Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Miércoles 16 de abril de 2003
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Política

Arnoldo Kraus

Ejecuciones y disenso

Fidel Castro ha cumplido 43 años en el poder. Ha regido el destino de Cuba durante más de 16 mil días. Agobiado por el cruento e inhumano bloqueo estadunidense y mermado por la transformación de Rusia, su otrora protectora, ha dirigido el destino de la isla contra viento y marea, aislado, pero sin permitir el disenso, sin partidos de oposición, sin democracia, sin prensa libre y sin que se sepa con certeza si la mayoría de sus gobernados lo apoyan o lo repudian.

Dieciséis mil días en el poder son demasiados: la objetividad y la autocrítica se pierden, amén de que se hace caso omiso de ideas distintas, de discrepancias que pudiesen ser constructivas. Quien haya leído el Granma sabrá que sólo reproduce el pensamiento gubernamental y que la opinión pública "abierta" no existe. No es suficiente el acoso de Estados Unidos para entender las razones por las cuales en Cuba no se permiten las diferencias políticas ni la posibilidad de expresarse con libertad. La ejecución de tres secuestradores de una lancha, acusados por "graves delitos de terrorismo" en un juicio sumarísimo, refleja los lastres que conllevan 43 años de ejercer el poder absoluto.

El gobierno cubano afirmó que "tras analizar con profundidad los hechos probados (...) y la gravedad de los mismos y los peligros potenciales que implicaban (...) para la seguridad del país, sometido a un plan siniestro de provocaciones fraguado por los sectores más extremistas del gobierno de Estados Unidos", se decidió ejecutar a los terroristas. De "los terroristas" se sabe que secuestraron la lancha y que, según el canciller Felipe Pérez Roque, eran "mercenarios a sueldo de Washington" que recibían dinero para financiar "las acciones de la oposición". Se afirma que los actos sumarísimos se llevaron a cabo para preservar la "seguridad nacional", así como para evitar que cuajen los planes de Washington para crear una "quinta columna" que desestabilice la revolución.

Si bien todo lo anterior puede ser cierto, no es razón suficiente para asesinar, "arbitrariamente", a tres connacionales. Hay que agregar que 75 opositores acusados de "conspirar" con Estados Unidos han sido condenados a penas que oscilan entre seis y 28 años de cárcel.

De los ejecutados y del acto sumario se sabe que tenían 21 y 31 años -del tercero no hay datos-, que la pena de muerte se decidió con toda celeridad -menos de tres días-, que se desconocen los detalles del juicio y si acaso hubo jueces que defendiesen a los acusados. La brutalidad del proceso fue enorme, pues no se permitió a los familiares verlos antes de la ejecución y a posteriori se les mostró el sitio donde yacían enterrados.

Se sabe también que organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, condenaron el acto, amén de que han tenido noticias de varias ejecuciones en los últimos años, que no han sido hechas públicas por el régimen cubano.

Se dice que los dirigentes cubanos ejecutaron a los disidentes como antídoto para paliar la agresión de Estados Unidos contra la isla y en un afán de preservar su autodeterminación y soberanía. Lo anterior, pese a los códigos éticos mundiales que consideran que la pena de muerte es la máxima expresión contra los derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la vida.

La pena de muerte como castigo ejemplar, como vía para remediar problemas, es ineficaz. No es, como decía Arthur Koestler -luchador ejemplar, otrora comunista, antifranquista, quien durante la guerra civil española estuvo condenado a muerte tres meses bajo la acusación de espionaje-, "cuestión de estadística y eficiencia, sino también de moralidad y sentimientos". La pena de muerte es, ejérzase donde se ejerza, el símbolo más antiguo y procaz de esa tendencia de la humanidad con la que siembra su audestrucción moral. Si se practica desde el Estado y se lleva a cabo como castigo para salvaguardar la soberanía nacional, sin que se ventilen públicamente los casos ni se tome en cuenta la opinión de otros sectores de la población, se corre el gravísimo riesgo de recurrir y rememorar las conductas del comunismo estaliniano.

Nada bueno cosechará Castro ejecutando a la disidencia. Los juicios sumarios, la enjuta opinión pública, la falta de información acerca del proceso que determinó la condena, la vindicación de la pena de muerte y el abuso del poder son elementos que presagian tormentas, desacuerdos y discrepancias dentro de la isla no sólo por la abominable y nauseabunda hostilidad de Estados Unidos, sino porque, lamentablemente, el disenso y las diferencias no son bienvenidos.

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