No ha presentado la denuncia por evasión fiscal, a pesar de que se solicitó en enero

Hacienda bloquea pesquisas del Ministerio Público Federal en el caso Amigos de Fox

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El Ministerio Público Federal está imposibilitado para investigar por evasión fiscal a las compañías que realizaron aportaciones a los Amigos de Fox, a Carlota Robinson, a Lino Korrodi y sus empresas, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no ha presentado la denuncia correspondiente.

A pesar de las pruebas documentales que obtuvo la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido de que hubo aportaciones a Amigos de Fox que se disfrazaron como transacciones mercantiles entre compañías, como Cemex y las empresas de Lino Korrodi, la SHCP continúa sin presentar la denuncia contra el operador financiero de la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada.

Ante esta situación, el Ministerio Público Federal está imposibilitado para investigar penalmente a las compañías aportantes y a las empresas de Korrodi por el presunto delito de evasión fiscal.

Desde enero pasado la Subprocuraduría de Procedimientos Penales A, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, solicitó la interposición de la querella para poder iniciar sus investigaciones.

De acuerdo con las versiones obtenidas, la Procuraduría Fiscal, dependiente de la SHCP, no ha respondido a los requerimientos de la PGR por no estar convencida de que existan elementos para presentar la denuncia, pero inició ya una serie de auditorías a las compañías K-Beta, Alta Tecnología en Impresos y ST&K de México SA, propiedad de Korrodi.

Las auditorías, según fue revelado, son para obtener los elementos de prueba que permitan a la Procuraduría Fiscal presentar su denuncia ante la PGR.

La información de que Korrodi disfrazó las entregas de capital fue descubierta a raíz de que la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UELD) recibió constancias documentales de que las aportaciones no se hicieron de manera directa a Amigos de Fox, sino que a cambio de su dinero se les entregaron facturas por supuestos servicios prestados por las empresas K-Beta, Alta Tecnología en Impresos y ST&K de México SA.

Además, hasta el momento la PGR no ha podido determinar el monto total de los recursos recibidos por Amigos de Fox y el Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia, que operaron Korrodi y Carlos Rojas Magnon, respectivamente.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las declaraciones y documentos entregados por los representantes empresariales serían la base para iniciar una investigación que determine si las empresas aportantes de Amigos de Fox reportaron a la SHCP el pago del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y, en algunos casos, el 2 por ciento del pago sobre nómina.

Según estas versiones, Korrodi, las empresas aportantes K-Beta, Alta Tecnología en Impresos y ST&K de México SA habrían incurrido en violaciones al artículo 108 del Código Fiscal, al usar documentos falsos o manifestar "datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan, o asentar datos falsos en sus registros".

Además, indicaron las fuentes, Carlota Robinson, ex secretaria de Korrodi y una de las principales operadoras de las triangulaciones de capital para financiar la campaña foxista, habría incurrido en el delito establecido en el artículo 109 del Código Fiscal, fracción primera, que señala: "será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia".

Esto es, como las cuentas de Carlota Robinson recibieron sumas millonarias, al no reportar debidamente sus ingresos a la SHCP, puede ser sancionada, pues no ha informado de dónde provinieron sus ingresos ni el destino de sus egresos, ya que ha asegurado a las autoridades que ella es un ama de casa.

Como muestra de los recursos recibidos en cuentas de Carlota Robinson se encuentra la transferencia realizada el 4 de abril del año 2000, mediante la cual se le depositaron, en la cuenta 10519572 de Banco Ixe, 85 mil dólares procedentes del Bank of West, de la cuenta 3039579 que es propiedad de Valeria Korrodi.

Por otra parte, funcionarios de la PGR podrían incurrir en responsabilidades si se llegara a demostrar que no realizaron una investigación exhaustiva en este asunto.

Lo anterior, porque a pesar de que la UELD y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tienen facultades, de acuerdo con los artículos 21 y 105 de la Constitución Política, para investigar los hechos que les son denunciados en su totalidad, sólo se han ceñido a los hechos denunciados por el priísta Enrique Jackson y el perredista Pablo Gómez.

Oficialmente, en este caso la PGR ha manejado la versión de que sus órganos únicamente pueden indagar el origen de los recursos entregados a Amigos de Fox que fueron detectados en 11 transacciones, porque eso fue lo único que le denunciaron.

Sin embargo, las fuentes consultadas refirieron que cuando se trata de delitos como el lavado de dinero, la autoridad tiene la obligación de determinar si una empresa o persona cometió el ilícito en alguna transacción empresarial o financiera.

Con ello, las cuentas de Robinson, Korrodi o de las empresas K-Beta y Alta Tecnología en Impresos, así como las del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia y de la asociación Amigos de Fox tendrían que ser investigadas a plenitud, ya que presuntamente mediante ellas se financió la campaña de Vicente Fox.

En este caso la UELD sólo recopiló información relacionada con 11 supuestas aportaciones, cuatro de ellas que tuvieron su origen en sucursales bancarias de otros países, como fue el caso de la empresa belga Dehydration Technologies Belgium; los recursos que manejaron desde el Bank of West las hermanas Valeria y Stephanie Korrodi Ordaz; la compañía Growers Union LTD, con sede en Estados Unidos, y los recursos recibidos en 1998 por Juan Pablo Fox Quesada, los que obtuvo mediante un crédito del First National Bank en Edinburg, Texas.

Las otras siete están vinculadas con aportaciones empresariales o personales, como son los casos de Jugos Mexicanos (Jumex), Cementos Mexicanos (Cemex), Nacional de Drogas y los 18 millones que aportó Carlos Slim, propietario de Teléfonos de México y del Grupo Carso.

En el caso de la UELD, como lo ha establecido su titular, María de la Luz Núñez Camacho, esa dependencia no tiene la obligación de investigar el destino final de los recursos recibidos por Lino Korrodi y Carlota Robinson, ni determinar si llegaron a las arcas del Partido Acción Nacional; eso le corresponde a la Fepade.