Fiscales piden 12 sentencias a cadena perpetua
Empezó en La Habana el juicio contra disidentes
GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL
La Habana, 3 de abril. Decenas de activistas opositores detenidos en las dos recientes semanas empezaron a ser juzgados hoy, en la primera aplicación de una ley de 1999 que sanciona la difusión de información considerada ilegal y la recepción de ayuda material de Estados Unidos.
Diplomáticos de Alemania, Canadá, República Checa, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, que intentaron presenciar dos de las audiencias en La Habana, no fueron autorizados a entrar a las salas, a las que tampoco tuvo acceso la prensa extranjera.
Familiares de los procesados dijeron que los abogados no pudieron ver a sus defendidos antes de la audiencia oral y dispusieron sólo de unas horas para revisar los expedientes.
En la ronda de juicios, que se extenderá el fin de semana en un procedimiento sumario, los fiscales pidieron 12 condenas a cadena perpetua, entre otros para Martha Beatriz Roque. La misma sentencia fue reclamada para Oscar Elías Biscet, quien fue aprehendido a finales del año pasado y su caso fue sorpresivamente incorporado a los procesos masivos.
Las acusaciones se basaron en la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que sanciona hechos "dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba".
En algunos casos también se aplicó el artículo 91 del Código Penal, que castiga al que "en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio".
Testigos dijeron que en la sala en la que se juzgó a Roque, la opositora Aleida Godínez se presentó como la "agente Vilma" de la Seguridad del Estado y declaró contra la acusada. En otra, el activista Osvaldo Alfonso, para quien se pedía también cadena perpetua, se retractó de su militancia disidente.
Cinco opositores que están en libertad, Gustavo Arcos, Vladimiro Roca, Elizardo Sánchez, Félix Bonné y René Gómez, emitieron una declaración conjunta en la que calificaron a los enjuiciados de "presos de conciencia" y protestaron por "la reducción totalmente desproporcionada de los términos procesales que se ha llevado a cabo, la que ha dejado a esos compatriotas acusados en un estado de virtual indefensión".
La fiscalía identificó a un grupo de seis los acusados Osvaldo Alfonso, Héctor Palacios, Oscar Espinosa, Héctor Fernando Maseda, Marcelo Cano y Marcelo López, como "enemigos de la nación cubana y mercenarios al servicio del gobierno de Estados Unidos".
El pliego acusatorio, al cual tuvo acceso La Jornada, reseñó como cargos la elaboración de cartas, manifiestos y artículos de opinión "que transmiten una imagen distorsionada para afectar la credibilidad de nuestro país" y la entrega de informaciones sobre Cuba a medios de prensa extranjeros y a embajadas, "tergiversando la realidad cubana y siempre culpando de los errores e insuficiencias al gobierno revolucionario".
También fueron inculpados por sostener contactos con la organización internacional Reporteros sin Fronteras, la "subversiva" Universidad Internacional de la Florida, la revista española Encuentro y la emisora oficial estadunidense Radio Martí, así como por recibir recursos de entidades privadas y oficiales de Estados Unidos y de visitar con frecuencia la Sección de Intereses (oficina diplomática) de ese país en La Habana.
En sus conclusiones, la fiscalía dijo que "comprobó" que los acusados "integraron una comisión de relatoría de la ilícita Todos Unidos, que en 2001 dirigió desde La Habana un llamamiento internacional a una supuesta solidaridad hacia su desacreditada causa" y que antes de algunas cumbres iberoamericanas dirigieron mensajes "a los llamados gobiernos democráticos del mundo... buscando una condena a nuestro gobierno, siendo en todos los casos estos documentos ofensivos, lesivos y contrarios a los intereses de la nación cubana".
Entre las pruebas presentadas por los fiscales estuvieron computadoras, impresoras, grabadoras, aparatos de fax, cámaras fotográficas y de video, videocasetes, discos compactos, radios, cargadores de baterías, periódicos, folletos, fotos de los acusados con diplomáticos estadunidenses, cientos de medicamentos, una bandera de Estados Unidos, recibos de dinero entregado por personas "vinculadas a actividades desestabilizadoras", libros como La isla del doctor Castro, del periodista francés Denis Rousseau, y Cómo llegó la noche, del exiliado cubano Huber Matos, así como "muchos materiales para juegos y distracción de niños... que utilizaban para atraer adeptos a sus malignos propósitos".
