El proceso para elegir consejeros de transparencia, plagado de anomalías, afirman

Ciudadanos, al amparo contra la ALDF

Pide la diputada panista Patricia Garduño al gobierno capitalino no caer en frivolidades

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Patricia Garduño Morales, puntualizó que la instalación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal no puede verse de manera frívola, como "un asunto de pesos y centavos", sobre todo cuando ya se aprobó un presupuesto para que empiece a operar.

Aseguró que lo único que hace falta es que el mandatario local, Andrés Manuel López Obrador, se comprometa con la transparencia, con la democracia, porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal favorece a todos los capitalinos.

"Reducir esto a dinero es frivolizar la esencia de la ley. Además, el costo es menor, porque sólo se tiene que cubrir el sueldo de los representantes ciudadanos; los demás integrantes del consejo son diputados, magistrados y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces no se les tiene que pagar."

Precisó que en ningún momento se ha hablado de hacer una estructura amplia, onerosa, sino que se cuente con personal suficiente para comenzar a operar. "Hay una partida reservada para esto, de alrededor de 12 millones de pesos. A los únicos que se les pagará es a los representantes ciudadanos, y con un poco de buena voluntad el GDF o nosotros les podríamos ofrecer un espacio donde trabajar."

La legisladora panista lamentó que ahora el Gobierno del Distrito Federal alegue una supuesta irregularidad en la integración de la terna que le envió la ALDF, "algo que no comparto", y él incumpla al no presentar su propuesta de consejeros. "Todos los entes autónomos han hecho circular quiénes serán sus representantes en el consejo, menos el Ejecutivo local."

Promoverán amparos

Por su parte, Aída Guadalupe Lazcano, Alberto Ruiz, Juan Carlos Sansores y Alfredo Rojas, quienes participaron en el proceso de selección de representantes ciudadanos ante el citado consejo, anunciaron que se ampararán por la decisión de la Comisión de Gobierno de la ALDF, ya que el proceso estuvo plagado de anomalías, como no revisar la documentación que los aspirantes presentaron para corroborar que cumplían con los requisitos del artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En un comunicado conjunto advirtieron: "defenderemos nuestros derechos, que han sido violentados, hasta lograr la restauración de la legalidad". Mientras se resuelve "este asunto pediremos la suspensión provisional del acto reclamado", acotaron.

Aseguraron además que Leoncio Lara no puede ser consejero por ser el asesor jurídico del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Señalaron que la no integración del Consejo de Información Pública en la fecha señalada por la ley "ha conducido a una crisis de legalidad, cuya consecuencia inmediata será que los capitalinos no podrán ejercer su derecho constitucional a la información".

Cuestionaron la partidización del proceso de designación, "en el que dos grupos han pretendido medir fuerzas con el gobierno de la ciudad, sin preocuparse por el daño que con ello puedan causar a la ciudadanía".

Los aspirantes a integrar el consejo indicaron que la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea no sólo emitió una convocatoria con un dudoso fundamento legal, sino que violó el procedimiento que había establecido para la selección, y luego transfirió la responsabilidad a la Comisión de Gobierno.