La Policía Judicial tiene como rehén al Ministerio Público, acusa Alvarez Icaza

Persiste la práctica de la tortura en el DF, asegura el ombudsman capitalino

Critica que autoridades locales no respeten y desconozcan convenciones internacionales

SUSANA GONZALEZ G.

El Ministerio Público es "rehén" de la Policía Judicial porque aún cuando la ley establece que ésta debe ser auxiliar del primero, en los hechos los judiciales determinan la justicia al decidir qué investigar e informar, acusó Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Además dijo que el Ministerio Público ejerce una facultad jurisdiccional al ser responsable de determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando eso debería corresponderle a un juez.

Al entregar sus propuestas a la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos para la elaboración de un dictamen sobre la situación de las garantías individuales en nuestro país, el funcionario también insistió en que persiste la práctica de la tortura en el Distrito Federal.

"Yo puedo creer que el procurador Bernardo Bátiz no es de la gente que agarra el teléfono y dice 'Cabo Chocorrol: šdesaparézcame a fulanito!', pero no creo bajo ninguna circunstancia que el gobierno me diga que la tortura desapareció por decreto", comentó durante su ponencia en la mesa de trabajo sobre derechos civiles, efectuado en Cuarto Seminario Regional del organismo mundial.

Mencionó que las autoridades locales se quejan de las recomendaciones por tortura que la CDHDF les remite y argumentan que les "facturan" temas de administraciones pasadas. Si bien al final las aceptan "nos dicen: 'pero conste que ya desapareció la tortura Ƒeh?' y las sanciones que ejecuta no son por tortura sino por lesiones o abuso de autoridad".

Al hacerlo así "mandamos un poderosísimo mensaje de impunidad, pongamos a las cosas su nombre... Que se hagan cargo de la estructura de la administración pública y sus vicios la Policía Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública y Reclusorios. Si no sancionamos, Ƒcómo vamos a erradicar la tortura? No creo que por buenas conductas, dando cheques y recomendaciones por su buena actuación", dijo en alusión a los reconocimientos mensuales a los policías preventivos y judiciales que entrega el GDF.

Alvarez Icaza también criticó que las autoridades locales no respetan y desconozcan los convenios internacionales en derechos humanos firmados por la federación y que al haber sido ratificados por el Senado, se convierten en norma interna, pero las resistencias son tales que, dijo, piensan que sólo atañe a Relaciones Exteriores y nos piden copia "porque ni las conocen".

"ƑQué pasaría si un juez decide no aplicar el Código Penal? Pues inmediatamente se va al Consejo de la Judicatura, pero hoy por hoy no pasa así con los instrumentos internacionales y debería ser el mismo caso", sentenció.

En torno a las detenciones arbitrarias, Alvarez Icaza advirtió que del año 2001 al 2002, el número de quejas al respecto se incrementó en más de cien por ciento en la capital "y en lo que va de este año, la tendencia parecería que también se va a incrementar". Otro tema en el que puso énfasis fue sobre la defensoría de oficio pues mencionó que hay abogados que tienen 300 casos al mes, por lo que la mayoría de los detenidos no conoce a su defensor.

"Díganme ustedes, Ƒcómo vamos a poder prodigar una defensa justa a la gente que no tiene recursos. En este país todo cuesta, pero lo que vemos es que los pobres no tienen acceso a abogados", sentenció el ombudsman ante representantes de organizaciones de derechos humanos reunidos en el auditorio de la CDHDF, donde el jueves de la semana pasada se llevó a cabo el seminario del Alto Comisionado.