Luis Linares Zapata

Las vergüenzas de los políticos

Nada asusta ni paraliza más a los burócratas y a los políticos, ya sean legisladores o funcionarios de la rama ejecutiva, que toparse con grupos o individuos con poder, con dinero en masivas cantidades, personeros de potencias extranjeras o con los hombres de iglesia. No importa de qué partido sean, el resultado es parecido: mediatización, inmunidad, medianías u olvidos. El PRI francamente se sesga ante el posible enfrentamiento y monta una patética lucha intestina como distracción. Los otrora muy beneficiados por el dedo del líder nato que han sido excluidos contra los autoritarios amafiados que les arrebatan la exclusividad del privilegio, nada de importancia adicional. El PAN se confiesa como parte de esos intereses en juego y se justifica por los fines que persigue. Se atribuye bondades varias y justifica los medios empleados en la pelea. Llegan hasta tratar de santificar sus silencios. El PRD hecha bravatas, recurre a los medios como denuncia y escándalo pero, ahora que ve el poder cercano, apunta en cualquier otra dirección (renovación integral) intentando así diluir su responsabilidad. El caso es que la sociedad ofendida rara vez puede ver la justa y expedita terminación de la justicia buscada.

Poco importa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentre irregularidades al por mayor en las cuentas públicas de la actual administración. Si se trata de investigar a la Dirección General de Crédito de la SHCP por haber autorizado operaciones en la CFE, hasta sin base legal, se cierran los canales de la transparencia debida para no afectar, dicen, a inversionistas protegidos. Nadie alega en contrario y tanto los diputados como los senadores vuelven, como doncellas pudorosas, la vista hacia un lado más halagüeño de la vida. Todo quedará, esperan confiados, entre las mil y una cosas enredadas de misterios y con diáfano olor a complicidad. Tampoco aparecen, dentro del PRI, aquel o aquellos que han obstaculizado, una y otra vez, la legislación que dejaría, por un largo tiempo al menos, a la CFE como una empresa pública. Hay dos o tres o un poco más de legisladores priístas, ciertamente una minoría, que quisieran ver tan crucial industria pública en manos de los gerentes de Fox o atendida por empresarios del exterior. Sus argumentos, cuando llegan al público, son sesgados y se resguardan en la carencia de recursos para desarrollar tan crucial industria. No declaran abiertamente lo que mueven en los pasillos, pues los estatutos y principios partidarios contradicen sus maniobras, pero buscan la manera de escabullir hasta los mandatos constitucionales si éstos se atraviesan en sus propósitos bastardos. El hecho está en que pasan los meses y hasta los años y la reforma estructural no sale. Nadie sabe, ahora y después de tanto manoseo, quién o quiénes la obstaculizan sin que se recurra a señalar el triste papel que juega, a este respecto, el senador por el PAN (Rodríguez Prats) y sus inverosímiles cuan torpes argumentos para, de una buena vez y según su gusto, desmantelar lo que otros mexicanos edificaron a pesar de gente como él.

Similar ruta semioculta han corrido los casos de Amigos de Fox y el del Pemex-PRI. Si no fuera por las multas impuestas por el IFE, los ciudadanos resultarían frustrados ante los desafueros prometidos de los líderes petroleros que, finalmente, no llegaron. Acuerdos entre políticos del PRI, PAN y funcionarios del gobierno dejaron el caso en manos de los jueces (el ya muy citado Chiñas) que, un amparo tras otro, una dilación encadenada a la siguiente, llevaron a los diputados hasta el borde de la imposibilidad para montar el juicio de procedencia y desaforarlos. Líderes que bien se merecían el escarnio después de desviar centenas de miles de millones para apoyar la campaña del frustrado candidato Labastida. Personaje que, por cierto, nunca dio la cara por tales desvíos a pesar de ser señalado (junto a sus fundaciones y auxiliares) por sus mismos compañeros de partido como el beneficiario de esos dineros. Todavía se espera que los consejeros del IFE finiquiten lo concerniente a los trafiques de Korrodi y las firmas al canto de su amiga Robinson cuando financiaron la campaña de Fox, aunque ahora sostengan que el Presidente nada sabía de sus andanzas. Se quiere, de manera por demás paciente, que el PAN (y todos los involucrados), sin salvedad alguna, sea castigado por ello y no pueda andar, como acostumbra, tan airoso y mustio, dándose los golpes de pecho a que es tan proclive.

Pero la mejor prueba de la actitud secularmente timorata y hasta cómplice de los políticos la da, por estos días de auditorías negadas, el Poder Ejecutivo federal. La SHCP presentó hasta una controversia constitucional ante la SCJN para evitar que Banamex pague, como lo exige la ASF, los 7 mil millones de pesos que metió, de manera indebida, en el Fobaproa. Cantidades enormes de dinero que se quieren pasar, mediante el IPAB, como deuda pública y olvidar la manera, al menos irregular (sino es que ilegal), cómo se originaron (Fobaproa). Muy a pesar de que la SCJN falló en contra de las pretensiones protectoras de la Presidencia y en favor de la ASF, aún tratan los muchachos de Hacienda, auxiliados por el priísta José Carlos Ramírez Marín y varios abogados de Bancomer y Banamex, mediante subterfugio y medio, de abortar el castigo previsto a ese banco. Han tratado de que los diputados y senadores legislen al vapor para que, de una vez por todas, esa deuda quede en manos del IPAB (a la que se adicionarían similares cuentas en Bancomer, Bital y Banorte por otros 39 mil millones de pesos y que desde su origen fue reportada como irregular por el auditor Mackey), matizar hasta desfigurar las factibles auditorías y que no sea pagada por los infractores. Un caso ejemplar donde se podría afectar, con justicia, a poderosos hombres del dinero, muchos de ellos financieros de Fox (Grupo Monterrey) o íntimos amigos (R. Hernández) y contrariar a fuertes inversionistas extranjeros españoles o estadunidenses. Y esto es asunto que se eleva hasta revestirse, a los ojos de políticos y burócratas, con los ropajes de un delicado tratamiento de Estado. Mejor pasar la cuenta a los contribuyentes y olvidarse de todo el follón. Dar la vuelta a tan molesta hoja de la historia, se dice con frecuencia, antes que molestar a los amigos, patrones financieros o asociados.