Niega la dependencia federal participar en programa panista para pobres del DF

Revela Luege apoyo de la Sedeso al PAN con recursos de Hacienda

La declaración, en el juicio sobre la venta de candidaturas por Desarrollo Ciudadano

Diputados de PRD y PRI piden investigar el asunto De existir se podría configurar un delito

MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ

La presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal involucró a la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedeso) en un supuesto programa de ayuda a necesitados que puso en marcha un grupo de diputados pertenecientes a la asociación civil Desarrollo Ciudadano, acusada de vender candidaturas panistas a puestos de elección popular.

Frente al Consejo de Orden de Acción Nacional, que buscó mediante un juicio interno deslindar a ese partido de las actividades de sus militantes que pertenecen a la asociación, José Luis Luege Tamargo aseguró, bajo juramento de decir verdad, que él "sí tenía conocimiento y lo avalaba (el programa presuntamente impulsado por la Sedeso)".

Sin embargo, la dependencia federal niega haber entregado a diputados federales panistas o a Desarrollo Ciudadano cualquier bien para ser repartido entre la población más necesitada del Distrito Federal.

Es más, en un listado que proporcionó la dependencia a La Jornada, en el que se ubica a 37 organizaciones de ayuda humanitaria y oficinas de gobierno como beneficiarias de diferentes donaciones de la Sedeso, en el periodo de enero de 2002 a mayo de 2003, no existe ninguna asociación civil con el nombre Desarrollo Ciudadano.

El origen del desliz

Diputados federales de otros partidos tampoco dan fe de la existencia de algún programa de la Sedeso. Interrogados al respecto, representantes populares de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) dijeron no conocer alguna acción institucional en ese sentido y explicaron que de existir un programa que sólo hubiera beneficiado a Acción Nacional -como el que mencionan los panistas en sus declaraciones durante el juicio interno a miembros de ese partido que pudieran estar involucrados en la presunta venta de candidaturas-, entonces tuvo o tiene fines proselitistas, o electorales, lo que podría configurar un delito.

Esta supuesta acción de la dependencia federal fue descubierta durante las investigaciones que el mismo PAN organizó para imponer sanciones a sus militantes por el escándalo de la supuesta venta de candidaturas a puestos de elección popular en el Distrito Federal.

La documentación que contiene las acusaciones y las declaraciones de siete miembros de ese instituto político, que sirvieron para juzgarlos, se halla en poder de este diario, y en ella se transcriben las audiencias que llevó a cabo la Comisión de Orden del Consejo Regional panista, después de una denuncia presentada al Comité Directivo Regional en el Distrito Federal por el diputado federal Jorge Alberto Lara Rivera, el 28 de enero pasasdo.

Según la acusación, los cargos imputados a José Antonio Aviña, José Luis Torres Ortega, Ramón Trejo Hernández, Salvador Martínez Murrieta, Efraín Zamora Campos, Alejandro Vences y Guillermo Nieto fueron "la comisión grave y reiterada de conductas constitutivas de desacato a las disposiciones previstas en los estatutos generales del Partido Acción Nacional y el reglamento para las relaciones del PAN con agrupaciones intermedias; acciones que dañan seriamente al PAN, y deslealtad al Partido Acción Nacional".

Las averiguaciones hechas por el PAN relacionadas con las actividades de los acusados siguieron las líneas siguientes: "a) Desarrollo Ciudadano, b) Redes Unidas por México, c) intento de corrupción a funcionarios de delegaciones políticas gobernadas por panistas, d) solicitud de recursos para promover candidaturas, e) solicitud de puestos por el apoyo a candidaturas, f) investigación del funcionamiento del comité directivo delegacional de Tláhuac, en el entendido de que conforme se fueron presentado las cosas fue necesario abrir la línea de investigación, e g) indagar sobre la filtración a medios masivos de comunicación".

Como queda claro en los incisos que formaron parte de la o las líneas de investigación, en ninguna parte se hace mención de un programa de la Sedeso y tampoco figuró en el análisis que efectuaron las instancias de orden del Partido Acción Nacional en la capital.

La misma Comisión de Orden del blanquiazul halló en sus investigaciones pruebas suficientes para llevar a juicio a los siete militantes, por cada una de las acusaciones a que fueron expuestos, y debido a ello exigió, como sanción, su exclusión del organismo político.

Durante el juicio a los siete la dirigencia de Acción Nacional trató a toda costa de deslindarse de las actividades de sus militantes y sustentar que las causales de la posible expulsión se dieron al margen del partido; sin embargo, en las declaraciones de los acusados existen elementos que pudieron haber pasado inadvertidos para la dirigencia y que al parecer no fueron evaluados a fondo durante el juicio.

Ejemplo de ello es la pregunta número 13 que José Luis Torres Ortega, uno de los acusados, hace al presidente del PAN en el DF, José Luis Luege Tamargo, en el apartado donde se habla de la o las responsabilidades de Jaime Vences Mejía, otro de los enjuiciados.

