López Obrador interpondría una controversia constitucional si es aprobada la ley de salud

Fuentes de financiamiento, laguna que hace inviable el seguro popular

Los gobiernos de los estados estarán obligados a construir clínicas, equiparlas y pagar al personal médico, aunque no recibirán ningún fondo extra al que actualmente perciben

ANGELES CRUZ Y ANDREA BECERRIL

Con las modificaciones aprobadas por el Senado a la Ley General de Salud para formalizar el seguro popular, la responsabilidad de construir clínicas y hospitales en que se dará el servicio a la población sin seguridad social recaerá en los gobiernos de los estados, los que además deberán cubrir el costo del equipo, el mantenimiento y pago del personal médico.

Sin embargo, en ninguna parte del proyecto que se turnó a la Cámara de Diputados se aclara de dónde provendrán los recursos adicionales que se requieren para el desarrollo de infraestructura, principalmente en las zonas de mayor marginación, rurales e indígenas, a las que supuestamente se les dará preferencia en la cobertura del nuevo esquema de aseguramiento.

Pese a ello, la gran mayoría de los gobernadores del país, a excepción del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, estuvieron de acuerdo con el proyecto e inclusive presionaron a los legisladores de sus entidades para que votaran en favor. Senadores que dictaminaron la iniciativa señalaron que López Obrador analiza la posibilidad de interponer una controversia constitucional si la minuta se aprueba finalmente en San Lázaro.

Los "más de 100 cambios" que según los senadores realizaron al proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo se circunscriben a algunas palabras, precisiones sobre la supuesta gratuidad y universalidad de los servicios, así como mecanismos de vigilancia y supervisión sobre la operación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). En el fondo prevalece la propuesta del gobierno foxista para institucionalizar el seguro popular de salud y establecer un "nuevo" sistema de financiamiento del sector.

El dictamen de los senadores elimina el concepto de "servicios esenciales de salud" a los que los afiliados tendrían derecho y establece -sin precisar- que como mínimo deberá ofrecerse consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría.

Asimismo, da por hecho que siempre habrá la disponibilidad presupuestal necesaria para que la Federación y los estados cumplan con las obligaciones económicas que les demandará el SPSS.

La minuta que, todo indica, será también aprobada en la Cámara de Diputados, plantea que el SPSS en cada entidad dispondrá de los recursos económicos que le sean transferidos del gobierno federal para ese objetivo, pero son los mismos que hasta este año recibe bajo la figura del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), incluido en el ramo 33 y la partida 12, que corresponde a los programas administrativos, así como los que el Ejecutivo federal presente para el SPSS y sean aprobados por los legisladores.

No existe ninguna referencia a los recursos adicionales indispensables para superar las actuales deficiencias en la infraestructura médica del primer y segundo niveles de atención. Señala como responsabilidad del Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Salud (Ssa), la obligación de "proveer servicios de salud de alta especialidad por medio de los establecimiento públicos de carácter federal creados para el efecto".

De la misma manera, será obligación de la Ssa constituir el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Para ello tomará 8 por ciento de los recursos de la cuota social -proveniente del gobierno federal- y de la cuota solidaria -de los gobiernos federal y estatales-. Además absorberá otro 3 por ciento para una "previsión presupuestal anual" que se utilizará para "las necesidades de infraestructura primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social".

Con relación al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el documento puntualiza que deberá incluir el diagnóstico y tratamiento de cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, VIH-sida, cuidados intensivos neonatales, trasplantes y diálisis.

En tanto, con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional, la Ssa determinará aquellas unidades clínicas que puedan convertirse en centros regionales de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito. Estos centros regionales recibirían asignaciones económicas del fondo contra gastos catastróficos.

El capítulo relativo a las aportaciones para el SPSS menciona que el nuevo esquema será financiado de manera solidaria con una cuota social que aportará el gobierno federal, equivalente a 15 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para el Distrito Federal y la cual se actualizará trimestralmente con base en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Para que los estados y el Distrito Federal tengan acceso a estos montos tendrán que dar una aportación solidaria por familia beneficiaria, cuya suma será igual a la mitad de la cuota social.

El gobierno federal también contribuirá con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona, por una cantidad que será de 1.5 veces la de la cuota social.

Todos estos recursos se distribuirán a los gobiernos estatales con base en los padrones de familias incorporadas al SPSS.

Aunque el SPSS está concebido para terminar con las desigualdades en el acceso y financiamiento de los servicios médicos, la minuta admite que el aseguramiento de las familias tendrá que ser gradual y cada año se podrán inscribir hasta el equivalente a 14.3 por ciento de los hogares susceptibles de nueva incorporación. Al 2010 la cobertura tendrá que ser de 100 por ciento.

Sin una mención explícita a la insuficiencia presupuestaria que enfrentará el SPSS, señala que en 2004 únicamente podrán adherirse al SPSS las familias a las que se les pueda atender con cargo al Fassa, al ramo administrativo 12 y a los recursos para la función salud que presente el Ejecutivo y autorice la Cámara de Diputados, es decir, con los recursos actualmente disponibles.

Servicios gratuitos que se pueden suspender por no pagar cuotas

En varios párrafos del proyecto se enfatiza sobre la gratuidad de la atención médica. Los senadores puntualizaron que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al SPSS y que su falta de capacidad de pago no será motivo de exclusión, pero persiste como causa de suspensión la falta de pago de la cuota familiar, sin excepciones.

Dentro de los artículos transitorios los senadores incluyeron uno relativo al programa IMSS-Oportunidades, el cual continuará funcionando con el mismo modelo que tiene hasta ahora, por lo que deberá contar con presupuesto suficiente y administrado por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

También considera la posibilidad de que los beneficiarios se incorporen al SPSS. Para ello se pagará al programa, por medio del IMSS, las cuotas social y solidaria que corresponda por cada familia.