El comportamiento de Estados Unidos, en tanto que potencia ocupante de Irak y como supuesto gobierno mediador entre israelíes y palestinos, hace evidente la necesidad de evitar que Washington siga actuando como autodenominado policía del mundo, como legislador planetario y como juez de otras naciones. Ayer, el presidente George W. Bush declaró, a bordo de un portaviones estadunidense, el "fin de las operaciones militares" en territorio iraquí, unas horas después de que las tropas invasoras asesinaran a más de una decena de civiles desarmados y tras casi seis semanas de masacres cotidianas de mujeres, hombres, niños y ancianos que no habían cometido más delito que ser habitantes de Irak. Después de haber confirmado de esa forma inequívoca la vocación terrorista de su gobierno, Bush anunció una "victoria contra el terrorismo", pero se abstuvo de declarar formalmente el fin de la guerra, acaso para prolongar indefinidamente el secuestro de los iraquíes capturados por las fuerzas ocupantes y para dar tiempo a que los asesores de la Casa Blanca construyan coartadas que permitan explicar la completa ausencia de armas químicas en el país invadido, armas cuya supuesta existencia fue utilizada como argumento central de la agresión armada angloestadunidense.

Poco antes de que Bush se dirigiera a los efectivos militares del portaviones Abraham Lincoln, representantes estadunidenses, europeos, rusos y de la ONU entregaron al premier Ariel Sharon y a la dirigencia palestina el enésimo refrito de un plan de paz que repite lo que todo el mundo sabe: la evidente necesidad de establecer un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y la parte oriental de Jerusalén. Pero ese camino a la paz entre palestinos e israelíes no puede ser llevado a la práctica porque las actuales autoridades de Tel Aviv no tienen el menor deseo de transitarlo y porque cuentan, en su empecinamiento, con el respaldo tácito de Washington.

Para que no quedara la menor duda de la renuencia israelí a aceptar la iniciativa, poco después de los contactos diplomáticos, Sharon ordenó un intenso bombardeo contra Gaza que dejó 12 muertos, entre ellos un niño de dos años. Y es que en las tierras palestinas, desde hace dos años y medio, el régimen de Israel viene perpetrando, en escala reducida, la misma clase de actos de destrucción y muerte que realizó en las pasadas seis semanas el gobierno de Bush contra las ciudades iraquíes. Ambos pueblos árabes han sido diezmados por las mismas armas, empleadas en ambos casos con propósitos paralelamente terroristas.

Y, mientras en Medio Oriente los aparatos militares estadunidense e israelí seguían matando decenas de civiles, en la capital estadunidense el Departamento de Estado se permitía reiterar sus acusaciones de "patrocinadores del terrorismo" contra siete países que ni por asomo han ostentado conductas violentas, criminales y genocidas como las de Washington y Tel Aviv, La lista del departamento de Estado está compuesta por Cuba, Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte y, tal vez por un descuido burocrático, Irak, que en el momento actual carece de gobierno constituido, además de la fantasmagórica organización Al Qaeda. Descontando a esta última, cuya existencia se parece cada vez más a un acto de fe demandando por Bush a sus aliados, es evidente que ninguno de los gobiernos mencionados por la oficina de Colin Powell puede rivalizar, en materia de violaciones a los derechos humanos, con Estados Unidos. Si la expresión típica del terrorismo contemporáneo es el asesinato de civiles por medio de artefactos explosivos, el Departamento de Estado tendría que iniciar su lista con el gobierno del que forma parte.

Pero la actual administración estadunidense ha demostrado su disposición a la agresión bélica incluso en ausencia de pretextos mínimamente verosímiles, y las poblaciones de los países incluidos en la referida "lista negra" se encuentran en peligro de ser víctimas de la barbarie estadunidense. Ante esa perspectiva ominosa, y antes de que se concrete la amenaza de muerte contra los civiles cubanos, iraníes, sirios, libios, sudaneses o norcoreanos, la Unión Europea, Rusia, China y la Secretaría General de la ONU deben poner un freno a Bush e instar a Washington a que deje de asumir tareas -ser el policía, el juez y el verdugo del mundo-- para las cuales nadie lo requirió y para las que, evidentemente, no está capacitado.