Incrementar las sanciones no contendrá la delincuencia, señala ante diputados

Plantea la ley Ebrard castigar la pobreza, alerta Alvarez Icaza

Propone el ombudsman un modelo de trabajo interinstitucional para discutir las reformas penales En 2002 aumentó 100% el número de quejas por detenciones arbitrarias y torturas

ANGEL BOLAÑOS S., RAUL LLANOS S. Y GABRIELA ROMERO S.

Al rendir su informe de labores 2002 ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, aprovechó la tribuna para advertir a los diputados sobre la iniciativa de reforma penal que plantea endurecer las penas para el delito de robo y restringir a los reincidentes el derecho a la libertad provisional.

"Se atenta contra el principio de proporcionalidad de las penas y se opone al principio de presunción de inocencia que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Incrementar las penas no contendrá la delincuencia", puntualizó.

Solicitó además a los legisladores revisar con detalle la iniciativa de Ley de Convivencia Ciudadana, conocida como ley Ebrard (por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que la promueve), pues plantea "un escenario de castigo a la pobreza" y considera presuntos delincuentes a las personas en situación de calle.

También advirtió durante su comparecencia que el año pasado la comisión que preside registró un incremento de 100 por ciento en el número de quejas por detención arbitraria, así como de torturas por parte de agentes de la SSP y de la Policía Judicial.

En la sesión de preguntas y respuestas, el perredista Gilberto Ensástiga Santiago expresó su preocupación porque la discusión pública sobre estas iniciativas entre el ombudsman y la SSP, alcance un nivel de confrontación como el que existió entre los anteriores titulares del organismo y de la Procuraduría capitalina, Luis de la Barreda y Samuel del Villar.

Propuso que en la ALDF se construya un puente de comunicación entre ambas instancias, e invitó a la CDHDF a participar en la discusión de las iniciativas. Alvarez Icaza fue más allá y propuso un modelo de trabajo interinstitucional, como el que se creó para elaborar el diagnóstico del sistema penitenciario y las propuestas para su mejoramiento.

En este punto hizo un reconocimiento al Gobierno del Distrito Federal por demostrar su voluntad política al hacer posible dicho proyecto; "espero que este modelo se pueda aplicar en otros temas", como el de la seguridad pública, donde se requiere de la suma de voluntades y convicciones, aseveró.

Antes, durante el posicionamiento de los partidos, todos coincidieron en reconocer la labor desarrollada por este órgano autónomo y el profesionalismo de su titular, y rechazaron que su labor implique la defensa de los delincuentes. Aunado a ello, exhortaron al gobierno de la ciudad a que acate las recomendaciones que le ha enviado y muestre el compromiso para corregir las situaciones anómalas que imperan en las corporaciones policiacas.

Los diputados de PRI, PAN, PRD, PVEM, Democracia Social y Convergencia mencionaron que "es muy preocupante" la situación que se vive en materia de derechos humanos en el Distrito Federal, y por tanto el reto que tiene frente a sí el ombudsman es enorme. En su opinión, se debe encontrar un equilibrio justo entre seguridad pública, garantías constitucionales y derechos humanos; este equilibrio no es otra cosa que "legalidad" y "constitucionalidad". Esta es la medida que debemos reconocer para identificar el grado de libertad que requerimos y de seguridad que exigimos.

El Partido Acción Nacional, por medio del diputado Miguel Angel Toscano, intentó atacar al ombudsman argumentando problemas de eficiencia, pues en un año sólo emitió 13 recomendaciones, lo que representa un costo de 10 millones de pesos por recomendación para la sociedad.

Alvarez Icaza respondió con otra operación contable, al considerar que si el organismo atendió en 2002 a casi 32 mil personas, iniciando 6 mil 264 quejas, el costo de la atención por persona es de sólo cinco pesos, y recordó que las recomendaciones son el mecanismo extremo que tiene la CDHDF para revertir una situación de violación de derechos humanos, pues por otras vías la intervención del ombudsman repercutió en procesos administrativos o penales contra 463 funcionarios, de los cuales 203 ya fueron sancionados.