Se declararon en grave desventaja frente a los ministros de la SCJN y del TSJDF

Demandan jueces y magistrados federales aumento en pensiones

Planean crear fideicomiso mixto para incrementar sus ingresos al retirarse

JESUS ARANDA

Jueces y magistrados federales se encuentran en "desventaja" con relación a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), ya que sólo aspiran a una pensión vitalicia que equivale a 10 por ciento de su sueldo actual; a diferencia de sus colegas que perciben 100 por ciento los dos primeros años y 80 por ciento el resto de su vida.

Por si fuera poco, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que la edad de retiro de los juzgadores es de 75 años de edad y 40 años de servicio para obtener su jubilación completa; en tanto que los ministros tienen derecho a su prestación después de dejar el cargo y los juzgadores capitalinos después de cumplir 70 años de edad.

"Hemos visto casos patéticos de juzgadores (federales) que no obstante encontrarse limitados en sus funciones locomotoras o quebrantados en su salud, se resisten al retiro, al cual inclusive ven como castigo, por no poder subsistir con dignidad", reconoce la magistrada del sexto tribunal colegiado en materia penal, Elvia Díaz de León, quien dejó en claro que la independencia de los jueces "no debe ser solamente cuestión declarativa, sino que debe ir aparejada de las condiciones necesarias para el ejercicio independiente de su profesión".

Reconocida en la judicatura federal por su capacidad y trayectoria profesional, Díaz de León reconoce que si no fuera por la gravedad de la situación por la que pasan los juzgadores al momento del retiro, la pensión que perciben podría ser calificada como "irrisoria".

Al mismo tiempo, advierte que la imparcialidad e independencia del Poder Judicial de la Federación será un asunto pendiente, en tanto no se garantice una pensión, condiciones de servicio y jubilación adecuados para los juzgadores. Añade que la pensión jubilatoria de jueces y magistrados "no guarda proporción" con la responsabilidad de su labor, además de ser "notoriamente menor" a los ingresos que perciben estando activos.

Comentó que con varios compañeros se ha dado a la tarea de plantear al Senado de la República el problema que representa la jubilación de los juzgadores federales. De ahí que hayan planteado la necesidad de que se reforme la Constitución para tener un trato similar al de los ministros de la SCJN y los juzgadores capitalinos. Estos últimos se vieron beneficiados recientemente con una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la materia.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley del ISSSTE, la pensión por jubilación máxima a que puede aspirar un servidor público es de 10 salarios mínimos. De esta manera, aunque un magistrado federal perciba un ingreso mensual bruto de 169 mil 951 pesos y un ingreso neto al mes de 116 mil 428 pesos, la pensión actual de un juez del DF será de 13 mil 95 pesos.

En tanto que un juez de distrito con ingreso mensual bruto de 149 mil 50 pesos y un ingreso neto al mes de 102 mil 634 pesos obtendrá los mismos 13 mil 95 pesos.

Además, los juzgadores tienen la prohibición de recibir otros ingresos, según el artículo 101 constitucional, que establece que los ministros de la SCJN, magistrados y jueces federales, y sus respectivos secretarios (proyectistas), no pueden aceptar ningún empleo oficial o privado durante su labor, salvo los cargos no remunerados, como son la impartición de clases en universidades públicas o privadas.

Además, la ley establece que los dos primeros años después del retiro, los juzgadores no podrán emplearse en ningún cargo oficial o en litigios ante instancias federales. La magistrada que se ha quedado en dos ocasiones a un paso de ser nombrada consejera de la Judicatura Federal por el pleno de la Corte comenta: "Ƒquién le va a dar trabajo a alguien después de los 77 años de edad?"

Por otro lado, en respuesta a los que afirman que sus sueldos son "escandalosos", la juzgadora responde que sus percepciones "no son descomunales, sí son remunerativas, tomando en cuenta que el salario debe considerársele un instrumento de justicia social, por lo que deben permitir a los funcionarios que han servido al Poder Judicial de la Federación la subsistencia propia y familiar con cierto decoro o comodidad, además de cubrir los riesgos naturales, la enfermedad y la vejez, "en orden al rango o categoría laboral desempeñada".

Agrega que los salarios que perciben son bajos con relación a los que se pagan en la iniciativa privada, sobre todo a nivel corporativo. "Tengo una hija que era subdirectora jurídica de una casa de bolsa y ganaba más que yo, además de que tenía prestaciones mayores a las mías."

La juzgadora establece que el avance que ha tenido la labor jurisdiccional a partir de la reforma constitucional de 1994, como es la forma de selección y designación de jueces y magistrados; la ratificación en el cargo a los seis años de labor; la inamovilidad, etcétera, son una parte de las garantías que se requieren para asegurar la independencia de la función jurisdiccional; pero, subraya, también es importante la cuestión de los sueldos y las pensiones.

Acepta que la inamovilidad en el cargo y la independencia económica son fundamentales para que los juzgadores rechacen presiones no sólo "de fuera", sino también en el interior de la propia judicatura federal.

En los acercamientos que sostuvieron magistrados con senadores de la República para plantear el tema de las pensiones, los juzgadores llaman la atención respecto del incumplimiento del gobierno de México con el compromiso que asumió en el séptimo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán, Italia, el 26 de agosto de 1985, que señala que: "la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por periodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas".

La funcionaria evitó hacer comentario alguno sobre la reciente autoadjudicación de pensiones de los consejeros de la Judicatura Federal, después de cinco años en el cargo. Menciona que los magistrados exploran actualmente junto con el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal la posibilidad de crear un fideicomiso "mixto", en el que la Corte, así como los magistrados y jueces, aporten fondos para solventar en parte el problema de las pensiones.

Este plan lo ven como una opción independiente a la petición formal de que se reforme la Constitución y se establezcan en la ley parámetros de pensiones similares a los de los ministros de la Corte, es decir, 100 por ciento los dos primeros años y 80 por ciento por el resto de sus vidas.