TOROS

Falsificó contratos

Herrerías engañó a la delegación Benito Juárez y al público

LUMBRERA CHICO

Martín Arranz, apoderado de los diestros ibéricos José Tomás y Joselito, ha añadido un clavo más a la cruz que de unos meses a la fecha cuelga como un santocristo el otrora influyente y todopoderoso "empresario" de la Monumental Plaza Muerta (antes México), Rafael Herrerías Olea. Como es ya del dominio público, a mediados de la semana anterior el representante de los citados matadores de toros dio a conocer que sus pupilos -y con ellos toda la afición capitalina- fueron víctimas de un fraude que exige un castigo en el ámbito de la ley.

De acuerdo con la denuncia de hechos interpuesta por Arranz ante el Ministerio Público del Distrito Federal, durante el otoño de 2002 Herrerías presentó a la delegación Benito Juárez los contratos de Joselito y José Tomás debidamente firmados por el propio Arranz. Sin embargo, en palabras del quejoso, que deberán ser investigadas por las autoridades, esas rúbricas eran falsas.

Si el delito de falsificación de documentos comerciales puede ser motivo de sanciones previstas por el código penal vigente en la ciudad de México, resulta aún más grave el hecho de que Herrerías se valió de esa triquiñuela para engañar a la delegación, con el objetivo de que ésta le expidiera el permiso necesario para convocar a la renovación del derecho de apartado correspondiente a la temporada "grande" 2002-2003.

En opinión de la Comisión Taurina del Distrito Federal -que hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto-, esto podría constituir un delito tipificado como "grave", de los que obligan al arresto del infractor y no le permiten salir bajo fianza, porque el documento falsificado le sirvió a Herrerías para echarse al bolsillo aproximadamente 28 millones de pesos, lastimando así el patrimonio de los incautos que se tragaron el cuento.

Pero si el Ministerio Público llevara sus investigaciones más lejos, descubriría que el "empresario" cometió un segundo fraude con el elenco del derecho de apartado al anunciar como seguro participante de la temporada 2002-2003 al matador venezolano Leonardo Benítez, quien tampoco hizo el paseíllo en el coso de Mixcoac.

Una agravante más podría añadirse al expediente, si se tomara en cuenta que en vísperas de la temporada grande 2001-2002 Herrerías también anunció a José Tomás como base del derecho de apartado, pero nunca lo incluyó en ninguna corrida del serial.

Como bien señaló en su columna del pasado jueves el maestro Leonardo Páez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dispone de un sinnúmero de elementos para ordenar la revocación definitiva de la licencia de espectáculos que detenta la empresa Plaza México SA. Con ello, el Ministerio Público se ahorraría el esfuerzo de demostrar lo que todos los aficionados de México saben hace muchos años: que el cacique de Insurgentes actúa sistemáticamente al margen de la ley.