PEMEXGATE

La ira del PRI no evitó la decisión de Castro Lozano

El 17 decidirá la Cámara si Aldana es desaforado

La medida fue apoyada por legisladores panistas y perredistas

MIREYA CUELLAR Y ROBERTO GARDUÑO

En una convocatoria que no se daba hace 20 años en el Congreso, y que le valió ayer al panista Juan de Dios Castro ser acusado de recurrir a una "chicana de leguleyo", el presidente de la Cámara de Diputados "anunció" a los legisladores que el miércoles 17 de septiembre "deben erigirse en jurado de procedencia para que en sesión secreta" decidan acerca del desafuero del senador priísta Ricardo Aldana Prieto, tesorero del sindicato de Pemex, acusado de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y peculado electoral, a raíz del Pemexgate.

El sorpresivo anuncio -sólo lo sabían las cúpulas de PRI, PAN y PRD- hizo que más de un diputado brincara en su curul y el priísta Miguel Angel Yunes subiera a tribuna. Castro intentó dejar la presidencia en manos del primer vicepresidente, pero Yunes se opuso: ''šNo, señor presidente, se queda usted!", y no sólo le advirtió al jurista que su decisión tendría "efectos" en la "la armonía y búsqueda de acuerdos", sino que, en lo que pareció una alusión a recientes acuerdos PRI-PAN, le dijo que "le confiamos nuestro voto" (para que fuera presidente) porque "se había comprometido a actuar con sentido institucional".

El priísta explicó que el dictamen de la Sección Instructora que Castro estaba asumiendo era en realidad un proyecto, "no un dictamen". Dijo que según el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los dictámenes que se hayan quedado de la pasada legislatura (como, según el argumento priísta sería el caso) deben regresarse a comisiones en calidad de proyectos de dictamen para que los nuevos diputados los vuelvan a revisar y decidan si los presentan al pleno para su aprobación.

Ante ello, esta legislatura tendría que formar su nueva Sección Instructora y someter el dictamen a otra revisión en calidad de proyecto. "Estamos en el supuesto legal del artículo 94 que usted pretende violar, al no devolver el expediente a la comisión cuando ésta se constituya, dándole trámite hoy", alegó Yunes, quien en todo momento se metió a título personal con el panista, pidiéndole que, "como jurista y parlamentario y como hombre de honor", no violentara la Constitución y las leyes del país. De paso replicó -para los mal pensados- ''no venimos a reclamar impunidad, venimos a defender el estado de derecho''.

A Germán Martínez, del PAN, correspondió apoyar la decisión del presidente de la Cámara, porque "le asiste la razón jurídica y moral", señaló, cosechando una rechifla del PRI. También dijo que su partido no acusa ni defiende a Aldana. "No nos mueve el rencor ni la venganza, sino la razón de la ley".

Pablo Gómez se sumó al debate jurídico, a favor de la decisión de Castro. Explicó que el PRI estaba haciendo una interpretación errónea del último párrafo del artículo 94, porque denominar "proyectos" a los dictámenes no implica que deban ser revisados nuevamente por las comisiones. Sólo el pleno puede regresar un proyecto a comisiones, el presidente de la Cámara, no.

Yunes recordó que la anterior legislatura no estaba interpretando el artículo 94 del Reglamento, como lo estaba haciendo el PRI, porque entonces Armando Salinas Torre, el anterior presidente, y los tres vicepresidentes que firmaron un acuerdo (publicado en la gaceta) detallando la relación de los dictámenes que estaban heredando, no incluyó el de la Sección Instructora para que se le diera el mismo trámite. Y es que Armando Salinas entregó este último dictamen aparte, bajo la premisa de que es distinto porque no emana de una comisión legislativa cualquiera, sino de un órgano legislativo que actúa como Ministerio Público.

