Ante las gravísimas acusaciones según las cuales el dinero de Amigos de Fox habría ido a parar, antes que nada, a los bolsillos de Lino Korrodi y de su socia, amiga y prestanombres, Carlota Robinson, y después a las empresas de la familia Fox, no ponemos en duda la honestidad del Presidente.

No corresponde a los acusados demostrar su inocencia, sino a los acusadores probar lo bien fundado de sus denuncias, y mientras no se compruebe lo contrario, sobre un Fox presumiblemente inocente no pesa sino la obligación ética y moral de hacer que este nuevo caso salga a plena luz lo antes posible. En efecto, para mantener el prestigio del Poder Ejecutivo y la credibilidad (muy maltrecha) de las instituciones, es necesario que ante todos sea evidente la honestidad presidencial, así como la percepción sobre ésta. Porque a la grave acusación de recibir dinero del extranjero en forma ilegal e inmoral, para disputar la Presidencia de México, se une ahora la gravísima denuncia de que ese dinero fue utilizado para fines privados no electorales o se transformó en defraudación por el hombre de confianza del presidente en el grupo Amigos de Fox. A la posible estafa política al país se agrega entonces una estafa a los estafadores que, aunque sólo involucre a Korrodi, debilita moral y políticamente a quien lo patrocinó y le dio responsabilidades, y por eso sale salpicado por la caída de lo que los franceses llaman eufemísticamente pot de roses (florero con rosas) para referirse a los asuntos públicos turbios y malolientes.

Es de desear, por México, por la Presidencia de la República y por el mismo Vicente Fox, que la magnitud que va adquiriendo el escándalo de Amigos de Fox (presunta injerencia extranjera, presunto financiamiento por la mafia cubana de Miami, malabarismo con los dineros recibidos) no siga creciendo a tres años de las próximas elecciones presidenciales, porque una Presidencia desprestigiada y débil, en el terreno nacional y ante el extranjero, abriría el paso a una grave tensión en el país. Se impone pues una investigación a fondo, imparcial y exhaustiva, que compruebe sin lugar a dudas que el Presidente es ajeno a toda posible acción ilegal y, en ese caso, verifique o rechace la veracidad de los documentos que se presentan en su contra o, en caso opuesto, permita una vía legal e institucional para resolver la grave crisis política que se plantearía.

Si según la Secretaría de Gobernación 58 por ciento de los participantes en una encuesta realizada por la misma declaró estar inconforme con la democracia tal como se practica hoy en nuestro país, y la principal preocupación ante los comicios del domingo es el grado de abstencionismo, hay que considerar los efectos devastadores que podrían tener las dudas sobre el caso que hoy se descubre o, peor aún, un tratamiento torpe de esta denuncia alegando que la misma responde sólo a intereses electorales, sin comprender que aunque ese alegato pudiese contener algo de verdad, la figura presidencial ha sufrido ya un grave daño que se debe reparar.