Reclama vasto territorio de la selva, que abarca Montes Azules y áreas circundantes

Amenaza comunidad lacandona con expulsar a habitantes de 30 localidades

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Chancala, Chis., 26 de abril. Una serie de problemas sociales nunca resueltos e intereses particulares, incluso empresariales, se dan cita en los nuevos conflictos ocurridos en el norte de la selva Lacandona, expuestos a la luz pública luego de las agresiones realizadas las semanas pasadas por miembros de la llamada comunidad lacandona contra diversos poblados de la región.

Hoy se reunieron en Nuevo Francisco León representantes de 30 comunidades y diversos particulares, todos afectados en alguna medida por las exigencias de la comunidad lacandona.

Comunidades pertenecientes a la coordinadora Xi'nich acusan a la Comunidad Lacandona de pretender apoderarse del acceso a la laguna Mariscal, a la cual han encontrado atractivo turístico.

Ocho localidades de la Unión de Comunidades de la Selva (Ucisech), miembros de Xi'nich, exigen que la carretera se respete como está trazada desde los años 80, para cual, además, los madereros de Cofolasa que deforestaron la selva "ya habían hecho el desmonte", dijeron hoy aquí a La Jornada los representantes de Ucisech.

Los comuneros de Frontera Corozal (parte de los dueños "legales") quieren el camino en sus tierras: "Dicen proteger la selva, y lo primero es meter otro camino, que no se necesita", señala Ucisech, presente en la región que los colonos choles y tzeltales de la selva conocen como El Desempeño, la cual está conformada por Nuevo Francisco León, Nuevo Jerusalén, Lázaro Cárdenas, Nuevo Progreso, Nuevo Mariscal, Nuevo Pedregal, Nuevo Tila y Nuevo Tumbalá.

A ellos también los amenazan con el despojo de tierras que la comunidad lacandona reclama como propias. Los pobladores se remiten al convenio firmado con todos los representantes de ese grupo el 24 de octubre de 1984, para deslindar los terrenos donde se localiza la carretera Nuevo Jersusalén-Nuevo Mariscal.

En la reunión celebrada hoy en Nuevo Francisco León se dieron cita también personajes conspicuos, como el empresario hotelero Herbert Castellanos (el guía de las caravana de jeeps israelíes que sembró incertidumbre y descontento en una vasta extensión de la selva el año pasado), quien resulta ser "un propietario más" entre las comunidades zoques, choles y tzeltales del rumbo, con modestas cuatro hectáreas que (de manera irregular) adquirió de un pequeño propietario de El Paraíso, en la comunidad agraria Nuevo Guerrero, para construir un proyecto turístico denominado Centro de Interpretación de la Selva (sic y al revés).

Simplemente la comunidad lacandona disputa al empresario de San Cristóbal de las Casas la eventual explotación turística del sitio arqueológico El Desempeño, la laguna Mariscal y la hermosa cascada de El Paraíso. Esta última ya viene incluida en las tierras que adquirió el inversionista.

Según coinciden por separado tanto la Ucisech como la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, la problemática de esta región "está muy enredada". Las demandas legítimas de comunidades (incluidas algunas en resistencia, así como de otras organizaciones que participan en municipios autónomos) se están "mezclando" con negocios en disputa entre comunidad lacandona y propietarios particulares de Nuevo 20 de Noviembre, Nuevo Guerrero y El Paraíso (entre quienes se encuentra, y muy activo, el hotelero Castellanos). Pero no hay que olvidar que del lado lacandón podrían estar Ford Motor Company y agencias de desarrollo del gobierno estadunidense.

La parte demandante, hoy agresora, invoca la propiedad legal de un vasto territorio de la selva, que abarca Montes Azules y otras áreas circundantes, donde decenas de comunidades se encuentran asentadas desde hace hasta más de 30 años, y ahora sufren amenazas de expulsión por los "dueños legales" del gran latifundio llamado comunidad lacandona, grupo que incluye comuneros choles y caribes de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina y Frontera Corozal (además de las distantes poblaciones de Nahá y Metzabok). Ellos tienen a su favor la confusión de los decretos presidenciales del pasado y el respaldo del gobierno federal presente.