Se ejercería una presión adicional al presupuesto, señala Nicéforo Guerrero

Veto o controversia del Ejecutivo a la ley sobre tarifas eléctricas, advierte Energía

Arguye que al momento de ser votada la iniciativa en el Senado se cometieron anomalías como la falta de quórum

ISRAEL RODRIGUEZ

Nicéforo Guerrero, subsecretario de Energía, reveló que el Ejecutivo federal interpondrá una controversia constitucional, aun antes de ejercer su derecho de veto, en caso de que la Cámara de Diputados ratifique el decreto del Senado que autoriza una reducción en las tarifas eléctricas en todo el país.

"Nos estamos poniendo en contacto con los diputados que evaluarán esta iniciativa para hacerles ver que esta medida pondría en peligro la operación, el mantenimiento y el suministro de energía eléctrica en el mediano plazo", informó el funcionario.

El funcionario de la Secretaría de Energía consideró que la disposición del Senado de crear un nuevo sistema tarifario tiene un sentido "electorero", y manifestó que también se están realizando conversaciones con los estados para que evalúen el efecto negativo de esta propuesta.

En entrevista con La Jornada, Guerrero consideró que se podrá fundamentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al momento de ser votada la iniciativa se cometieron diversas anomalías, como la falta de quórum.

Asimismo, rechazó que el Senado tenga la facultad legal de imponer las tarifas eléctricas, porque sólo al Ejecutivo tiene por ley esta potestad.

Reconoció que pese a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pudiera lograr un superávit primario de alrededor de 10 mil millones de pesos en 2003, si se aplica la medida propuesta por el Senado se ejercerá una presión adicional a las finanzas públicas.

Actualmente, dijo, se está valorando la posibilidad de interponer la controversia constitucional o aplicar el veto presidencual.

La reclasificación tarifaria propuesta por el Senado define criterios salariales y económicos, así como factores climatológicos. También se determina trato preferencial para indígenas y descuentos de 20 por ciento a pensionados y jubilados en el pago del suministro de energía eléctrica. Además, se propone prolongar el horario de verano hasta ocho meses en regiones de clima extremo.

Nicéforo Guerrero calificó a esta propuesta de "electorera", y dijo que implicará que la CFE deje de percibir casi 11 mil millones de pesos anuales.

Se llevaría al sector a la crisis, alerta Noé Navarrete

ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados solicitó la comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, con objeto de que explique el impacto económico del nuevo esquema tarifario por uso de energía aprobado por el Senado de la República.

Noé Navarrete, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Energía, dijo que de prosperar la iniciativa del Senado "estaríamos llevando al sector eléctrico a una condición crítica, la cual afectaría a los usuarios por los apagones o cortes de electricidad".

-¿Qué efecto presupuestal tendría la disminución en las tarifas?

-Aquí se deja de percibir una cantidad, por lo menos 11 mil millones de pesos, lo cual puede subir incluso a 16 mil. Lo que se tiene destinado a mantenimiento tan sólo para este año son 4 mil millones de pesos.

-¿Cuál sería la propuesta que ustedes tienen para beneficiar a los usuarios y no incurrir en el desajuste presupuestal?

-Esta medida impacta en mayor dimensión a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, aunque obviamente que a los usuarios de Luz y Fuerza del Centro también los afectaría. Pero para modificar las tarifas no se puede analizar desde una perspectiva particular, tiene que ser desde un entorno más general, incluso la reforma eléctrica que tanto se ha manejado, una reforma eléctrica incluye también el análisis tarifario o sea, tiene que hacerse desde una perspectiva de un análisis estructural y no de uno puntual como es este caso.

También el diputado del PRD Alfredo Hernández Raigosa sostuvo que la reducción de las tarifas "es limitada, porque margina de los beneficios a más de 20 millones de usuarios del centro de la República; no incluye a los sectores desprotegidos ni prevé mecanismos contra decisiones unilaterales de los funcionarios de la CFE, porque aún incrementan los precios de manera arbitraria".