ƑLA FIESTA EN PAZ?

Leonardo Páez

Revocar o no revocar

EN EL PAIS del todo se vale, el paladín de la autorregulación y líder natural de los intocables antes, durante y después del "cambio", Rafael Herrerías, veterinario sin título, funcionario en los alegres tiempos del regente capitalino Ramón Aguirre, fallido promotor de la Plaza México desde hace una década, presidente del equipo de futbol Tiburones Rojos de Veracruz y singular operador del gobernador Miguel Alemán y de su hijo, fue demandado anteayer por el apoderado español Enrique Martín Arranz.

ƑLA CAUSA DE tan insólita acción a la que ningún mexicano se ha atrevido? Que el frustrado promotor taurino, en su manía autorregulatoria y proclividad al fraude, decidió falsificar la firma de Martín Arranz en el supuesto contrato del matador madrileño José Tomás presentado ante la Delegación Benito Juárez para que ésta autorizara la venta del derecho de apartado de la Temporada Grande 2002-2003.

EL AGRAVANTE DE tan gracioso delito es que esta es la segunda ocasión consecutiva en que el autorregulado de la Plaza México anunció sin base legal alguna la contratación del triunfador de España, hoy temporalmente retirado, José Tomás, sin la menor intención de traerlo pero con el claro propósito de interesar a la afición en un elenco de toreros más atractivo que el de temporadas anteriores -Ponce, Hermoso, El Juli y el resto-, pero por el que anualmente la Delegación Benito Juárez autoriza al calamitoso operador un aumento del 20 por ciento en los precios del derecho de apartado.

NO SE TRATA esta vez de imponer sanciones o multitas simbólicas al intocable cuanto ineficaz promotor de la fiesta brava en la ciudad de México, sino de ver si las autoridades por fin son capaces de aplicar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, hacer memoria de algunos de los más sonoros fraudes acumulados por Herrerías al frente de la Plaza México así como de sus incontables violaciones al Reglamento Taurino, clausurar el inmueble y revocar la licencia de funcionamiento del mismo, habida cuenta de que la autorización para celebrar espectáculos taurinos ha sido convertida en impune furor autorregulatorio en detrimento de una tradición cultural propiedad del pueblo de México, no de señoritos antojadizos.

EL ARTICULO 84 de la citada Ley señala que "...en caso de que el infractor incurriera por tercera ocasión en la misma falta, procederá además la clausura de las instalaciones y revocación de oficio del permiso...".

POR LO MENOS en tres ocasiones el Fidel Velázquez de la fiesta brava de México ha incurrido en las siguientes faltas: "No contar con el Programa Especial de Protección Civil para espectáculos masivos" (Art. 85, frac. V); "Cuando se obstaculice o impida de alguna forma el cumplimiento de las funciones de verificación del personal autorizado por la Delegación", (frac. VI) concretamente jueces y veterinarios; "Por presentar espectáculos públicos diferentes a los autorizados en el permiso correspondiente" (frac. VIII), novillos despuntados en vez de toros con sus astas íntegras, y "cuando se haya expedido el permiso con base en documentos falsos o emitidos con dolo o mala fe" (Art. 90 Frac. X).

EN ESTE ENESIMO sainete herreriano lo que está en juego no es la reiterada impunidad de la empresa ni la menguada responsabilidad de una sospechosa Delegación panista, sino los verdaderos alcances de la legalidad a que habrán de atenerse los habitantes del Distrito Federal.