Presenta la titular, Bertha Luján, su informe 2002 ante la Asamblea Legislativa

Concentran PGJDF y SSP la mayoría de quejas ante la Contraloría General

En el Instituto del Taxi y la Tesorería, el mayor avance contra la corrupción, afirma

ELIA BALTAZAR

Agentes del Ministerio Público y policías judiciales y preventivos concentran el mayor número de quejas de ciudadanos y la mayoría de las sanciones aplicadas por la Contraloría General del gobierno capitalino, según el informe de actividades 2002 que entregó esta dependencia a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el documento se destacan particularmente los resultados del combate a la corrupción en las administraciones tributarias, el Instituto del Taxi y en las áreas de licencias y permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En esta última se detectó la emisión de certificados apócrifos de uso de suelo para obtener licencias de construcción y de establecimientos mercantiles, lo que derivó en la presentación de 107 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de las que ya se iniciaron 74 averiguaciones previas.

Esos casos involucran principalmente a particulares, más que a firmas inmobiliarias. Y ocurren en todas las delegaciones políticas, informó la titular de la Contraloría, Bertha Elena Luján.

La funcionaria destacó que los más importantes resultados en materia de combate a la corrupción se obtuvieron el año pasado mediante los operativos puestos en marcha en el Instituto del Taxi y en las administraciones tributarias.

En cifras totales, la Contraloría inició procesos administrativos en contra de 3 mil 869 servidores públicos, de los cuales fueron sancionados mil 792. En su informe, la contralora solicitó a la ALDF discutir el tema del recorte de recursos que sufrió la dependencia. Informó que el año pasado se desarticuló a cuatro bandas dedicadas a cometer delitos fiscales, de lo que resultó la detención de 70 presuntos responsables. Estas personas, explicó la contralora, operaban particularmente en las administraciones tributarias de Legaria y San Jerónimo, donde emitían documentos apócrifos.

Luján explicó que los casos de Seduvi, las administraciones tributarias y las oficinas de licencias están considerados por las autoridades como focos rojos para su atención.

Respecto de la revisión de las cuentas públicas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la contralora general destacó que la mayoría de las observaciones de los órganos de fiscalización tienen que ver con asuntos de carácter administrativo, que involucran faltas normativas. Así lo ratifica, dijo, el informe presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa para el ejercicio 2001, que no arroja resultados importantes en términos de desviación de recursos. No obstante, Luján aceptó que hay algunos asuntos que sí se derivaron al área de responsabilidades y que están consignados en el informe entregado a los diputados. Estos casos, explicó, involucran particularmente al Ministerio Público, a policías judiciales y a elementos de las diferentes corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

Agregó que se ha incrementado el número de quejas y denuncias de los ciudadanos, pero no sólo referentes a la procuraduría.

A la fecha suman 4 mil 51 las quejas y denuncias presentadas contra servidores públicos, 30 por ciento de ellas por negligencia, 24 por ciento por abuso de autoridad, 17 por ciento por actitudes de prepotencia, 14 por ciento por solicitud de dádivas y 7 por ciento por deficiencias en trámites y servicios. Del total, aproximadamente mil denuncias involucran a personal de la PGJDF. Hay actualmente más de 300 expedientes abiertos en la contraloría interna de esa dependencia, y en al menos 150 casos se notificó al Ministerio Público para su investigación, pues significarían la comisión de algún delito.