Javier Jiménez Espriú*

El paseo de "las reformas"

Con motivo de las pasadas elecciones para la integración de la Cámara de Diputados para los próximos tres años y los reacomodos políticos de los partidos que se disputan el poder, el tema de las "reformas estructurales" que ha venido planteando el presidente Fox toma un nuevo sesgo.

Frustrada por los electores la posibilidad de que el partido del Presidente obtuviera la mayoría absoluta y con ello la factibilidad de "quitarle el freno al cambio", como se manejaba en la propaganda electoral, hoy el discurso se encamina al llamado a la conciencia nacional de los diputados que pueden hacer la mayoría -fundamentalmente los priístas-, para buscar acuerdos que permitan destrabar la parálisis económica nacional, y lograr así que cuando "reasuman el poder en 2006", no encuentren un país devastado.

La lógica de estos argumentos, sustentada seguramente en la expresión maquiavélica de que "el fin justifica los medios", se queda, sin embargo, como ya estamos acostumbrados a que suceda: en la superficialidad. La frivolidad de nuestra política nos detiene en la especulación de que si quien coordine a los diputados de tal o cual partido resulta amigo del Presidente o de la señora Fox, los acuerdos pueden considerarse un hecho, olvidando prácticamente lo que sobre "las reformas" se ha dicho. Lo anecdótico sobre lo trascendente.

Que es una necesidad llevar a cabo reformas en lo fiscal, en lo laboral, en el sector energético o en la conducción del Estado, es asunto sobre el que cuando menos una importante mayoría de la población consciente y enterada estaría de acuerdo. Otro muy distinto es el referente a que esas reformas se realicen en los términos y en la dirección que ha propuesto el Ejecutivo federal, cuando menos -a falta de iniciativas formales- de manera pública.

Yo me refiero en esta ocasión a la del sector eléctrico -mi área de conocimiento-, que sin duda está en la mente de todos los ciudadanos y en la agenda cotidiana de todos los medios de difusión y que, además, es la más vulnerable de todas porque también está en los intereses de las fuerzas del poder económico nacional y extranjero.

La privatización del sector energético, base no declarada de la reforma propuesta -no hablo de la Comisión Federal de Electricidad ni de Petróleos Mexicanos, pues ya nos dijeron que "ellas no se privatizan", sino del sector de la energía-, no debe formar parte, de ninguna manera, de la estrategia de modernización. La demora en las decisiones correspondientes, aunque ha retrasado múltiples acciones que podrían haber mejorado la situación del sector, ha permitido al menos hacer evidentes los problemas de toda índole que han surgido del empeño privatizador en general -me refiero al "empeño" en varios sentidos, pues "empeñados" estamos gracias al costo de nuestras privatizaciones-, y muy particularmente en el de las empresas eléctricas en todo el mundo.

Hoy en nuestro país, cuando aún se cuestiona con jurídicas razones la participación del sector privado en la generación eléctrica, calificada con algunos adjetivos para darle la vuelta a la ley, los problemas emergen. El gobierno declara, por ejemplo, que deberá absorber el aumento de costos en la energía eléctrica debido al incremento del precio del gas -insumo que no tenemos disponible- en beneficio de los usuarios que no podrían pagarlo, pero también, desde luego, de los empresarios que ya participan, en una especie de matrimonio a prueba en tanto se firman los papeles legales, con sus plantas de ciclo combinado. ¿No sería más lógico invertir para extraer nuestro gas que gastar para subsidiar el importado?

Mañana -literalmente según convocatoria pública-, "ya entrados en gastos" y en vista de que nosotros "no tenemos con qué", habrá que entregar la extracción y la explotación de los hidrocarburos a empresas extranjeras para no quedarnos a oscuras, aun cuando a oscuras estamos en lo referente a la legalidad de las concesiones que para tal explotación se pretende otorgar.

La reforma del sector energético en su conjunto, pues no se debe hablar sólo del eléctrico -analícese si no el binomio electricidad-gas, o la política de apostar al gas que hoy no tenemos, cuando nos sobra combustóleo-, debe ir, sin duda, adelante; se trata de un asunto estratégico para el desarrollo de la nación, como lo es el sector energético en sí mismo; pero "reforma" no debe ser sinónimo de "privatización".

La reforma del sector está en el ámbito de la planeación integral, de la modernización administrativa, del desarrollo tecnológico, de la formación de cuadros, de la autonomía de gestión de sus empresas, y aunque no les guste a los emisarios del neoliberalismo y a los globalófilos: en el del nacionalismo y la soberanía, que no son conceptos borrosos ni decimonónicos, sino integral de independencia, de albedrío, de autonomía, de compromiso.

El análisis de esta reforma -como seguramente de las otras también-, que ya tiene camino andado y que no puede demorarse más, no debe quedar sujeto a compromisos políticos de campaña, internos o externos, a concertacesiones ni a "acuerdos en lo oscurito"; a dogmas partidarios, a "estudios de consultores extranjeros" ni a disposiciones de organismos internacionales. Debe sustentarse en la gran experiencia acumulada de éxitos y fracasos que están a la vista, nuestros y de allende nuestras fronteras, y en la inteligencia -que la hay-, en la capacidad -que existe- y en la honestidad -de la mayoría- de quienes hoy en diferentes sitios de la industria privada, del sector público, los gremios y la academia han dedicado su vida al desarrollo y al estudio de esta área fundamental para nuestro porvenir.

Acabemos ya con el "paseo de las reformas" y trabajemos por el futuro de México, sustituyendo el enfrentamiento de trivialidades dogmáticas para atender compromisos no escritos, por el diálogo serio y la discusión constructiva en beneficio de nuestro país.