Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 12 de abril de 2003
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Capital

Falso, decir que las percepciones tendrían un aumento de hasta 57%, afirma Medel

Rechaza el sindicato del GDF integrar prestaciones al salario de trabajadores

Insiste en su petición de incremento y homologación de condiciones laborales con el Metro

LAURA GOMEZ FLORES

El Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) rechazó la propuesta de la administración capitalina de integrar las prestaciones de sus agremiados a su salario, pues "no representa ningún incremento real a sus percepciones, y los porcentajes de entre 21 y 57 por ciento que maneja (la autoridad) son resultado de la conjunción de las mismas".

La postura de rechazo a la medida a entregarse el próximo lunes al Gobierno del Distrito Federal, explicó el presidente del Comité Ejecutivo General del SUTGDF, José Medel Ibarra, incluirá su demanda de incremento salarial de 10 por ciento y la homologación de sus prestaciones respecto a las recibidas por los trabajadores del Metro, cuya aplicación tendría un costo de 500 millones de pesos.

La intención es que los 90 mil trabajadores de base del gobierno se beneficien con un aumento real en prestaciones, como el pago del Día de la Madre, que pasaría de 280 a 2 mil 550 pesos; apoyo al salario, de 150 a 750; Día del Trabajador, de 90 a 2 mil pesos, Día del Niño, de 94 a mil pesos; y despensa, de 37.50 a 850 pesos, dado que "tenemos el mismo patrón, aunque se alegue que el Metro es un organismo descentralizado", señaló.

Las autoridades tienen hasta el 30 de abril, cuando deben firmarse las condiciones generales de trabajo, para responder afirmativamente a nuestras demandas y "evitar la parálisis de la ciudad, pues la gente está dispuesta a realizar paros escalonados o generales de no obtener ningún beneficio, y nosotros estamos obligados a apoyarlos, si lo mandata la asamblea", afirmó el dirigente sindical.

Mencionó que la experiencia obtenida el año pasado los obliga a "no aceptar ningún acuerdo verbal de buena fe, bajo el riesgo de quedar incumplido, como sucedió el año pasado, y analizar la posibilidad de conformar un frente común sindical, conjuntamente con el Metro y otras organizaciones, para defender nuestras conquistas laborales y acabar con la idea que de que somos una carga muy onerosa para el erario".

Actualmente, la nómina representa para el gobierno la erogación de 9 mil millones de pesos anuales pero busca, mediante la compactación de las prestaciones, reducir el costo de su servicio administrativo y dejar en la indefensión a alrededor de 700 personas que prestan servicio en las 120 oficinas de recursos humanos, lo cual resulta ilógico cuando ha impulsado una política de atender a los que menos tienen, indicó.

La respuesta favorable a nuestro pliego petitorio, dijo, representaría incrementar en 500 millones de pesos la nómina, pero no significaría ningún desajuste presupuestal y permitiría resarcir la pérdida del poder adquisitivo de la gente, "lo cual parece no querer (el gobierno capitalino) y prefiere enfocarse en un ataque al sindicalismo, lo cual no nos amedrenta".

Por su parte, Patricia Tenorio Jiménez, auxiliar de la Secretaría de Trabajo del SUTGDF, precisó que a diferencia de otras administraciones se han interpuesto contra el gobierno encabezado por López Obrador, 5 mil demandas ante los tribunales por despido injustificado, cambio de área o negativa de préstamos, entre otros, las cuales han sido favorables a los afectados.

La violación de las condiciones generales de trabajo ha sido constante y llegado hasta la agresión física, a lo cual se suma la cancelación de pago de prestaciones desde la primera quincena de enero, horas extras y la no aplicación de 7 por ciento de incremento salarial prometido.

"Han pasado seis quincenas y los salarios de los trabajadores, que van desde los mil 600 hasta los 4 mil 600 pesos mensuales, han quedado tablas, porque no pueden cobrar sus notas de mérito, previsión social, despensa o los diversos apoyos económicos a que tienen derecho, porque las autoridades no quieren ceder en su imposición de compactar sus prestaciones y salarios, aun cuando violen la Ley Federal del Trabajo", indicó.

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