Amenazas de muerte contra activistas que llevan el caso Agua Fría, en Oaxaca

Pide la CIDH a México proteger a defensores de derechos

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano que adopte medidas cautelares para preservar la vida e integridad personal de cinco defensores de derechos humanos que fueron amenazados de muerte en el estado de Oaxaca.

Los abogados y voluntarios que defienden a 17 campesinos acusados de haber asesinado a 26 indígenas en Agua Fría, Oaxaca, recibieron en dos ocasiones anónimos en las oficinas de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), con sede en esa entidad.

Las autoridades del país tienen de plazo hasta finales de este mes para responder a la CIDH sobre las medidas que solicitó para proteger a Samuel Castellanos Piñón, Beatriz Casas Arellanes, José Raymundo Díaz Taboada, Graciela Calvo Navarrete y Mayra Irasema Jarquín Luján.

En un comunicado, la comisión señaló que el gobierno mexicano deberá acordar en consulta con los interesados el tipo de medidas que se aplicarán, las cuales tendrán una vigencia de seis meses. Después de ese tiempo, la CIDH decidirá si procede continuar con la protección.

En conferencia de prensa, Nahyeli Ortiz, coordinadora jurídica de ACAT, consideró que detrás de estas amenazas podrían estar implicados policías judiciales del estado, que fueron acusados de haber torturado y detenido arbitrariamente a los campesinos.

La noche del 31 de mayo del año pasado ocurrió la masacre de 26 indígenas de Santiago Xochiltepec, en el paraje denominado Agua Fría. Al día siguiente, 17 habitantes de Las Huertas, Teojomulco, fueron detenidos en sus domicilios particulares por un grupo de judiciales, que estaban encabezados por un hombre encapuchado.

El primero de marzo de 2003, los abogados de ACAT -quienes habían asumido el caso en octubre pasado- encontraron en las instalaciones de la organización civil el primer anónimo con la advertencia, dirigida al abogado Samuel Castellanos y a la voluntaria Beatriz Casas, de que si no se retiraban del caso, en un plazo de cinco días iban a morir.

Posteriormente, el 31 de marzo hallaron otro anónimo en la puerta de las oficinas, que fue escrito con tinta roja en máquina de escribir. Ahí les advirtieron a ellos y a otras personas vinculadas al caso (integrantes de la Organización Indígena de Derechos Humanos de Oaxaca y del Comité de Derechos del Pueblo), que debían abandonar esta tarea a más tardar en 30 días.

Ortiz señaló que la entrega de estos escritos coincidió con momentos decisivos del proceso legal. Cuando recibieron el segundo anónimo estaban por presentarse los testimonios contra varios agentes, entre los que se encuentra el ex director de la Policía Ministerial del estado, Notni Ahuet, quien comandaba el grupo que hizo las detenciones.

Ante esta situación, ACAT se reunió el miércoles pasado con Ricardo Sepúlveda, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y le solicitaron que se haga una investigación a fondo, la aplicación de las medidas y un pronunciamiento del gobierno federal.

En respaldo a esta petición, ayer se dio a conocer un pronunciamiento del Comité de Enlace con el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en el que manifestó su "más enérgica protesta" por las amenazas de muerte y expresó su preocupación de que en épocas recientes ha sido una "constante" el hostigamiento a los defensores de derechos humanos.

Las organizaciones civiles pidieron al gobierno que realice una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre estos actos de intimidación, que haga públicos los resultados y lleve a los responsables ante la justicia.