Allí se interroga a Luege Tamargo sobre si "tenía conocimiento y avalaba el programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y la coordinación de diputados federales del Distrito Federal, para la donación de bienes consistentes en ropa y calzado a asociaciones civiles".

La respuesta de Luege no deja lugar a dudas: "Sí", y aclara que "sí tenía conocimiento y lo avalaba, que el programa estaba coordinado por el diputado Carlos Flores por medio de asociaciones civiles o de carácter humanitario, y no fue informado a través de qué asociaciones se llevó el programa. Tuvo conocimiento de la participación de Desarrollo Ciudadano AC mucho tiempo después", según quedó asentado en las actas sobre el desahogo de pruebas que ofrecieron los acusados.

En la testimonial que rinde el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, a quien José Luis Luege identifica como el coordinador del programa de la Sedeso, en la segunda pregunta se le interroga sobre si "como diputado federal tiene conocimiento de un programa de la Secretaría de Desarrollo Social para apoyo a asociaciones intermedias".

El diputado responde "sí", y aclara que "fue un programa de la Sedeso (Sedesol en el documento original) que se implementó en el DF, mediante el cual cada diputado local era gestor para recibir o ser el conducto con alguna asociación civil de su delegación, recibir apoyos de mercancía decomisada por Hacienda y entregada a la Secretaría de Desarrollo Social para ser repartida a los sectores más desprotegidos de la sociedad".

También se le preguntó si dicho programa se instrumentó en la delegación Iztapalapa y, en su caso, por conducto de qué asociación civil. La respuesta del diputado se dio de la siguiente manera: "Que sí se llevó a cabo en la delegación Iztapalapa, concretamente mediante los diputados Mónica Serrano y Raúl García, y el diputado Raúl García acercó a la asociación Desarrollo Ciudadano al programa. Que ello fue el año pasado (2002), que no recuerda bien la fecha exacta, y de hecho me percató (sic) de que la asociación Desarrollo Ciudadano fue hasta este año y cuando hace la investigación es cuando detecta a Desarrollo Ciudadano como la asociación propuesta por el diputado Raúl García".

Después, al ser interrogado por los acusados, en contradicción con lo dicho por el presidente del PAN en el DF, el diputado Flores Gutiérrez asegura que él "nunca fue el coordinador del programa de la Sedeso".

-El testigo (Flores Gutiérrez) menciona sobre una investigación de las asociaciones. Si puede precisar en qué fecha -preguntan los acusados por voz de Alejandro Vences.

-Que no recuerda la fecha, pero este año supo de Desarrollo Ciudadano -responde.

-Que tiene a la vista el documento visible en la foja 78 del expediente, si lo recibió -se le inquiere.

-Que sí fue recibido en su oficina y se canalizó a la Sedesol, pero el de la voz no tenía la encomienda de saber de qué asociación era, y es cuando revisa este año el expediente de todas las asociaciones y es cuando se percata de la asociación Desarrollo Ciudadano.

-Que diga el testigo, en su calidad de coordinador de este programa, si se hubiera dado dicho apoyo a una asociación cuyo objeto no fuera social o diferente a un objeto social.

-Que el de la voz no coordinaba el programa, sino que la evaluación era de Sedesol y ésta era la que determinaba a quién se daba el apoyo.

Es evidente, por la respuesta, que el diputado evade contestar lo que pretendían los acusados, es decir, deslindar a la asociación civil de cualquier actividad política. Por ello es que se pregunta si los apoyos se habrían otorgado a una asociación que no tuviera como fin un programa absolutamente social.

Aunque en las declaraciones de Luege y del diputado Flores Gutiérrez nunca se dice que el programa de la Sedeso estuviera destinado exclusivamente a los legisladores panistas, en el PRI y en el PRD no se sabe de la existencia del mencionado programa.

El priísta Víctor Infante, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, asegura desconocer algún "programa de la Sedeso" como tal para la asistencia de sectores pobres.

Explica que los recursos que la Secretaría de Hacienda incauta pueden ser donados a instituciones de asistencia "porque esa es una de sus facultades, pero Hacienda directamente", y advierte que esas donaciones no pasan por la Sedeso, porque además se hacen a petición de las agrupaciones que lo necesitan y es Hacienda la que los entrega.

Pero establece que si la Sedeso entregó a diputados del PAN recursos de Hacienda para que ellos los dieran a su vez a alguna o algunas instituciones o asociaciones de ayuda, podría caerse en un acto ilícito y tendría que pedirse a las autoridades competentes, en este caso a la Auditoría Superior de la Federación, que investigue el "programa", porque podría obedecer a fines políticos partidistas o electorales.

Por su parte, el diputado federal por Iztapalapa, Alfredo Hernández Raigosa, asegura no saber nada de un "programa de la Sedeso" para que diputados federales brindaran apoyo a los sectores más necesitados de la población. Curiosamente, el diputado panista Carlos Alberto Flores Gutiérrez dice en su declaración ante el órgano de orden del PAN en el DF que el "programa se instrumentó en la delegación Iztapalapa, concretamente mediante los diputados Mónica Serrano y Raúl García".