Después de la concesión al juez español Baltasar Garzón del pedido de extradición desde México del capitán de navío, genocida y torturador Ricardo Cavallo, el presidente argentino Néstor Kirchner acaba de adoptar una decisión histórica que sienta nuevamente las bases de una justicia penal universal para la violación de los derechos humanos, las torturas y los crímenes de lesa humanidad. Con su resolución, Kirchner ordena la detención de 46 altos jefes y oficiales de la última dictadura militar (1976-1983), requeridos por diversos tribunales internacionales por su terribles crímenes, cometidos inclusive contra ciudadanos extranjeros (suecos, italianos, franceses y españoles, entre otros). Los tribunales nacionales deberán estudiar cada caso antes de conceder la extradición (lo cual podría exigir meses de trámites), pero los militares permanecerán durante ese lapso detenidos (algunos de ellos ya lo están, respondiendo a procesos anteriores).

Entre los presos y los que serán arrestados figuran todos los miembros de las sucesivas juntas formadas por los jefes del ejército, la marina y la aeronáutica (por ejemplo, Jorge R. Videla, el hombre del Opus Dei; el almirante Emilio E, Massera, monstruo responsable de los asesinatos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que se enriquecía con los haberes de sus víctimas; Omar Graffigna; Armando Lambruschini; Jorge I. Araya; Basilio Lami Dozo, además del procónsul de la ciudad de Rosario, Carlos Guillermo Suárez Mason, o el otro carnicero, éste de la de Tucumán, Antonio Domingo Bussi (recientemente elegido alcalde de la misma por sólo 17 votos de diferencia), o el dictador de Córdoba e incinerador de libros Luciano Benjamín Menéndez, experto en asesinar a civiles desarmados pero que se rindió sin combatir en la guerra de las Malvinas, al igual que otro marino, infiltrado en los grupos de derechos humanos y asesino de monjas francesas, Alfredo Astiz, quien tampoco disparó un solo tiro contra las tropas inglesas. Entre los 46 que ahora están detrás de los barrotes figuran además los torturadores de la Escuela de Mecánica de la Armada, superiores, compañeros y cómplices de Cavallo, y también algunos de los "peces chicos", como el suboficial de la Prefectura Marítima, Juan Antonio Azic, quien intentó suicidarse para no ser detenido y enviado a España. La medida hará pensar dos veces a los militares en actividad sobre lo que puede costarles violar la Constitución dando un golpe de Estado y, sobre todo, ponerse por encima de las leyes en su actividad política o represiva. Esta lección es particularmente oportuna cuando el presidente Kirchner encuentra una sorda resistencia castrense en su condena a la barbarie de la dictadura, como se expresó en el elocuente silencio con que los militares acogieron su discurso al respecto el pasado 9 de julio, aniversario de la independencia argentina. Además, al suprimir la flagrante desigualdad ante la ley, consistente en dar a los militares el derecho a prescindir del Código Penal, Kirchner refuerza la independencia de la justicia (y abre el camino para una depuración de la misma).

El indudable apoyo popular que con esta medida logrará el presidente Néstor Kirchner le permitirá, sin duda, depurar mejor el aparato judicial y el represivo y, sobre todo, derogar las anticonstitucionales leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, firmadas y respetadas por los gobiernos posteriores a la dictadura, leyes que amnistiaron a los torturadores y asesinos. Ahora -¡por fin!- éstos estarán presos y la amenaza que para el poder civil representaba su peso relativo en el sector castrense disminuirá. La ultraderecha argentina, que apoyó a la dictadura, lucró con ella y mantiene fuertes lazos con el sector castrense, retirado o en actividad, ve con disgusto estos esfuerzos por renovar la justicia y establecer el imperio de la ley, pero aunque es fuerte, es minoritaria y, sobre todo, nada puede hacer sin el apoyo de Washington.

Ahora bien, Kirchner acaba de lograr en Estados Unidos luz verde para su decisión histórica porque, por ahora, para el gobierno de Bush los genocidas y dictadores en América Latina no son funcionales. Este es, pues, un gran día para la democracia en Argentina y en el mundo, y sus repercusiones -incluso en lo referente a los crímenes de guerra cometidos por estadunidenses- no se harán esperar.