La empresa mexicana vendedora adquirió la base en 400 mil pesos, revela el IFE

ChoicePoint pagó 250 mil dólares por el padrón

ALONSO URRUTIA

Los primeros reportes de las investigaciones de la Contraloría del Instituto Federal Electoral (IFE) en torno a la venta ilegal del padrón arrojan que "una empresa mexicana" vendió ese banco de datos -que contiene información de 58 millones de ciudadanos- en 250 mil dólares a la firma estadunidense ChoicePoint. Sin embargo, la presentación del informe al Consejo General motivó exigencias de iniciar acciones penales de inmediato contra las personas involucradas y buscar la reparación del daño.

El consejero presidente del IFE, José Woldenberg, ofreció el miércoles que se llevará a cabo toda acción legal tendiente a cancelar los contratos, buscar la devolución de la base de datos y propugnar que sea penado por la vía civil y penal el comercializador del padrón. Sin embargo, dijo que el instituto conoce exactamente quiénes fueron los responsables pero por razones de discreción en las investigaciones se reserva el nombre, y demandó no especular con responsabilidades.

Durante la sesión del Consejo General, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, expuso que al vencerse el plazo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregara la información del caso Amigos de Fox, no había llegado la totalidad. Sin embargo, lo justificó por la solicitud de algunos bancos de que se les ampliara el plazo ante el cúmulo de documentos correspondientes.

La explicación no satisfizo al consejero Jaime Cárdenas, quien exigió que se adopten medidas contra el presidente de la CNBV, Jonathan Davis, a quien responsabilizó de evadir sus responsabilidades legales aun cuando ya existe una jurisprudencia que invalida el secreto bancario en las pesquisas del IFE.

El informe -que reserva nombres de la empresa mexicana y personas involucradas para no entorpecer la investigación- señala que el 6 de marzo de 2001, la firma celebró un contrato con ChoicePoint para cederle una base de datos denominada Guía de compradores potenciales.

Actualmente se está traduciendo el contrato pero se sabe que esta empresa mexicana adquirió originalmente la base de datos en 400 mil pesos, la cual fue comercializada exclusivamente con ChoicePoint. Contiene reportes de 58 millones de registros con datos de nacimiento, sexo, nombres, direcciones, estado, municipio y registro federal de contribuyentes (RFC). Se explica que los municipios y estados se obtuvieron del código postal y el RFC fue resultado de un algoritmo.

La empresa cesó operaciones en abril de 2002 y la Contraloría Interna ya tiene datos de las escrituras y poderes respectivos. Se espera información sobre organización y tipo financiero. El informe agrega que el "actual propietario de la base de datos, que fue su director general, manifestó en su comparecencia que está dispuesto a suspender en definitiva su comercialización si ésta reúne características de ilegalidad".

El informe señala que se sabe que el proveedor original de los datos no trabajó en el IFE e indica que ya se solicitó información a ChoicePoint, empresa que asegura haber adquirido el documento de manera legítima y que no contiene información de tipo electoral. Asimismo, asegura que la fuente original no proviene del padrón. También ya se giró un cuestionario a la agencia de noticias (Ap) que informó del hecho.

Si bien el reporte fue celebrado por consejeros y representantes partidistas en la sesión, Jaime Cárdenas demandó acciones más contundentes para asegurar el castigo a responsables, anular los contratos y buscar la reparación del daño. Exigió al IFE dar a conocer el nombre de la empresa que vendió el padrón, pues "no hay razón para mantener ese dato en sigilo" en virtud de que es un asunto que interesa a la sociedad. El representante del PRD ante el IFE, Pablo Gómez, hizo la misma solicitud.

Cárdenas pidió promover demandas de nulidad en Estados Unidos para que los derechos del IFE y los electores queden salvaguardados, evitando que estos datos sean utilizados comercialmente por una empresa y, sobre todo, por el gobierno de Estados Unidos, que finalmente adquirió esa información.

El informe generó un largo debate en el que Pablo Gómez intentó deslizar que el responsable original debió haber sido alguien al interior del Registro Federal de Electores, lo que irritó a Woldenberg, quien intentó acallar esa especulación.

Gómez dijo que es claro que los datos salieron originalmente del IFE y adelantó que por las características el asunto se tendría que dirimir en un largo y penoso litigio en los tribunales estadunidenses.

En respuesta, el consejero Gastón Luken sostuvo que si bien los datos originales sin duda salieron primero del IFE, lo que está en cuestión es "si fue de manera debida o indebida". Woldenberg y el consejero Mauricio Merino pidieron, a su vez, atajar especulaciones y aseguraron que bajo ninguna circunstancia este asunto alterará los comicios próximos.

El representante de México Posible, Ricardo Raphael de la Madrid, pidió que se estudien nuevos esquemas para restringir el acceso al padrón, postura que fue respaldada por el Partido Acción Nacional y Jaime Cárdenas.