Adolfo Sánchez Rebolledo

Cuba: grave traspié

El fusilamiento sumario de tres secuestradores en Cuba es un acto indefendible, independientemente de si México y otros países votan o no en favor de la resolución sobre los derechos humanos en la isla. En ese punto coincido plenamente con el editorial de La Jornada del pasado 12 de abril cuando afirma: "La pena de muerte es una violación a dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes.

"La aplicación de esa condena no constituye un acto de defensa frente a una amenaza inminente contra la vida: consiste en el homicidio premeditado de un delincuente para castigarlo. Sin embargo, el mayor de los crímenes puede y debe ser sancionado mediante otros métodos."

En otras palabras: no se puede combatir la pena de muerte cuando se trata de México y otros estados y aprobarla cuando se aplica por razones políticas, supuestamente legítimas y legales, como ha hecho el gobierno cubano.

Cuba argumenta que los juicios contra varias decenas de opositores y el castigo a los secuestradores son formas de autodefensa ante los ataques concertados de la mafia de Miami, apoyada por el gobierno estadunidense. Es posible, no lo dudo, que Estados Unidos esté detrás de estos hechos, pero aun así no se explica por qué Cuba aceptó la provocación de la Oficina de Intereses en La Habana y puso en la cárcel, con penas desproporcionadamente altas para los delitos imputados, a supuestos opositores que de antemano sus órganos de seguridad vigilaban estrechamente y de cuyas actividades tenían hasta los mínimos detalles.

Si Cuba, al decir de Ricardo Alarcón, aplica con desgano la pena de muerte, Ƒpor qué ahora, justamente en este caso, vuelve a imponerla, cuando más daño hace al prestigio de la revolución? Además, "no se condena a muerte a los secuestradores, sobre todo teniendo en cuenta que no hubo víctimas", dijo el laureado Saramago luego de pronunciar estas terribles líneas de repudio: "Cuba no ha ganado ninguna heroica batalla fusilando a tres hombres, pero sí ha perdido mi confianza, ha dañado mis esperanzas, ha defraudado mis ilusiones. Hasta aquí he llegado". El Nobel no discute el legítimo derecho de las autoridades cubanas a aplicar sus leyes y a defender la soberanía, siempre amenazada, de su país, sino la insensibilidad para aceptar que la disidencia existe, que es una realidad surgida de la propia sociedad cubana y que no siempre ni en todos los casos se trata de una conspiración externa combatible con métodos policiacos.

Ciertamente, nadie debería engañarse en cuanto a los peligros absolutamente reales que se ciernen sobre Cuba, ahora que el expansionismo estadunidense obtiene su primera victoria significativa. Por ello no deja de ser una ironía cruel que la revolución cubana sea condenada por la situación de los derechos humanos en el interior, cuando la ONU no hizo nada ante la muerte de miles civiles inocentes en Irak que ardieron a causa de las bombas inteligentes del Pentágono. En definitiva, a pesar de su "universalidad", hay dos varas, dos medidas diferentes para calibrar las violaciones a los derechos humanos en el mundo y sus consecuencias. Ese es también un hecho incontrovertible.

Urge revalorar el sentido de la llamada diplomacia preventiva en la globalización, la pretensión de imponer a los estados mecanismos de supervisión que, ya se ha visto, no se compadecen con las pretensiones nacionalistas y excluyentes de la Gran Potencia. Se corre el riesgo de que a título de ciertos principios supranacionales, como la seguridad o los derechos humanos, concebidos y aplicados por el imperio, el derecho internacional quede hecho trizas en beneficio de unos cuantos intereses particulares.

En ese sentido llama la atención el punto de vista expuesto por el actual presidente argentino, cuyo país tradicionalmente ha condenado a Cuba en el tema de derechos humanos. Si Argentina, Brasil y otros países se abstienen de votar en favor de la resolución en Ginebra lo harán atendiendo a otras consideraciones que no tocan directamente el tema de la libertades públicas y otros derechos, cuya existencia en Cuba hoy se cuestiona, sino más bien, al contexto internacional en el que tiene lugar el debate.

El presidente Eduardo Duhalde declaró a la agencia CNN que "Argentina no va a condenar a Cuba, un pequeño país bloqueado. Lo consideramos muy inoportuno teniendo en cuenta esta guerra unilateral violatoria de derechos humanos". Y añadió que esa postura tenía el respaldo de Brasil: "Personalmente he hablado en dos oportunidades esta semana con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y hemos dado instrucciones a nuestros funcionarios, nuestros embajadores, para que coordinen el voto", afirmó a la misma agencia. Luego de condenar los hechos en Cuba, el gobierno mexicano debería seguir el mismo camino.