Abatir la pobreza y hacer eficiente el sector, propósitos del acuerdo para el campo

Aceptan campesinos un fondo de emergencia de sólo $2,800 millones

También están de acuerdo en aplicar salvaguardas del TLCAN para maíz y frijol

ANGELICA ENCISO L.

Con 281 medidas plasmadas en el acuerdo nacional para el campo, el gobierno federal y las organizaciones campesinas se plantean transformar la situación del agro para alcanzar la "soberanía y seguridad alimentarias", abatir la pobreza y hacer eficiente el sector.

Para lograr la redacción del documento los agricultores han flexibilizado sus posiciones. Por ejemplo, redujeron su demanda económica, y de los 20 mil millones de pesos que exigían como fondo de emergencia sólo se presupuestaron 2 mil 800 millones; acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tema en el que planteaban como irreductible su demanda de excluir maíz y frijol, aceptaron la aplicación de salvaguardas y el establecimiento de acuerdos complementarios.

A partir de la firma del acuerdo para el campo, el próximo 28 de abril, el gobierno tendrá que aplicar acciones inmediatas. En 30 días deberá actualizar las reglas de operación de los programas, de acuerdo con lo convenido en la negociación del documento, y en septiembre debe presentar su propuesta de presupuesto para el desarrollo del sector rural, correspondeinte a 2004, ante la comisión de seguimiento del acuerdo.

En el proyecto más reciente falta establecer las fechas para la puesta en marcha de las medidas acordadas entre los secretarios de Gobernación, Agricultura y Economía y los dirigentes de El campo no aguanta más, El Barzón, el Congreso Agrario Permanente y la Confederación Nacional Campesina, durante las negociaciones en la comisión de organización y acuerdos, que después de la firma del texto se convertirá en comisión de seguimiento.

En el apartado de reforma estructural se establece la aplicación de una política de fomento productivo y desarrollo económico y una política social para el desarrollo rural sustentable, cada una con una serie de instrumentos que se prevé tendrán un "enfoque nacionalista".

Además, se establecen como propósitos generales alcanzar "la soberanía y la seguridad alimentarias", y la eliminación de la pobreza y la desigualdad rural-urbana, porque "se considera un requisito para consolidar la soberanía nacional y el proyecto de ser una nación más próspera, independiente, justa y cohesionada".

Entre las acciones inmediatas se plantea que la comisión de seguimiento tenga entre sus funciones revisar el ejercicio del presupuesto de los programas federales existentes, que responden a la emergencia en el campo 2003, y las reglas de operación.

En consulta con las organizaciones campesinas se instrumentará una política de apoyos, subsidios y compensaciones a los productores nacionales sólo este año. También se acordó ampliar la oferta de servicios de salud en el medio rural, donde existen 2 millones de productores de maíz y frijol que contarán con "servicios de atención de primer nivel", mediante el aporte de 400 millones de pesos.

Este año el Ejecutivo federal, en consulta con las agrupaciones firmantes del acuerdo, elaborará una propuesta integral de salud y seguridad social para la población rural, "orientada al desarrollo de un sistema universal de acceso". Para los adultos mayores se acordó un fondo de 500 millones de pesos.

En el apartado del TLCAN y otros acuerdos comerciales internacionales, se establece que el Ejecutivo federal realice una evaluación integral de los impactos e instrumentación del capítulo agropecuario.

Asimismo, el texto indica que se aplicarán "todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes correspondientes y se procederá, con base en lo establecido en el propio TLCAN y conforme a los tiempos y las estrategias más convenientes para el interés nacional, a realizar consultas y convenir con Estados Unidos y Canadá las adiciones, en conformidad con el articulado y anexos establecidos en el tratado".

Esto aunque desde que entró en vigor el TLCAN no se han cobrado los aranceles correspondientes al maíz.

De igual forma se determinó que el gobierno iniciará de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con el propósito de revisar lo establecido en el TLCAN para maíz blanco y frijol, y convenir con las contrapartes sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente, que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias.

Mientras se logra lo anterior, se suspenderá la asignación de cupos de importación de maíz blanco, excepto en casos comprobados de desabasto, mientras que para el frijol el gobierno comenzará una investigación contra prácticas desleales.

Otra medida del acuerdo es canalizar recursos para impulsar la organización económica campesina, con el otorgamiento de apoyos preferenciales para fortalecer la estructura interna y la administración diferenciada de las agrupaciones.

Acerca del financiamiento, se establece que Financiera Rural operará mediante sociedades financieras populares, cooperativas de ahorro y préstamo, almacenadoras y uniones de crédito, entre otras, en las cuales los productores participen en forma activa. En relación con el desarrollo social, se promoverán fondos regionales de combate a la miseria con descentralización de funciones y recursos solidarios, además de que se promoverá la ley de derecho a la alimentación.

Los conflictos sociales derivados de problemas de tenencia de la tierra se considerarán como de "obvia y urgente resolución" y para ello se establecerá una agenda de trabajo para las regiones conflictivas.