El PRI insistió en que es un dictamen más, independientemente que Salinas Torre lo entregara a la Secretaría General de la Cámara unas horas antes del primero de septiembre, para que se le hiciera llegar directamente al próximo presidente en San Lázaro. Un ex panista, Jesús Gonzalez Schmal, tomó la palabra para defender la actitud de Salinas Torre, al señalar que el dictamen de la Sección Instructora es "una resolución jurisdiccional", no un dictamen más.

La confusión parecía de tal magnitud que, sin dejar de argumentar que la Instructora es parte de la Comisión Jurisdiccional, está contemplada en la ley orgánica del Congreso como una comisión ordinaria y en consecuencia sus resoluciones, así como las de sus secciones, deben someterse al mismo procedimiento de todos los dictámenes, el PRI propuso una tregua: "Que de ninguna manera sea convocado el Jurado de Procedencia hasta que se acuerde una interpretación adecuada de esta norma'', dijo en tribuna Héctor Gutiérrez de la Garza.

Vista como una trampa, los panistas no aceptaron; Juan de Dios Castro no se desistió. Los panistas no volvieron a la tribuna -el PVEM subió para apoyar incondicionalmente al PRI, su nuevo aliado-, y el presidente de la Cámara, ante la insistencia de los priístas defendió su postura. Hizo referencia al artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala que una vez que el dictamen para la declaración de procedencia ( desafuero) está listo (como ya lo dejó la anterior legislatura), "el presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, en su caso".

La decisión de los panistas de sentar en el banquillo del desafuero al senador Aldana tomó por sorpresa a la bancada priísta, que la noche del miércoles se fue a dormir confiando en que la necesidad de acuerdos del presidente Fox los tenía a salvo. Sin embargo, unos minutos después de las 11 de la mañana de ayer, Elba Esther y su burbuja fueron avisados de que Juan de Dios Castro haría la convocatoria. La lideresa priísta abandonó taconeando, seguida de los diputados Miguel Angel Yunes y Tomas Ruiz, el salón de sesiones. Emilio Chuayffet y Enrique Burgos fueron convocados a la oficina de la coordinadora y un muy nervioso Yunes empezó a redactar la postura del tricolor.

En una conferencia de prensa posterior, Gordillo pidió a los medios informar a la sociedad ''que no es la fracción priísta la que obstaculiza la posibilidad de acuerdos, sino que es el propio partido en el gobierno el que con estas actitudes no nos permite llegar a lo que tenemos voluntad''. También dijo que su partido buscará construir con otras fuerzas la nueva mayoría que le dé gobernabilidad al país, porque ''desde el Legislativo también se gobierna''.

El anuncio de Juan de Dios Castro aparecerá hoy en la Gaceta Parlamentaria, y en cumplimiento de la norma (todo el procedimiento está regulado en la Ley de Responsabilidades) y en la sesión convocada para el 17 de septiembre, la secretaría de la Cámara tendrá que leer el dictamen de la Sección Instructora; hará uso de la palabra el acusado o su defensa (es opcional); hablará la parte acusadora (en este caso la PGR, a través del MP), y el acusado podrá replicar. Una vez que esta parte del procedimiento se agote, se retirarán el acusado y los acusadores y el pleno de la Cámara vota si procede o no el desafuero".

Hay que recordar que en realidad son dos dictámenes los que elaboró la Sección Instructora: uno en el que se acusa a Aldana por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, y el otro por peculado electoral. Al votar el desafuero, si ese fuera el caso, la Cámara no juzga si Aldana es culpable o no de los delitos que se le imputan, simplemente le retira su calidad de Senador de la República y por lo tanto la inmunidad. Así, el MP está en posibilidades de acusarlo ante un juez y éste podrá entonces librar una orden de aprehensión o declarar que no tiene elementos de prueba para consignarlo.

El último legislador que pasó por esta situación fue Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, a quien sus compañeros del PRI, por indicaciones del entonces presidente Miguel de la Madrid, le instruyeron juicio de procedencia el 12 de julio de 1983. Díaz Serrano fue desaforado en un proceso que se inició el 29 de julio y concluyó al día siguiente. En la explanada de la Cámara de Diputados ya lo esperaban entonces dos policías.