Acusado de fraude por $88 millones, no perderá registro

IFE, sin facultad para proceder contra el PSN: la dirigencia

Viajes, casas y autos, gracias a la subvención pública

JOSE GALAN

Las investigaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y de su presidente, Gustavo Riojas Santana, se resumen en una palabra: fraude. La suma es de 87 millones, 911 mil 128 pesos con 98 centavos. Las indagaciones revelan empresas familiares creadas días antes de obtener el registro, en julio de 1999, que presuntamente editaron no se sabe qué propaganda y dieron cursos de capacitación a no se sabe qué militantes, pero que, eso sí, utilizaron recursos recibidos de la autoridad electoral.

De allí también salieron residencias, automóviles y viajes; transferencias de fondos al extranjero por medio de casas de cambio y, ahora, candidatos a puestos de elección popular. Los datos son contundentes: listas de hasta 500 militantes presuntamente fantasmas que cobraban por servicios partidistas; presunto robo de la documentación comprobatoria de gastos; trabajos de impresión inflados, e inclusive una empresa ni siquiera reconocida por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y, por si fuera poco, en su defensa, el PSN insistió en que el IFE no tiene facultades para proceder por la vía legal, a pesar de que la ley lo faculta para ello. Son los elementos que constituyen el punto central del dictamen en contra del Partido de la Sociedad Nacionalista, aprobado por la Comisión de Fiscalización del IFE, y que será aprobado en la reunión del consejo general el próximo 30 de abril, cuando, a pesar de que no perderá su registro, se le impondrá una multa de 140 millones 800 mil pesos.

Falta frave: Comisión de Fiscalización

En su dictamen final, la comisión considera que, "indudablemente, la falta debe considerarse grave, pues cuando un partido político, siendo entidad de interés público, utiliza recursos del erario para que sus líderes obtengan ganancias por medio de empresas de su propiedad, se trastocan los principios de legalidad y transparencia que inspiran el sistema de partidos en México. La falta cometida, evidentemente, atenta contra los principios del estado democrático de derecho, pues el PSN utiliza su patrimonio en beneficio de sus líderes".

El expediente completo, en poder de este diario, fue integrado de manera oficiosa por el IFE a raíz de una denuncia anónima presuntamente elaborada por trabajadores inconformes de ese partido, recibida por dicha comisión el 2 de mayo de 2002. A pesar de la oposición del propio PSN, el IFE actuó por oficio ante la presunción de fraudes y violación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a lo largo de un año, incluyendo información del Instituto Electoral del Distrito Federal.

El 9 de mayo de 2002, siete días después de recibir la denuncia, la Comisión de Fiscalización inició el expediente PCFRPAP/45/02 con base en la denuncia anónima que informó de un sobreprecio de hasta 400 por ciento en publicaciones, cursos e investigaciones; que la información dirigida al IFE sobre la publicación de 100 mil revistas mensuales y hasta 120 mil publicaciones trimestrales fue ficticia, porque presuntamente sólo se solicitaron al proveedor 500 de las primeras y 5 mil de las segundas; además, el impresor "no tiene una sola máquina de imprimir, sólo compra los ejemplares para entregar algunas muestras a la autoridad electoral".

Además, el PSN presuntamente entregó reconocimientos por actividades políticas a 593 militantes, más de 40 por ciento de los cuales ni siquiera están en el Registro Federal de Electores. Las empresas son DISC, SA de CV, cuyo principal accionista es Gustavo Riojas Santana. Otra empresa a la que se le atribuyen cursos de capacitación, que nunca se realizaron, es PASE, SA, de la que no existe registro público o fiscal, y que estuvo a cargo de Gabriela Riojas Santana, hermana del líder del partido, así como GURIOS IMEN, SA, propiedad de Gustavo Riojas Santana, de su esposa Bertha Alicia Simental García -secretaria general del partido-, y de sus hijos Gustavo Humberto y Daniel Alejandro Riojas Simental. El abogado del PSN es Edmundo Díaz Padilla, cuñado de Riojas Santana.

La denuncia anónima sostiene que en menos de dos años, la familia Riojas Simental compró dos casas en el Pedregal de San Angel: en las calles de Farallón y de Gruta, cercanas a la avenida Paseos del Pedregal. Además, se adquirieron dos automóviles Jaguar del año, una camioneta BMW, tres autos compactos de la misma marca, un Lincoln, un Transam, una Suburban blindada y dos Mercedez Benz convertibles.

A partir del 15 de mayo de 2002, la Comisión de Fiscalización determinó realizar una investigación preliminar solicitando informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Registro Público de la Propiedad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Sistema de Administración Tributaria. Las indagaciones continuaron por tres meses, y ante el cúmulo de datos recibidos, la comisión decidió otorgar un número definitivo de expediente: P-CFRPAP-09/02 vs PSN.

Para el 17 de septiembre de ese año, el secretario técnico de la comisión, Arturo Sánchez Gutiérrez, giró el oficio STCFRPAP/665/02, dirigido a Marcela Pérez García, encargada del órgano de finanzas del PSN, en el que solicitó un informe detallado respecto a sus ingresos correspondientes al pago de reconocimientos por actividades políticas durante los años 2000 y 2001. La respuesta llegó el 7 de octubre, en la que la responsable del órgano de fiscalización del PSN sostiene que el IFE no puede actuar de manera oficiosa, y "lamentablemente, estamos imposibilitados materialmente para rendir la información solicitada", porque los documentos "fueron robados por sujetos no identificados". La explicación es que esos documentos estaban en el auto de la señora Bertha Alicia Simental de Riojas, que "fue robado".

Y mientras el IFE profundizaba en las investigaciones, el 10 de diciembre de 2002 llegó al instituto un nuevo anónimo con una lista de 593 nombres que cobraron presuntamente cheques del partido, incluyendo a Adhara Amaranta Orozco Medina, a quien el anónimo relaciona sentimentalmente con Riojas Santana -"amante, no labora"- y a sus hermanos Aldo, Alia Alhena, Ariel y Alan.

El 15 de enero, el órgano de fiscalización instruyó al secretario técnico para que emplazara al PSN, "contra quien se instauró el presente procedimiento oficioso", presentándole todos los elementos que integran el expediente y otorgándole un plazo de cinco días para contestar lo que a su interés conviniere, lo que ocurrió al día siguiente. Ese mismo día se le dio vista a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda del expediente sobre el caso. El 21 de enero el PSN solicitó una ampliación del plazo, que le fue concedido.

La contestación al IFE llegó hasta el 4 de febrero de este año. El PSN se opuso a que "los documentos en tomos desconocidos" pudieran ser considerados como prueba, y exigió a la Comisión de Fiscalización que se archivara el expediente como "asunto total y definitivamente concluido", porque "no existe queja formulada en los términos de ley" y "no hay posibilidad de que la comisión instruya procedimientos oficiosos", lo que argumentó legalmente en un extenso legajo, en el que finalmente achacó a "intrigas formuladas en escritos anónimos" la situación por la que atraviesa.

La petición fue considerada infundada por el IFE, que encontró suficientes elementos de sus propias investigaciones para considerar sustentanda la denuncia anónima.