Pese a protestas de sus propios militantes, aprueban en la Cámara reformas sobre garantías

Abren PRI-AN vía para encarcelar a deudores

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La mayoría de diputados de PRI y PAN aprobó las modificaciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que permiten a los bancos promover juicios penales contra deudores morosos que hagan mal uso de bienes que constituyan una garantía de pago y llevarlos a la cárcel hasta por 12 años. Dichos legisladores argumentaron en el pleno que la intención de la enmienda es reactivar el crédito y la economía nacional.

Sin atender los reclamos, incluso de algunos priístas y panistas inconformes, la mayoría de ambos grupos legislativos, guiados por sus coordinadores, abrió la puerta a los banqueros para despojar de sus bienes a los contratantes de crédito que no se ajusten a las exigencias impuestas por las instituciones. Tal fue la impotencia por el maridaje PRI-PAN que hasta el diputado del tricolor Víctor Infante gritó a sus compañeros de grupo: "que quede en actas, los legisladores priístas a mí también me avergüenzan".

La reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código de Comercio, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, la Ley de Instituciones de Finanzas y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, que se envió a San Lázaro como minuta del Senado, ya se había acordado con antelación entre las fracciones de PRI y PAN.

Golpe a la esperanza de los mexicanos

Los diputados de ambos partidos que ya conocían el texto se ufanaban de las ventajas que los cambios traerían para el país. En ningún momento tocaron el fondo de lo que constituirá uno de los mayores golpes a los mexicanos que abrigan esperanza de poseer un patrimonio. La reforma es punitiva porque castigará con cárcel a los deudores, según el artículo 406 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:

"Al que teniendo la posesión material de los bienes objeto de garantías otorgadas mediante fideicomiso de garantía trasmita, grave o afecte la propiedad o posesión de los mismos, en términos distintos a los previstos en la ley, sustraiga sus componentes o los desgaste fuera de su uso normal o por alguna razón disminuya intencionalmente el valor de los mismos se le sancionará con prisión de un año y multa de 100 salarios mínimos, cuando el monto de la garantía no exceda del equivalente a 200 veces dicho salario.

"Si dicho monto excede de esa cantidad, pero no de 10 mil salarios, la prisión será de uno a seis años y la multa de 100 a 180 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Si el monto es mayor de 10 mil veces dicho salario mínimo la prisión será de seis a 12 años y la multa de 120 salarios".

El panista Manuel Minjares se encargó de argumentar a favor y en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. No obstante el primero en fustigar el espíritu de las enmiendas fue el legislador del PRD Juan Antonio Magallanes. Acusó a la "banca extranjerizada" de hacer rehén el pueblo de México, porque su coeficiente de capitalización es mínimo, "su ineficiencia deja mucho que desear y la mayor parte de sus ingresos provienen de los intereses que el gobierno les paga a través de los impuestos".

Parte del guión elaborado por el PRI-PAN otorgó un lugar al panista Fernando Pérez Noriega, quien no manifestó en ningún momento que la lista de deudores aumentó en los últimos años por el desempleo o la baja de las actividades económicas en México. Al contrario, con dureza, manifestó otra visión: "Habrá un grupo de personas que evidentemente van a objetar esas reformas, sobre todo aquellas que han hecho de su vida la cultura del 'no pago'. Otro sector que desde luego las objetará serán los abogados que han hecho de su vida el defender deudores a través de procedimientos que coloquialmente se conocen como chicanas."

En ese tenor, el priísta Jorge Chávez Presa se subió a la cresta de la ola. Demandó al pleno apoyar la reforma, y no abordó el tema del castigo para los deudores. "Esto es una ley para dar seguridad jurídica a los ahorradores, porque las pérdidas en un sistema bancario las acaban pagando ellos."

Pero el panista Migue Angel Martínez consideró "una mentira" los discursos festivos como el de Chávez Presa, y al verse derrotado por la mayoría aplastante de su partido y el PRI, pidió al pleno: "compañeros, no institucionalicemos el agio..."

Después, el diputado independiente Amador Rodríguez Lozano se indignó porque: "hoy nos vienen a decir que le digamos al pueblo de México que básicamente se baje los pantalones, para que los bancos puedan hacer lo que ellos quieran; para cobrarse con su propia mano. šNos están pidiendo la ley del talión!"

Ningún argumento impidió que se concretara otra aprobación de una reforma vía PRI-PAN, que según los opositores "pondrá de rodillas" a los deudores.

En anticipo a la molestia que provocarán esas medidas, el diputado del PRD Pedro Miguel Rosaldo le advirtió al panista Luis Pazos de la Torre: "Te van a linchar en Veracruz los deudores, me cae."