Priístas buscan que el IPAB asuma $45 mil millones

Un documento precisa el plan para legalizar deuda irregular de bancos

ENRIQUE MENDEZ

El convenio que un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca impulsar para legalizar la cartera irregular de 45 mil millones de pesos en poder de Banamex y Bancomer pretende que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ''asuma las obligaciones'' del Programa de Capitalización y Compra de Cartera con ambas instituciones, una vez que se determine el monto a su favor que resulte de las auditorías.

Con esa opción que ofrecieron los legisladores, el IPAB se haría cargo de las obligaciones de pago y continuaría además transfiriendo recursos públicos a los dos bancos. Ese paso no sólo implicaría el fin de las auditorías para ambas instituciones financieras, sino la obligación para la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ''modificar las observaciones y acciones'' previstas por las irregularidades detectadas en el Fobaproa.

La ''ruta crítica del esquema'' definido entre la Secretaría de Hacienda, representantes legales de los bancos y el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín -como han denunciado legisladores de Acción Nacional y del propio tricolor- fue entregada el 30 de abril a un reducido número de diputados para que la defendieran en la última sesión del periodo ordinario, pero la intención de sacar un punto de acuerdo para ''recomendar'' la firma de esos convenios se derrumbó antes de presentarse en el pleno.

El documento, de 16 cuartillas, del cual se tiene copia, señala que el primer paso sería convencer a los diputados de aprobar el punto de acuerdo que el propio Ramírez Marín presentó ese día al presidente de la mesa directiva, el panista Armando Salinas Torre.

Además de la burbuja de la banca priísta, también la panista pretendió sacar ese acuerdo en el pleno, pero hubo protestas de diputados como Sergio Vaca Betancourt, quien reclamó que esos asuntos tan delicados no se dieran a conocer a todo el grupo antes de votarlos, y que en todo caso los subieran al pleno para discutirlos.

Como el asunto se reventó en el grupo parlamentario panista, la única salida fue turnarlo a la junta de coordinación política, donde sólo fuera discutido y avalado por los coordinadores del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, y de ahí sacar un dictamen para presentarlo en la Comisión Permanente.

No obstante, el propio Vaca Betancourt y el diputado priísta Víctor Infante advirtieron que esa vía legislativa tampoco sería legal, porque dada la importancia del tema la obligación de la Cámara de Diputados es discutirlo en sesión plenaria.

Asimismo, el punto de acuerdo ''invitaría'' a los bancos a firmar su compromiso de desistirse de los amparos que promovieron contra las auditorías. Una vez obtenidos esos documentos, se ''instaría'' a la Secretaría de Hacienda a convocar a reunión de la junta de gobierno del IPAB.

Ya reunida, la junta tomaría dos acuerdos: realizar las auditorías precisando los términos de referencia y celebrar los convenios con los bancos donde el IPAB se compromete a asumir las obligaciones del programa de compra de cartera.