centrales de las organizaciones -revisión del acuerdo comercial y catalogar al agro en emergencia-, sostienen dirigentes campesinos.

Entre los aspectos en los cuales hay consenso se encuentran la transformación estructural del agro, la reforma integral de la Ley Agraria y que la Procuraduría Agraria se convierta en ombudsman para el campo, así como la instrumentación de una política en materia de apoyos, subsidios y compensaciones para los productores nacionales durante 2003.

En el borrador del Acuerdo Nacional para el Campo -que negocian El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional Campesina y El Barzón, con las secretarías de Economía, Agricultura y Gobernación, y que cuenta con alrededor de 80 páginas- persiste el disenso en lo relacionado con el TLCAN, la emergencia del campo mexicano, la creación de una política de seguridad social para la sociedad rural y el acceso de los campesinos al Instituto Mexicano del Seguro Social.

En la negociación que este lunes o martes tendrán los líderes campesinos y los titulares de las tres dependencias, deberán resolverse los puntos en los que no hay consenso, entre ellos la conformación del Fondo Nacional para la Vivienda Rural, el cual ya figura en la Ley de Desarrollo Rural.

Pendientes entre corchetes están las reformas jurídicas para una ley federal de planeación agropecuaria y soberanía alimentaria que contemple instrumentos de planeación, programación y presupuestación multianual, otorgue certidumbre y protección a los productores y que además tenga el sustento de la soberanía alimentaria. Aquí se prevé incluir el derecho a la alimentación y reconocer el principio de paridad urbano-rural.

En esa parte del texto se menciona que se incluiría un presupuesto agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y rural multianual, con inversiones estructurales productivas y sociales en estados y regiones atrasadas, un sistema de ingresos objetivo y precios soporte y proyectos estratégicos.

Todos esos son los temas en que representantes campesinos y gobierno no llegaron a acuerdos, los cuales están reflejados en el borrador, que incluye cinco apartados y cuya redacción ya casi está terminada, pues sólo quedó pendiente para este día lo relacionado con el seguimiento del acuerdo nacional y ordenamiento administrativo y acciones presupuestales.

En el documento aparece como acuerdo establecer una política integral de fomento productivo, desarrollo económico y diversificación productiva, y una política social para el desarrollo rural sustentable. Con la primera se espera formalizar un sistema coherente y coordinado de acciones en materia de certidumbre agraria y reordenamiento territorial, fomento y reconversión productiva, diversificación productiva, capitalización, financiamiento, inversión, seguros, fondos de riesgo, compensación y garantía líquida y desarrollo de mercados nacionales y regionales.

Con la segunda política se prevén acciones en materia de superación de la pobreza, educación, salud, vivienda, infraestructura rural, medio ambiente, comunicaciones y transportes, procuración e impartición de justicia y atención a zonas marginadas.

Además, para resolver diversos problemas agrarios se subraya que el Ejecutivo federal definirá con las organizaciones campesinas la estrategia para atender problemas agrarios. Dentro de la planeación a mediano y largo plazo se menciona un programa de "abatimiento de la pobreza y mejoramiento de los indicadores de bienestar que deberán ser alcanzados para 2006".

En cuanto al ordenamiento de la propiedad rural, se indica que se atenderán los conflictos sociales derivados de la problemática de la tenencia de la tierra de manera urgente. En el punto de gobernabilidad democrática y campo, "las organizaciones sociales se comprometen a observar de manera estricta el estado de derecho y el gobierno a garantizarlo", además de que se revisarán los procesos penales relacionados con los problemas del agro.