El costo máximo al público se establece de acuerdo con el del país de origen

Requiere México de una política para fijar los precios de los medicamentos

En 2002 hubo fármacos que se encarecieron hasta 30 por ciento

ANGELES CRUZ

En México no existe una política para fijar los precios de los medicamentos. La decisión sobre lo que deben pagar los pacientes es una prerrogativa de las empresas farmacéuticas que, con base en las tarifas vigentes en el país de origen de los productos y en otras naciones, determinan el monto a cobrar en México como "precio máximo al público", el cual se actualiza constantemente y que, por ejemplo, el año pasado significó incrementos de hasta 30 por ciento.

La cotización puede llegar a ser de varios miles de pesos, sobre todo si se trata de un producto innovador para atender enfermedades crónicas y supuestamente con amplias ventajas terapéuticas respecto de sus competidores.

Durante 2002, según datos de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), el costo de las medicinas subió en algunos casos hasta 30 por ciento. El incremento promedio fue de 8.36 por ciento.

Los laboratorios trasnacionales aseguran que en el desarrollo de cada nuevo medicamento destinan alrededor de 800 millones de dólares cada 10 años. Enseguida resaltan la necesidad de observar en el valor de los fármacos el beneficio que se recibirá al usar la medicina en cuestión, e incluso el ahorro económico que significará para el paciente reincorporarse al trabajo, disminuir las consultas médicas, los ingresos hospitalarios y las cirugías una vez que se logra el control o la cura del padecimiento.

La problemática que representa el alto importe de las medicinas en México es muy compleja, tiene varias aristas y, para Miguel Angel Lezana, coordinador de asesores de la Secretaría de Salud (Ssa), el mecanismo del "precio máximo al público" comprende un amplio margen de dividendos para los laboratorios, los distribuidores y las farmacias, pero además propicia la especulación y el engaño cuando se ofrecen a los consumidores descuentos de una tercera parte sobre el monto marcado como "máximo".

En esa lucha que se entabla entre los laboratorios y las farmacias por ganar a los compradores nada tiene que ver la necesidad de las personas por curar sus enfermedades, principalmente de quienes que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social, asegura el funcionario.

De este modo, los pacientes son los más perjudicados. La falta de mecanismos oficiales para controlar o por lo menos regular el mercado farmacéutico ocasiona que los precios de las medicinas se incrementen constantemente. La señora Lucía da cuenta de esta problemática: "yo no sé de nada más que de mi enfermedad. Cada mes vengo a la farmacia a comprar la medicina para la diabetes: unas tabletas por las que cada vez pago dos o tres pesos más", dice.

Antes que nada, un negocio

Víctor Gómez, director de Comunicación del laboratorio Novartis, explica sin rodeos que la industria farmacéutica es un negocio, y como tal debe obtener ganancias. Si no las hay, se acaba la inversión, afirma, y enseguida puntualiza que en la fabricación de medicinas los laboratorios se rigen por las más estrictas normas éticas y de respeto a los derechos humanos de los enfermos.

Resalta que el verdadero problema que tiene México sobre los medicamentos es el acceso a ellos, porque del total de gastos para atender sus enfermedades, los mexicanos destinan 1.7 por ciento a la adquisición de fármacos, dice.

Resolver los obstáculos "es una responsabilidad compartida", asegura, y con ello deslinda la parte que corresponde a los fabricantes, quienes cumplen "con invertir en investigación de nuevas sustancias, así como con la aplicación de programas de donación de medicamentos a enfermos de escasos recursos económicos", subraya Gómez, y alude a la escasa respuesta gubernamental para incrementar el presupuesto del sector.

Pese a la falta de dinero, aumentan las ganancias de la industria

La información de Anafarmex señala que, por falta de dinero, hasta 60 por ciento de las personas que acuden a las farmacias no alcanzan a comprar todas las fórmulas indicadas en sus recetas.

Pese a esa situación, la asociación informa que las ventas reportadas el año pasado sumaron 948 millones de unidades (cajas), o sea, 0.1 por ciento más que en 2001. Ese volumen representó para la industria ingresos por 66 mil millones de pesos, es decir, un aumento de 11.5 por ciento en relación con las ganancias del año anterior.

Interrogado sobre la manera en que se establecen los precios de los medicamentos, Gómez indicó que si se trata de un producto innovador su costo está determinado por los precios internacionales, principalmente el que rige en el país de origen del fármaco.

Para actualizar el monto se toman en cuenta las variables económicas del país, el sistema de rembolso de los gastos de producción (materias primas y otros componentes, por lo general importados), el costo de distribución y el tipo de cambio vigente, entre otros factores.

Para el ejecutivo de Novartis la Secretaría de Economía "siempre ha tenido control de los precios. Su sistema de verificación es muy bueno", aun cuando cada laboratorio plantea diferentes variables, puntualiza.

Así es como se establece el precio máximo al público, el cual, según Miguel Angel Lezana, no sirve para controlar los costos de los fármacos. Por el contrario, éstos suben constantemente y en ocasiones los incrementos están por encima de los niveles inflacionarios.

El funcionario admite, sin embargo, que los productos farmacéuticos requieren de inversiones cuantiosas para su investigación y desarrollo. Hasta ahora no hay ninguna autoridad que cuente con los suficientes elementos para determinar el precio máximo. De intentarlo, dice, lo único que se lograría "sería desincentivar la introducción de nuevos medicamentos" al país. "No nos parece que ese sea el camino", agrega.

En cambio, apunta, el gobierno promueve que los precios sean regulados por el propio mercado. En todo el mundo los insumos para la salud, en particular las medicinas, tienden a aumentar de precio por arriba de las tasas promedio de inflación, pero "nosotros no podemos permitir que se disparen como ahora lo hacen".

La estrategia de la Ssa consiste en impulsar el mercado de medicamentos genéricos intercambiables (GI), los cuales fueron introducidos al país desde 1999, pero a la fecha apenas representan dos por ciento del total de las ventas de fármacos a escala nacional. En julio de 2002 el Consejo de Salubridad General determinó que las instituciones públicas de salud tienen la obligación de privilegiar la adquisición de GI en sus licitaciones.

Hace unos meses la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Salud para que los registros sanitarios se otorguen únicamente a las medicinas que hayan demostrado su intercambiabilidad y bioequivalencia con el producto innovador, es decir, que acrediten las pruebas para ingresar al catálogo de GI. La iniciativa, que también plantea que dichos registros se renueven cada cinco años, entrará en vigor una vez que sea aprobada por el Senado de la República.

Los laboratorios, en contra de eliminar patentes a medicinas para cáncer y sida

En este contexto surgió la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México para reformar la Ley de la Propiedad Industrial, con la finalidad de eliminar el derecho de patente de los laboratorios cuando la medicina en cuestión sea útil para el tratamiento de enfermedades graves, como el cáncer y el sida.

La propuesta fue aprobada inicialmente por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, pero también debe ser dictaminada por la de Salud y otras relacionadas con el área, antes de presentarla al pleno.

Hasta el momento no se había solicitado la opinión de los que resultarían directamente perjudicados con la medida: los laboratorios farmacéuticos trasnacionales, cuyos representantes han enviado cartas a los legisladores advirtiendo sobre el riesgo que implica tal cambio a la ley.

De entrada, explica Víctor Gómez, sería un retroceso para el país, por no respetar la ley de patentes, pues habría contradicción con los acuerdos comerciales firmados por México.