Tres de los ejecutados el miércoles, ligados al cártel de Sinaloa

NL, Coahuila y Tamaulipas anuncian plan anticrimen

Los gobiernos estatales aplicarán acciones conjuntas

DAVID CARRIZALES Y MARTIN SANCHEZ CORRESPONSALES

Tres de las ocho personas que el miércoles fueron ejecutadas en los límites de Nuevo León y Tamaulipas fueron identificadas como integrantes de una banda de pistoleros que presuntamente trabajaba al servicio del cártel de Sinaloa. Se dijo oficialmente que junto con ellos viajaba un niño, quien también fue ultimado.

Luego de la matanza se reunieron en Monterrey los secretarios generales de Gobierno de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, José Mario Garza Benavides, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y José de Jesús Sifuentes Guerrero, respectivamente, quienes anunciaron el programa Código Rojo, que tiene por objeto emprender acciones inmediatas cuando se comete algún acto ilícito, con el propósito de lograr la captura de los delincuentes.

Asimismo, acordaron otras acciones EN común para frenar la violencia relacionada con el crimen organizado.

La procuradora de Justicia de Nuevo León, Alida Bonifaz Sánchez, comentó que uno de los occisos fue identificado como Manuel Estrada Salazar, y que según declaró su esposa, tiene sospechas de que se dedicaba al narcotráfico, aunque a ella le había dicho que laboraba en la seguridad de una empresa dedicada al comercio de exportación.

Otras dos víctimas son Braulio Yáñez Cabriales y Maximiliano Mendiola Rangel. Los tres supuestamente eran pistoleros al servicio del desaparecido Dionisio Román García, El Chacho, que operaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al servicio del cártel de Sinaloa. Román García apareció muerto en Tamaulipas el año pasado, después de que un comando del cártel del Golfo, que disputa la plaza fronteriza, lo levantó de una finca que tenía en San Pedro Garza García.

Alida Bonifaz dijo que los ultimados habrían opuesto resistencia con armas de fuego antes de ser levantados, ya que todos dieron positivo a la prueba de absorción atómica.

En tanto, el gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien estuvo en Nuevo León para dictar una conferencia a estudiantes del Tecnológico de Monterrey, confió en que la Procuraduría General de la República (PGR) aclarará estos hechos.

Por su parte, Francisco Cayuela Villarreal, jefe de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, dijo que la dependencia está dispuesta a colaborar en caso de ser requerida por la PGR, que tiene a su cargo las investigaciones de los ocho ejecutados en los límites de los municipios de Anáhuac, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Policía Ministerial reforzó la plaza con 70 agentes. "Quisiéramos enviar 200 más, pero falta presupuesto", argumentó Cayuela.