Aumentan el salario mínimo en Argentina

Atisbos de que Kirchner derogará el decreto que protege a represores

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 10 de julio. La declaración de Néstor Kirchner de que Argentina regresa a "la justicia y la memoria", durante la víspera en la provincia de Tucumán, fue interpretada este jueves aquí como la confirmación de que decidirá la anulación del decreto que rechaza las solicitudes de extradición de militares involucrados en violaciones contra los derechos humanos durante la última dictadura.

El presidente, quien comenzará mañana en Londres su primera gira por Europa, esperaría el momento adecuado para anunciar la decisión, para que no parezca que lo hace como una respuesta al pedido de extradición de 46 militares que envió esta semana el juez español Baltasar Garzón.

Pero el hecho es que la extradición del ex capitán de marina argentino Ricardo Miguel Cavallo de México a España aceleró todos los procesos y produjo además un apresurado movimiento aquí entre los militares responsables de crímenes de lesa humanidad, que podrían resignar su férrea oposición a la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1985-1987) que permitieron la impunidad de los represores.

Recientemente el general retirado y ex jefe del ejército Martín Balza -odiado por los jerarcas de la pasada dictadura ya que fue el primero en reconocer la actuación del arma durante el régimen militar- dejó deslizar la idea de que ante la inevitabilidad de las ex-tradiciones sería preferible para muchos oficiales ser juzgados en territorio nacional.

Kirchner también jugó en ese campo, se-gún analistas, ya que la desprestigiada Corte Suprema, adicta a Carlos Menem en su mayoría, seguía utilizando el tema de la anulación de las leyes exculpatorias como arma política, que manejaba a su antojo.

El mandatario, que comenzó el proceso de limpieza en ese tribunal, sugirió que si no se puede hacer justicia aquí, hay otros caminos, cuando en varios países están en marcha juicios contra represores que durante la última dictadura militar asesinaron y desaparecieron a ciudadanos de diversas nacionalidades.

"No tenemos duda de que la justicia debe estar en nuestro país y eso hubiera sucedido si no se hubieran aprobado esas leyes. Nosotros hemos insistido en que deben ser juzgados aquí", estimó Estela Carlotto, del ente humanitario Abuelas de Plaza de Mayo, y lo mismo expresan los dos organismos que agrupan a las madres de los desaparecidos.

Los gobiernos del peronista Menem y de su sucesor radical Fernando de la Rúa pusieron obstáculos a las extradiciones. Al finalizar 1999, Garzón pidió extraditar a militares argentinos, pero un juez local buscó el subterfugio de que la solicitud se girara a la cancillería, donde quedó encajonada.

Luego De la Rúa firmó el decreto que no permite extradiciones por considerar que los hechos deben ser juzgados donde ocurrieron.

La eventual derogación de ese decreto "está a consideración de Kirchner", reconoció el viceministro de Justicia, Abel Fleitas.

Precisamente cientos de personas realizaron un raquetazo (portaban raquetas de te-nis) en los tribunales, protesta irónica contra el juez Eduardo Moliné O'Connor, "cerebro" de la dependencia de la corte a los dictados de Menem y quien era adepto a asistir a los torneos de tenis en todo el mundo.

Por otro lado, el gobierno de Kirchner -que este jueves anunció un alza del salario mínimo por primera vez en 10 años- y el de Felipe Solá, en la provincia de Buenos Aires, deben hacer frente a una ola de inseguridad sobredimensionada por algunos medios ligados al menemismo, a la ultraderecha y a las mafias policiales, que incluso alientan "puebladas" para exigir "mano dura".