Fragilidad ecológica y riesgo de "detonar" conflictos sociales, las causas

Exhorta especialista a reubicar cinco de los 33 asentamientos irregulares en Montes Azules

ANGELICA ENCISO L. ENVIADA

Chetumal, QR, 27 de julio. De las 33 comunidades asentadas irregularmente en la reserva de la biosfera de Montes Azules, cinco deben ser reubicadas de manera urgente, debido a la fragilidad ecológica de la zona y porque son "detonadoras" de conflictos sociales que si el gobierno no resuelve los habitantes lo solucionarán a su manera, señaló Ruth Jiménez, especialista de la organización Conservación Internacional (CI).

La integrante de la organización no gubernamental internacional que trabaja en la lacandonia chiapaneca desde 1988, explicó que la inestabilidad en la región ha comenzado a dificultar el financiamiento.

Al participar en el taller Informando sobre bosques mexicanos organizado por el Centro Internacional de Periodistas, la especialista explicó que la zona enfrenta problemas por la infraestructura mal planeada, los proyectos hidroeléctricos, la mala estructuración del turismo y el aprovechamiento anárquico de los recursos naturales. Por ejemplo, dijo, la explotación desordenada de la madera llevó a que en amplias áreas selváticas no exista una sola caoba.

Aseveró que las comunidades irregulares en Montes Azules se empezaron a ubicar en áreas aisladas donde es difícil llevar servicios y donde además la política gubernamental actual ya estableció que no se invertirán recursos.

CI es la única agrupación que trabaja en la región; fue atraída por su valor ecológico, que se refleja en la existencia de una gran cantidad de microhábitats, la enorme riqueza de germoplasma y material genético proveniente de la diversidad biológica. Ejemplo de esto es la Lacadonia schismatica, especie que sólo se halla en dos hectáreas de la selva y que podría utilizarse para curar enfermedades como el cáncer, agregó.

Sin embargo, puntualizó, toda esa riqueza está rodeada de una gran pobreza de las familias y de su marginación social, porque los grandes conflictos sociales son históricos. Empezaron, indicó, cuando se dotó a los lancadones de tierras ejidales que desde 1978 son la reserva de Montes Azules.

Detalló que las invasiones de tierra en esta área natural protegida ha crecido porque muchas familias han sido expulsadas de sus comunidades por problemas religiosos, pero se asientan en sitios resguardados por comunidades que se localizan a la orilla del río Lacantún, del otro lado de la reserva, y que se preguntan la razón de que lleguen otros grupos indígenas a ocupar tierras que ellos han protegido.

Esta situación, precisó, es uno de los aspectos que pueden hacer detonar un mayor conflicto en el área, por lo que las localidades Arroyo San Pablo, San Rafael, San Isidro y Buen Samaritano que están en Montes Azules, más Arroyo Cristalino, en Lacantún, deben ser atendidas de inmediato por el gobierno.

Son asentamientos a los que, por su geografía, es imposible llevar servicios, además de que causarían fragmentación de la diversidad biológica y se romperían los ciclos ecológicos. A ello se suman las condiciones inhumadas en que viven los indígenas.

Las otras 29 comunidades asentadas irregularmente tienen dificultades, pero no son de urgente resolución, advirtió. La especialista dijo que esta situación "es un problema de seguridad nacional y ya quedó rebasada la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas". Para la solución del conflicto se estableció una mesa de negociación, en la que participan las secretarías de Medio Ambiente y Reforma Agraria, el gobierno estatal y representantes indígenas.

Aseguró que la comunidad lacandona busca una solución legal, la cual podría ser "una reubicación y un reordenamiento de los asentamientos irregulares, pero esto se debe hacer con todo cuidado".

Sumado a los problemas sociales está en puertas otro conflicto que también afectaría a las comunidades de la zona. Se trata del proyecto de la presa Boca del Cerro, que data de la década de los 70, que se revivió y que se establecería en la selva lacandona y causaría severas inundaciones, no sólo a la selva con el daño ambiental que esto ocasionaría, sino a las localidades establecidas allí.

Con años de estudio en el lugar, Jiménez aseguró que no hay riquezas en el subsuelo de la selva lacandona, "no hay uranio y el petróleo que existe es de mala calidad. Hay ocho pozos petroleros en Marqués de Comillas y dos en el norte. Pemex ha señalado que piensa explotarlos hasta dentro de 10 años, pero no será necesario abrir nuevos pozos porque ya está la infraestructura".

Toda la situación difícil que existe en la selva hace que la inversión en la zona se vuelva vulnerable, ya que los donadores se han comenzado a alejar, concluyó.