Orden de aprehensión contra Patricio Bustamante

Detenidos, dos implicados en el caso Eduardo Fernández

Habrían encubierto operaciones ilícitas de Amigos de Fox

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y RENATO DAVALOS

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a otros dos implicados en el caso Eduardo Fernández y obtuvo una orden de aprehensión en contra del vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras Número Cuatro, Patricio Bustamante Martínez, como presunto responsable de los delitos de violación al secreto bancario y ejercicio indebido del servicio público, ya que supuestamente participó en la obtención ilegal de información financiera en torno a cuentas de los Amigos de Fox.

Los supervisores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Antonio Alanís Navarrete y José Antonio Baca Medina fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) la mañana de ayer, y puestos a disposición del juzgado 16 de distrito en materia penal, donde rindieron declaración preparatoria en torno a su participación en las acciones que derivaron en el encubrimiento de aportaciones ilícitas para la campaña de Vicente Fox.

Información obtenida revela que, desde hace una semana, el vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras obtuvo una suspensión en contra de la orden de aprehensión, por lo que ayer jueves se presentó de manera voluntaria ante el juez 16, Augusto Octavio Mejía, a rendir su declaración preparatoria y enfrentar el proceso penal en libertad.

Según fuentes consultadas, Bustamante Martínez -quien fungió como superior de José Camargo Ascencio, director general de Supervisión, y de Martín Hernández Martínez, director de Inspección de Grupos Financieros y Bancos- conoció todos los operativos relacionados con la obtención de información financiera de las cuentas de cheques números 112172920 y 0448685282 del Grupo Alta Tecnología en Impresos, ST. and K de México, así como la 0057218851 a nombre de Carlota Robinson, en BBVA Bancomer.

Pero además las cuentas de Amigos de Fox -como la de Lino Korrodi en Banco Ixe, número de contrato 20001051957-2- mediante las cuales se transfirieron, según los informantes, más de 70 millones de pesos, sin contar recursos depositados en dólares, y que en los documentos aportados en la denuncia que dio origen a la causa penal 37/2003, del juzgado 16 de distrito en materia penal, no han sido esclarecidos.

Se violó el secreto bancario: PGR

Como se recordará, José Camargo Ascencio enfrenta una orden de captura, al igual que Martín Hernández Martínez y cinco personas más. Por lo menos en la declaración ministerial que rindieron los auditores de la CNBV, entre ellos Miguel Angel Flores Salazar, éstos reconocen que la finalidad de acudir a los bancos Ixe, BBV y Bital, fue para ''obtener estados de cuentas de cheques y alguna documentación de soporte'', así como para realizar revisiones en ''lo específico'', por lo que según la PGR se violó el derecho al secreto bancario, al realizar esas investigaciones de manera directa sin una orden oficial.

Por otra parte, según las investigaciones consignadas ante el juzgado 16, Eduardo Fernández no informó a sus superiores de las irregularidades detectadas en las cuentas de Lino Korrodi, Carlota Robinson y otros Amigos de Fox, como Carlos Rojas Magnon. De acuerdo con las indagatorias, el jefe directo de Fernández era José Angel Gurría, entonces secretario de Hacienda, a quien no dirigió un solo oficio para que la Procuraduría Fiscal procediera a solicitar la investigación de las cuentas.

Con base en esos argumentos, se espera que el juez Augusto Octavio Mejía le incremente el monto de la fianza que en este mismo caso se le impuso a Luis Felipe González Villarreal, que hasta el momento es de más de 121 millones de pesos.

Las indagatorias contenidas en la causa penal 37/2003, advierten que la gravedad del delito cometido por los funcionarios y ex funcionarios de la CNBV consistió en que todo el sistema bancario podría ser puesto en riesgo ante el interés particular de un grupo de servidores públicos.

Comisionados que ganarán más que el Presidente

Por otra parte, ayer hubo poca transparencia en la presentación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que tendrá un presupuesto anual de 20 millones de dólares para un personal que a mitad del año sumará apenas 150 empleados. Encabezado por su presidenta, María Marván Laborde, los cinco comisionados intentaron defender de una y otra forma la percepción salarial que recibirán mensualmente, 220 mil pesos, más de 200 veces el salario mínimo y un monto por encima del sueldo presidencial y del titular del Poder Judicial.

Uno de los comisionados, Juan Pablo Romero, ensayó una justificación a partir del ''carácter vinculatorio del salario con nuestra responsabilidad''. Los integrantes del instituto tampoco dieron respuesta a la discrecionalidad que tiene el gobierno, al amparo de la legislación respectiva, para sancionar a un funcionario que niegue información o para determinar qué datos son ''clasificados'' y cuáles no. Nuestro reto, aventuró Marván Laborde, es alcanzar ''credibilidad'' entre la sociedad.

Otro de los integrantes del instituto, Horacio Aguilar Alvarez de Alba, confesó su filiación panista y dijo que no hay por qué preocuparse en torno a un eventual ''conflicto de intereses'' a la hora de asumir una decisión. José Antonio López, por su parte, sostuvo que el gasto del instituto es un ''porcentaje mínimo'' del presupuesto federal.

No olvidemos, añadió, que el trabajo que desarrollará el instituto involucra a ''más de 200 dependencias públicas'' y que los beneficios para la sociedad se reflejarán en ahorros que generarán las ''observaciones'' contra actos de corrupción o gastos innecesarios en la administración pública.

Los comisionados no respondieron a la pregunta en torno al carácter discrecional con que la Contraloría, única dependencia facultada, impondrá las sanciones. La tarea del instituto es ''exhibir'' a funcionarios, refirió Juan Pablo Guerrero. También el silencio fue la respuesta en el caso de la facultad gubernamental que decidirá finalmente qué información es clasificada y, por tanto, no será susceptible se ser conocida por la población.

Acerca del carácter ''vinculatorio" de la responsabilidad, Guerrero refirió el impedimento legal para que algún funcionario gane más que el Presidente de la República, aunque la percepción de éste, según la Gaceta de la Cámara de Diputados de diciembre pasado, es de 155 mil 042.30, incluidas compensaciones. Sostuvo que los comisionados ganan lo mismo que un subsecretario, pero la percepción de un ministro de la Corte, con rango de secretario, es de 149 mil, 327.25 pesos, conforme a la referida gaceta.